Sinesio López Jiménez
Cuando un capitalista invierte crea dos jaulas de hierro, una para la sociedad y otra para el Estado. Las sociedades y los estados pueden romper parcialmente esas jaulas a través de la acción colectiva y de una política impositiva progresiva, respectivamente, pero siempre dentro de los límites del capitalismo. Ahora que está en debate la inversión de Tía María vale la pena recordar algunas ideas de fondo sobre el tema.
El capitalismo es un sistema en el que muchos recursos escasos son de propiedad privada y las decisiones sobre su asignación son una prerrogativa privada. La democracia es un sistema mediante el cual las personas como ciudadanos pueden expresar sus preferencias sobre la asignación de recursos que ellos privadamente no poseen. Por tanto, la cuestión perenne de la teoría y la práctica políticas alude a la competencia de estos dos sistemas de uno con respecto al otro. ¿Es posible que los gobiernos controlen una economía capitalista? En particular ¿es posible dirigir la economía contra los intereses y preferencias de quienes controlan la riqueza productiva? (Przeworski & Wallerstein, 2008: 58).
Las personas pueden tener derechos políticos, votar y elegir a los gobiernos capaces de seguir los mandatos populares. Pero la capacidad efectiva de los ciudadanos y de cualquier gobierno para alcanzar sus objetivos está limitada por el poder público del capital. La naturaleza de las fuerzas sociales y políticas (por más poder que tengan) no altera estos límites ya que son características estructurales del sistema, no de los ocupantes de los cargos gubernamentales ni de los ganadores de las elecciones. No importa cómo el Estado se organiza y lo que es legalmente capaz o incapaz de hacer. Los capitalistas no tienen ni siquiera que organizarse y actuar de manera colectiva: basta con que persigan ciega y estrechamente su interés privado propio para restringir drásticamente las opciones de todos los ciudadanos y los gobiernos.
En el capitalismo toda la sociedad depende de la asignación de los recursos elegidos por los dueños del capital. Las decisiones privadas de inversión tienen consecuencias públicas y de larga duración: determinan las posibilidades futuras de la producción, el empleo y el consumo de todos. Debido a que las posibilidades futuras de consumo dependen de la inversión privada, todos los grupos sociales se ven limitados por el efecto que pueden tener sus acciones sobre la voluntad de invertir de los dueños del capital, la misma que depende, a su vez, de la rentabilidad de la inversión. En una sociedad capitalista, el intercambio entre el consumo presente y futuro de todos pasa por un trade-off entre el consumo de quienes no poseen un capital propio y las ganancias de los que lo poseen (Wallerstein & Przeworski, 2008: 59).
Esta determinación rígida se aplica especialmente a los asalariados que cuidan tanto sus salarios futuros como sus ingresos presentes. Si las empresas responden a los aumentos salariales exigidos con menos inversión, los asalariados pueden ser los más interesados en moderar sus demandas salariales. Los ingresos futuros de los trabajadores dependen de la realización de los intereses actuales de los capitalistas. Lo mismo le pasa al Estado y a los gobiernos que se enfrentan a un trade-off entre distribución y crecimiento, entre la igualdad y la eficiencia. Ellos pueden negociar una distribución más (o menos) igualitaria de ingresos a cambio de menos (o más) inversión, pero no pueden alterar los términos de este trade-off: