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Sinesio López Jiménez
Hay diversas maneras de capturar al gobierno y al estado. La más frecuente es el financiamiento privado de las campañas electorales. Cuando los empresarios apuestan por KF, por ejemplo, y la financian, su financiamiento tiene diversos impactos tanto en la política como en la economía.
- Los empresarios compran a la candidata y a su partido y estos se venden. Más allá de todo legalismo, esto en sí mismo es un acto de corrupción. Se intercambia apoyo partidario con dinero. Se produce lo que el filósofo Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado.
- Distorsionan al proceso electoral haciéndolo injusto. El carácter competitivo de las campañas electorales se debilita o se pierde. Es difícil competir con alguien que monopoliza todos los recursos y puede desplegar todas formas de propaganda.
- Debilitan a la legitimidad de origen del gobierno elegido. Ella puede ser cuestionada seriamente por el carácter injusto de la competencia electoral. Los elegidos aparecen como el gobierno de los ricos.
- Afectan al carácter mismo del régimen democrático tanto por el carácter injusto de la competencia electoral para ocupar los puestos de mando del gobierno y del Estado como por el cuestionamiento de la legitimidad de las decisiones de las autoridades elegidas. El contrato entre el estado, la sociedad y los ciudadanos deja de ser tal para convertirse en una imposición del dinero que refuerza la imposición de la fuerza.
- Los empresarios capturan al Estado y a la alta burocracia. No capturan a todo el Estado sino a aquellos aparatos (organizaciones e instituciones) que son útiles porque deciden las políticas públicas que favorecen a sus intereses privados.
- Esto explica el hecho de que los aparatos económicos tengan los recursos necesarios para ser eficientes para los intereses empresariales mientras los aparatos sociales, que atienden a los ciudadanos, son un desastre.
- A los gobernantes y a los partidos en el gobierno, especialmente al Apra y a FP, les interesa capturar, a su vez, a los organismos de control del estado (la Contraloría, el poder judicial, la fiscalía, el TC) para blindar sus decisiones y sus actos de corrupción.
Para acabar con la captura de la política, del gobierno y del estado todos los candidatos, los partidos y los ciudadanos debemos impulsar la reforma política que elimine el financiamiento empresarial de las campañas electorales.