Sinesio López Jiménez
Luego de las múltiples críticas al estudio del IPE sobre la pérdida de USS/.67, 000 millones de dólares debido a los conflictos mineros y a las trabas burocráticas, sus autores van a tener que hacer no solo una rebajita sino una nueva investigación, teórica y metodológicamente mejor fundamentada. Para comenzar van a tener que cambiar el planteamiento maniqueo del problema: las empresas mineras invierten y traen crecimiento, los antimineros introducen el conflicto y bloquean la inversión y el Estado coloca trabas burocráticas que demoran o hacen inviables los proyectos de inversión. Esta es una película más o menos conocida: las empresas mineras hacen el papel de buenos y los malos son los pobladores (antimineros) y el Estado.

Luego van a tener que redefinir su concepción hobbesiana del conflicto atribuida a los antimineros que serían, por naturaleza, conflictivos y violentos y entenderlo más bien como una relación social entre diversos actores con diferentes intereses. En este caso los actores son las empresas mineras que buscan invertir para obtener y maximizar la rentabilidad de su inversión, los pobladores que defienden sus propiedades agrícolas, el agua, el medio ambiente, etc, y el Estado que es propietario de las riquezas del subsuelo que concesiona a las empresas mineras para obtener una parte de la renta (impuestos, canon, regalías). Del juego de estos intereses nace el conflicto social que el IPE atribuye exclusivamente a los antimineros.

Los investigadores del IPE tienen que plantear también la distinta dinámica de de los conflictos mineros: Unos son confrontacionales mientras otros entran en negociaciones dependiendo de la forma como se planteen y replanteen los intereses de los protagonistas (tensión o contradicción) y de los alineamientos de fuerza entre ellos. Esto da lugar a distintos tipos de conflictos: antimineros y de coexistencia conflictiva. En los primeros (que son los menos) los pobladores se oponen a las inversiones mineras y al extractivismo y apuestan más bien a otras formas más amigables de desarrollo (la industria, la agricultura, la agroindustria) mientras en los segundos (que son los más) ellos aceptan la inversión minera, negocian las condiciones de la misma y defienden sus propios intereses. El IPE es tuerto porque ve sólo a los conflictos antimineros.

El grado de intensidad los conflictos mineros puede cambiar la naturaleza de los mismos. Ellos podrían pasar de antimineros a negociadores y viceversa. En esta mutación del conflicto (de antimineros a negociadores) pueden jugar un papel central las élites estatales y empresariales si consideran legítimos no sólo sus propios intereses sino también los de los pobladores y logran articular los intereses de los diversos protagonistas con los bienes públicos que interesen a todo el país. Lo que está en juego es la capacidad de las élites para armar coaliciones más o menos amplias que aprovechen el boom exportador para impulsar el desarrollo y construir las capacidades del estado. El IPE sólo quiere que el Estado sea escudo de los intereses de las mineras.

Los países en los que los actores orientados a la exportación dirigieron coaliciones gobernantes (Chile (1848-1883), Argentina (1825-1886), y Mauricio (1825-1895) que se comprometieron con proyectos importantes para proporcionar nuevos bienes públicos y ayudar a la producción de exportación, tuvieron éxito e impulsaron el crecimiento de las capacidades del Estado. Los gobiernos de los países en los que los exportadores estaban políticamente marginados (Colombia (1880-1905), Ghana (1945-1966) y Nigeria (1945-1966)) no pudieron articular los intereses privados con los bienes públicos y las capacidades del Estado se estancaron (Saylor, Ryan, 2014, State Building in Boom Times, Oxford University Press, p. 9).