Sinesio López Jiménez

Persiste aún el desfase entre la correlación de fuerzas en la sociedad y la correlación política en el Congreso. El referéndum achicharró al fuji-aprismo en el país, pero este sigue teniendo la sartén por el mango en el Congreso. Hay un problema de traducción de los cambios de la correlación social (producidos por el referéndum) en cambios de la correlación política congresal.

Ha habido cambios congresales, pero ellos son menores en relación con los cambios políticos y sociales. FP ha dejado de ser hegemónica, pero sigue siendo mayoritaria. Se ha producido un cierto equilibrio de fuerzas en el Congreso, pero, salvo la presidencia y los portavoces, FP sigue teniendo la llave de las comisiones más importantes.

Pese a los limitados cambios congresales, se ha producido un nuevo equilibrio de poderes del Estado. Empero estos cambios se procesan en forma muy lenta. Da la impresión que FP está esperando el desgaste de Vizcarra y un cambio favorable en la correlación de fuerzas para volver a la ofensiva.

¿Qué explica el desfase socio-político y la lentitud de los cambios? Mi hipótesis es que todo esto no se debe a la inercia organizacional e institucional del fuji-aprismo sino a la incapacidad del Poder Ejecutivo, principalmente del jefe de la PCM y del “partido” que ganó las elecciones el 2016. El Ejecutivo no tiene operadores políticos que traduzcan los cambios político-sociales en cambios político-congresales.

La tarea de estos operadores es reorganizar las fuerzas en el Congreso, adecuar la correlación de fuerzas congresales a la nueva correlación de fuerzas de la sociedad, organizar las coaliciones de respaldo al Ejecutivo para darle gobernabilidad, asumir la dirección de las comisiones congresales claves, impulsar la reforma de la justicia y de la política acordada por el referéndum.

Nada de esto está sucediendo. Luego del referéndum, el jefe de la PCM sostuvo que no había vencedores ni vencidos. El “partido” PPK se comporta como si no hubiera ganado. En lugar de fortalecerse como organización y como grupo parlamentario se fragmenta. Su pequeñez política le impide asumir los grandes desafíos que tienen por delante.

Los cambios más importantes que se han producido en el Congreso son obra de su actual presidente. Independientemente de su pasado político, Salaverry ha sido el gran operador que ha traducido los grandes cambios político-sociales en significativos cambios político-congresales. Honor al mérito.

Sinesio López

¿Qué significa Estado autónomo?. La autonomía se define por la capacidad que tiene el Estado para resistir las presiones de las élites privadas o de determinados grupos de interés de la sociedad gracias a su propio poder como conjunto de organizaciones, de instituciones y relaciones sociales.  La autonomía no significa neutralidad porque siempre hay sesgos en favor de ciertos grupos del mismo Estado. El autónomo Estado velazquista, por ejemplo, fue autónomo de las élites oligárquicas y gamonales, pero tuvo un sesgo hacia los intereses de las FF.AA.

¿Puede ser autónomo el Estado?. Algunos autores, como Claus Offe, piensan que el Estado moderno en general tiene una doble dependencia estructural que le impiden ser autónomo: la dependencia financiera que lo amarran a la economía y la dependencia de la legitimidad que proviene de la sociedad.  Afirma que entre estas dos dependencias puede existir un cierto equilibrio que le dan una apariencia de autonomía.

Otros autores, como Nicos Poulantzas, sostienen que el Estado moderno goza de una autonomía relativa proveniente del hecho de ser una instancia estructural que tiene una lógica propia, distinta de otras lógicas estructurales (la economía y la esfera ideológica-cultural). A diferencia del Marx de la Crítica del Programa de Gotha que sostiene la dependencia del Estado de los intereses privados de la clase dominante, el Marx del Dieciocho Brumario afirma que existe una tensión entre la autonomía del estado y la dependencia de las élites privadas, entre el interés general y los intereses privados y entre el consenso y la fuerza.

Antonio Gramsci, el más destacado pensador marxista heterodoxo, pensaba que los estados económico-corporativos, carentes de un proyecto político, dependían de los intereses privados de las élites y que los estados hegemónicos, productos de proyectos económicos, políticos y culturales relativamente universales, están estrechamente vinculados a la sociedad civil y tienen una cierta autonomía con respecto a las élites privadas.

Otros autores, en particular Theda Skócpol, afirman que la autonomía del Estado moderno no es estructural sino coyuntural. Ella discute sobre este punto con los autores marxistas y asume la perspectiva de Economía y Sociedad de Max Weber. Ella sostiene que la autonomía del estado moderno depende principalmente de cuatro factores. En primer lugar, la calificación de los funcionarios estatales. A medida que esta calificación es mayor, mayor es su autonomía con respecto a las élites privadas.

En segundo lugar, la capacidad de los aparatos estatales. A medida que las capacidades estatales (coercitivas, legales, administrativas, de provisión de bienes públicos, de seguridad ciudadana, de penetración en la sociedad civil, infraestructurales, impositivas) son altas, mayor es la autonomía del Estado. En tercer lugar, a medida que el control estatal del territorio es total, mayor es la autonomía estatal. En cuarto lugar, la cantidad de los recursos estatales, principalmente los que provienen de la capacidad impositiva, otorga una mayor autonomía del Estado. Si nos atenemos a estos criterios,  nuestro estado actual carece de autonomía.

Sinesio López J

Todos dicen respetar la autonomía de los poderes del Estado, en particular la del PJ y del MP, pero todas las fuerzas sociales y políticas buscan capturarlos para someterlos a sus intereses y designios. El neoliberalismo de los 90 capturó al Estado, especialmente sus aparatos económicos, para organizar la economía en función de sus propios intereses. El fuji-aprismo del 2006 en adelante capturó al PJ y al MP para blindar y limpiar a sus dirigentes de las múltiples acusaciones de corrupción. Ahora que se está rompiendo con esa captura, el fuji-aprismo y los conservadores protestan en nombre de la supuesta autonomía del Poder Judicial.

La relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha sido más compleja y variada. Entre el 2001 y 2016 ha existido un cierto equilibrio de poderes en la medida que el Presidente y el partido en el gobierno lograban articular una cierta coalición que les permitía tener mayoría en el Congreso. En esas condiciones, el Ejecutivo, como en todo presidencialismo, tenía una cierta preeminencia sobre el Congreso. Cuando el partido en el gobierno perdía la mayoría congresal, la gobernabilidad se hacía difícil.

La situación cambió brutalmente en el 2016 cuando el fujimorismo obtiene una aplastante mayoría en el Congreso y se estableció un gobierno dividido en el que fuji-aprismo del Congreso sometió al Ejecutivo buscando controlarlo y desbarrancarlo, lo que al final logró con la renuncia de PPK y el ascenso de Vizcarra al gobierno. Luego de una breve etapa de sometimiento, Vizcarra rompió el yugo fuji-aprista proponiendo algunas reformas de la justicia y de la política y convocando a un referéndum para aprobarlas.

Desde ese momento ha cambiado drásticamente la situación política y la correlación de fuerzas, se está estableciendo una nueva relación de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo y el fuji-aprismo y los conservadores protestan y lloran en nombre de la autonomía del Congreso que ellos aún mantienen (débilmente) capturado.

En realidad, la disputa por la autonomía del Estado es un fenómeno global y contradictorio. Por un lado, los movimientos globales de la economía (la inversión, la producción, las finanzas y el comercio) tienden a volatilizar al Estado y la ideología neoliberal, imponiéndose como pensamiento único, busca legitimizar esas profundas transformaciones y blindarlas a través de la promulgación de nuevas constituciones  en los diversos países. Por otro lado, las industrias productoras de bienes culturales y simbólicos, ahora en la cresta de la ola mundial, buscan defender los derechos de propiedad y de autor y necesitan estados vigorosos que cumplan ese rol.

Además, los tigres asiáticos han alcanzado un alto nivel de desarrollo gracias al papel activo del Estado que logró lo que Peter Evans ha llamado una “autononomía enraizada” en esos países. El debate sobre la autonomía del Estado es más vasto, sin embargo. Diversos autores, en especial Thedda Scócpol, han participado en él. Volveremos sobre esas otras dimensiones del debate.

Sinesio López Jiménez

Chávarry, el Fiscal de la Nación (FN) blindado por el fujiaprismo, se resistía a renunciar en nombre de la autonomía y finalmente renunció, según ha dicho, en defensa de la autonomía. Era autónomo Chávarry?. Algunos analistas, constitucionalistas y políticos argumentan y discuten propuestas de reforma como si Chávarry hubiera sido realmente autónomo sin analizar la situación concreta del juego de poder.

Hay diversas evidencias que muestran que Chávarry no era autónomo sino que había sido capturado y protegido por el fujiaprismo. En el chat de La Botica KF ordena a su bancada proteger a Chávarry de los ataques de la “caviarada” y en el Congreso, en particular en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la mayoría fujiaprista blindó a Chávarry apelando a diversos pretextos.

