LA AUSTERIDAD COMO COARTADA

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Me resulta difícil imaginar a García enfundándose en el uniforme de gladiador y arriesgando su vida y la de sus hijos, como Maximus (Russell Crowe), en heroica lucha contra el emperador Comodus y en defensa de la República romana. Eso supone un nivel de heroísmo que nadie le reconoce. Pero García insiste en presentarse, en sus discursos, como un consumado republicano de acuerdo a los más exigentes cánones ciceronianos. ¿Puede un populista devenir con el tiempo y las circunstancias un republicano cívico? O para decirles en términos comunes y corrientes: ¿Puede un político que sueña con el gasto público expansivo y con el shock de inversiones ser un gobernante austero?. ¿Puede un político que gobernó como gobernó entre 1985 y el 2000 alardear de austero republicano?. O para decirlo más directamente: ¿Puede el señor García que hizo del fisco lo que quiso en su primer gobierno presentarse hoy impunemente como un virginal republicano?.

El republicanismo cívico es una vieja y venerable corriente del pensamiento político que levanta las banderas de la defensa del bien común, de la entrega desinteresada a él y de la ciudadanía activa (que no se limita a formular demandas sino que se asume también responsabilidades) y que se organiza como gobierno representativo de una comunidad política pequeña y homogénea. Esos fueron los discursos y la forma política de Esparta y de Roma republicanas, de las ciudades-repúblicas italianas que sobrevivieron como oasis republicanos en medio de la pugna entre el imperio feudal y el Papado, de la revolución inglesa que, bajo la inspiración de Harrington, instaló la república en 1648, de la revolución independentista norteamericana que, con Jefferson a la cabeza, proclamó la república en1776. La tarea posterior de los federalistas fue compatibilizar la tradición republicana con la extensa geografía, la complejidad social y la densa historia norteamericana. Además de los mencionados, los militantes más eximios del republicanismo cívico fueron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola, Rousseau, el joven Hegel. ¿Puede García acompañar a esta insigne galería de intelectuales y políticos republicanos? Pese a las importantes contribuciones que ha hecho la historiadora Carmen McEvoy en sus investigaciones sobre el pensamiento republicano peruano del siglo XIX, el Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo, inspirando la formación de organizaciones y partidos republicanos. Si así hubiera sido, habríamos tenido en estos lares una mayor tradición de accountability (rendición de cuentas) tanto horizontal (de instituciones) como vertical (de la esfera pública y la sociedad civil) y una menor cantidad de élites políticas corruptas. En el Perú del siglo XIX predominaron más bien el patrimonialismo, el comunitarismo conservador y el liberalismo, a los que se agregaron en el siglo XX el anarquismo, el socialcristianismo y el marxismo.

Por todas estas razones teóricas e históricas, me parece que la política de austeridad republicana de García es una coartada para varias cosas. En primer lugar, García busca no tocar y quiere más bien proteger los intereses de los ricos. Según el discurso de la austeridad, el problema no es que el Estado carezca de recursos para atender las urgentes necesidades de los pobres, sino que los altos funcionarios, los parlamentarios y los alcaldes se la llevan toda. Ergo, no es necesario desplegar una política impositiva que grave a los que más tienen, aunque tengan boyantes ganancias extraordinarias: Lo que hay que hacer –y es lo que se ha hecho- es recortar los sueldos de los que se la llevan toda. En una simple evaluación de costos y beneficios, las medidas de austeridad son una política ineficaz: lo ahorrado mediante la política de austeridad es una propina, comparado con lo que debieran haber pagado las empresas mineras mediante un impuesto a las ganancias extraordinarias. Se ha reemplazado el impuesto por una donación voluntaria que, además de ser poco significativa, se presta para todo, especialmente abre las puertas a la corrupción: la generosidad de los mineros no es política ni legalmente transparente, no está normada y, por consiguiente, no está sometida a la accountability vertical que es vinculante. En segundo lugar, García quiere, apelando a la austeridad, incrementar su poder interviniendo arbitrariamente instituciones que, por ley, son autónomas. Tal es el caso de los municipios que, bajo el pretexto de corregir los altos sueldos de algunos alcaldes, fueron intervenidos violando la autonomía municipal. Aunque satisfaga el ego y el poder de García, la medida es absurda: el salario de un chofer de Palacio de gobierno, que no tiene responsabilidad política alguna, es igual o más que el de algunos alcaldes distritales de Lima y el doble que el de algunos alcaldes de provincias.

En tercer lugar, García quiere limpiar su imagen y borrar las acusaciones de corrupción que se hicieron a su primer gobierno, apareciendo hoy como un gobernante honesto y austero, un republicano a carta cabal. En ciertos casos, sobre todo cuando los políticos y los funcionarios no son efectivamente republicanos, las medidas de austeridad generan lo que en política se llama efectos perversos, esto es, terminan produciendo lo contrario a lo buscado: con esa medida no se ahorra los fondos públicos sino que más bien se dilapidan mediante la corrupción política que trata de recuperar con creces lo perdido por la aplicación de las medidas de austeridad, como ya lo han advertido algunos medios.

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