En realidad, estamos frente a un doble blindaje: El fujiaprismo blinda a Chávarry para mantenerlo como FN y Chávarry blinda a FP y al Apra en el ámbito de las acusaciones judiciales y en el de la corrupción. Los medios y la mayoría de la población conocen este hecho. Sólo el fujiaprismo y los analistas conservadores se hacen los ciegos y sordos.

La dinámica entre la autonomía y la captura del Estado o de parte de él es una vieja historia del Estado en el Perú.  El Estado colonial y el estado republicano en un largo trecho de su historia han sido patrimoniales, esto es, fueron apropiados por una elite privada y los manejaron como si fueran su chacra apelando a un derecho (Weber, Cotler y otros) o a su voluntad arbitraria (el sultanismo del que habló Basadre).

Los diversos intentos por acabar con el Estado patrimonial o sultanista en la historia republicana fracasaron total o parcialmente (ver trabajos de Kurtz, Soifer y otros). El único esfuerzo que tuvo un cierto éxito en esta tarea fue el velasquismo como ha sido señalado por Alfred Stepan (Power and Society: Peru in comparative perspective). Según Stepan y otros politólogos y sociólogos, el velasquismo construyó el Estado más autónomo que ha tenido el Perú en su historia.

Con la caída del velasquismo hemos vuelto a la dinámica entre la autonomía y la captura del Estado por parte de las nuevas élites, especialmente las neoliberales que han instalado en AL lo que Cardoso llama el neopatrimonialismo. Este es el debate actual: ¿el Estado neoliberal es un estado autónomo o es un estado capturado por las élites?. Algunos sostienen que es un estado autónomo y otros subrayan más bien su captura.

Parte de ese debate es la autonomía o la captura de los organismos de control del Estado (Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, TC) no sólo por las élites privadas sino también por Ejecutivo o el Legislativo. La posesión de estos organismos de control estatal no sólo dan más poder sino que blindan de las acusaciones de corrupción a quienes los tienen en sus manos. Por eso, la captura de estos organismos, la corrupción y la impunidad siempre van juntas.

Si AG no hubiera sido ni fuera blindado por fiscales y jueces (protegidos a su vez por el Apra y por el gobierno aprista) hace mucho tiempo que estaría preso.

Sinesio López Jiménez

El 2019 será más tranquilo si lo comparamos con el turbulento 2018. Las turbulencias que se iniciaron con el triunfo de PPK y la derrota de KF (2016) han sido políticas y judiciales. Ellas no se han extendido a la economía que ha tendido al estancamiento sin generar grandes crisis económicas y sociales. Los conflictos del gobierno dividido entre el Ejecutivo y el Legislativo se superpusieron con la corrupción del Lava Jato y con la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía (revelada por los audios del Lava Juez) y generaron un nudo difícil de desatar.

Estas crisis superpuestas no sólo son estructurales sino que se extienden a los actores. Eso les imprime el carácter de un drama. No sólo están en crisis las estructuras políticas y judiciales, sino también los actores institucionales llamados a resolverlas. Pero no todo está podrido, en particular en el Ejecutivo en el que hay que destacar el papel decisivo de Vizcarra y en la Fiscalía y en el Poder Judicial en donde han emergido un pequeño grupo de fiscales y jueces dispuestos a jugarse enteros por la justicia. Los cambios de regeneración en el Congreso se van a producir, pero serán más lentos.

Los actores de las luchas contra la corrupción y de la reformas judiciales y políticas han sido apoyados (con buenos resultados) por los movimientos de la calle y por la fuerza pública de los principales medios. Ante la crisis de los actores, el Ejecutivo en  particular ha apelado a las comisiones de expertos en el campo de la justicia y en el de la reforma política. Luego del triunfo aplastante del referéndum, las propuestas de la reforma de la justicia (concreción de la JNJ y del control externo) se van a concretar con cierta rapidez.

La profundización de la reforma política, a cargo de la Comisión presidida por Fernando Tuesta, será más difícil y más lenta, especialmente si toca todos los elementos del sistema política: el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno. No dudo que será una buena propuesta, pero temo que ella puede ser distorsionada y limitada por algunos grupos parlamentarios por intereses o por ignorancia. No hay que olvidar que es el Congreso el que aprueba la reforma política.

El 2019 será, sin embargo, un año tenso porque las reformas, si son significativas, generan conflictos y tensiones. Este será el año de la profundización de la lucha contra la corrupción, de una fuerte judicialización de la política, de la recomposición de los grupos parlamentarios y de la formación de nuevas coaliciones, del establecimiento de un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, de la autonomización de los organismos de control estatal y, como ya ha sido señalado, de la concreción de la reforma judicial y política.

La tensión del 2019 puede crecer si el gobierno se empeña en realizar la reforma laboral que busca establecer el despido rápido y barato de los trabajadores que, para los neoliberales, han dejado de ser personas y ciudadanos, para transformarlos en  costes laborales. Pese a las tensiones, el 2019 será mejor que el 2018.

Sinesio López Jiménez

El referéndum ha convertido al Congreso en una asamblea de fantasmas. Uno de ellos es la “mayoría” fujimorista que conserva la legitimidad de origen (porque fue elegida por 5 años), pero muy adelgazada y marchita, casi fantasmal. El otro es el vigoroso mandato del pueblo soberano que no tiene, sin embargo, quien lo encarne y represente en el Congreso para concretarlo. Es un espíritu que busca un cuerpo representativo que legisle.

Este vacío representativo del nuevo mandato soberano en el Congreso podría ser superado a través de la formación de una coalición de los grupos parlamentarios que apoyaron el referéndum. Esta coalición podría acoger a un grupo de congresistas fujimoristas dispuesto a asumir y concretar los mandatos del referéndum.

En el Congreso hay ahora dos legitimidades de origen en tensión, producto de dos decisiones soberanas tomadas en distintos tiempos cronológicos y políticos con propósitos diferentes. Una, la del 2016, dio origen a un  nuevo  gobierno y la otra, la del referéndum, ha impuesto algunos cambios constitucionales al país y al Congreso que estaba y está más interesado en legislar para los lobbies, obstruir al Poder Ejecutivo y blindar a los corruptos que en impulsar las reformas que los ciudadanos exigen.

El referéndum ha generado también un choque de escenarios. La mayoría fujimorista en el Congreso es ahora una minoría en la sociedad y en la ciudadanía. Estamos frente a una nueva verdad del poder como producto de la nueva correlación social y política fuerzas. Lamentablemente esta nueva mayoría social y ciudadana no tiene quien la represente o, en todo caso, tiene un representación muy fragmentada en la vida social.

La superación de este desencuentro entre el Congreso y el país requeriría un aggiornamento del fujimorismo o de un sector del mismo que se ponga a tono con las exigencias de cambio de los ciudadanos. La decisión de Salaverry, presidente del  Congreso,  de prolongar la legislatura hasta enero para trabajar en las reformas exigidas por el referéndum, va saludablemente en esa dirección.

El referéndum empodera al Presidente Vizcarra y al Ejecutivo. Vizcarra ya no reposa en los brazos de la señora K ni levita en el aire sino que tiene un anclaje político vigoroso en la ciudadanía. ¿Por cuánto tiempo?. Eso depende de la agenda que impulse de ahora en adelante. Si se limita a impulsar sólo las reformas del referéndum, el apoyo ciudadano, que hoy parece sólido, se puede evaporar pronto.

Si amplía y profundiza las reformas de la justicia y de la política y recoge otras demandas ciudadanas como la aceleración de la reconstrucción con cambios, la reactivación de la economía y del empleo, la seguridad ciudadana y la reforma tributaria, puede consolidar el apoyo ciudadano y tener suficiente oxigeno para llegar bien al 2021. Pero si quiere pasar a la historia, tiene que hacer una reforma profunda del sistema político (el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno), redefinir el régimen político (la relación del Estado con la sociedad, la economía y los ciudadanos) y reconstruir el Estado y sus capacidades.

                                               Sinesio López Jimenez

La agenda de gobierno post-referéndum debe formularse teniendo en cuenta el Bicentenario de la independencia del Perú. Ella debe preparar al país no sólo para celebrar (en lo que tenga de celebratorio) ese efemérides sino también para relanzar el Perú hacia el futuro. Me parece que el punto central de esta agenda debiera ser el  establecimiento de un acuerdo nacional de convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC) en 2021 para construir el Perú del futuro. Esta AC debiera funcionar el tiempo necesario (uno o dos años) que le permita proponer un nuevo Contrato Social del Perú para luego convocar a elecciones generales.

Es obvio que la agenda post-referéndum tiene que recoger las urgencias del país hasta 1821, pero tiene que considerar también las reformas políticas necesarias que preparen y hagan viable la elección  democrática y el funcionamiento de la nueva Constituyente.

Entre las urgencias del país post-referéndum aparecen con claridad la continuidad y la profundización de la lucha contra la corrupción, la aceleración y mejora de la reconstrucción con cambios y la reactivación de la economía y del empleo. Un tema importante de esta agenda de urgencias es la reforma tributaria que acabe con la evasión y la elusión tributarias, elimine las exoneraciones de impuestos y que eleve la presión tributaria (pt) o se aproxime a la media de AL. Es una vergüenza que el Perú apenas llegue  al 13 por ciento de pt teniendo tantos problemas sociales por resolver. La OCDE a la que se aspira pertenecer tiene 36 por ciento de pt.

La agenda post-referéndum comprende, desde luego, las reformas políticas preparatorias de la AC, en especial las que se refieren al sistema electoral y al sistema de partidos. Un cambio global del sistema político (que incluye a la forma de gobierno) debe ser uno de los grandes temas de discusión y propuesta de la futura Asamblea Constituyente. Otro tema central de la AC es la reconstrucción republicana, democrática y liberal del Estado y de sus capacidades.

Las reformas urgentes y necesarias del sistema electoral que preparen la elección de la AC son la disminución del número de firmas para para participar en las elecciones generales y la elevación de las exigencias para permanecer en el sistema político (valla electoral, alto numero de comités partidarios, militancia activa), el establecimiento de elecciones primarias obligatorias como en USA, Chile y Argentina, la eliminación del voto preferencial, la mantención del voto obligatorio y el reemplazo de las multas electorales por el no acceso a algunos bienes públicos.  Es necesaria la dación de una ley de partidos que tenga en cuenta los cambios en la estructura social y la revolución de las comunicaciones.

El Perú independiente ha alcanzando algunos logros que es necesario conservar y potenciar, pero presenta también un conjunto de limitaciones y fallas que es necesario superar. La independencia fue una revolución ambigua (John Lynch) en la que los criollos querían la independencia sin abjurar de la colonia. Esa ambigüedad ha marcado nuestro destino hasta ahora.

Sinesio Lopez Jiménez

Algunos esperan mucho del referéndum y otros no esperan nada. Ambos se equivocan porque el referéndum no es ni la panacea ni la irrelevancia. Tiene sus alcances y sus límites. Le da la voz al soberano para que se pronuncie sobre algunas reformas limitadas de la justicia y de la política y para que libere al país del fujimorismo y del alanismo, las fuerzas más nefastas, oscuras y retardatarias del país de las últimas décadas. También hace viables algunos cambios institucionales y estatales. Pero no resuelve otros graves problemas de la política, de la sociedad y de la economía. Al día siguiente del referéndum, el Perú se sentirá aliviado pero seguirá siendo casi el mismo.

El Perú necesita grandes cambios en todos los campos de la vida social. Por ahora me limito al campo de la política, comenzando por ella misma. En primer lugar, es necesario redefinir la política considerando varias dimensiones. 1. Hay que revalorar la política y el Estado que fueron devaluados y desplazados por el neoliberalismo para revaluar el mercado y colocarlo en el centro de la vida social. La política y el Estado importan tanto o más que el mercado para hacer viable la convivencia social. 2. Hay que rescatar la autonomía de la política (y del Estado) que el  neoliberalismo anuló para subordinarlos y capturarlos dentro de una lógica neopatrimonial (apropiación de lo púbico y su manejo como si fuera un asunto privado). Hay que rescatar la política y el Estado de la captura neopatrimonial desplegada por el neoliberalismo. El neopatrimonialismo (neoliberal) es la principal fuente de la corrupción de estos tiempos.

3. Hay que poner la política al servicio del bien común (republicano) o del interés general (liberal) reconociendo que el pueblo (los ciudadanos) es el titular del poder político. Los ciudadanos otorgan legitimidad de origen a los que ejercen el poder político a través de elecciones libres y justas. 4. Reconociendo que la política y la ética son diferentes, es necesario establecer entre ellas una relación permanente. Distinción no significa separación. La ética tiene que vigilar la relación entre los medios y los fines de la política haciéndola justa y buena.

En segundo lugar, es necesario reconstruir el Estado asumiendo las principales contribuciones republicanas, democráticas y liberales. Tenemos un estado débil y maltrecho porque ha sido mal hecho. Tenemos que construir un estado en forma impulsando el desarrollo de sus capacidades de tal manera que pueda ejecutar bien las funciones que tiene. Destaco algunas de estas capacidades: impositiva, coercitiva, la efectividad legal, la eficacia burocrática, la penetración estatal en la población y en el territorio. Ningún estado es fuerte y autónomo con el 13% de presión tributaria (pt), un poco más de la mitad de la pt de AL (22 por ciento). Ningún Estado garantiza la seguridad de sus ciudadanos si no reivindica el monopolio de la fuerza. No hay justicia si la ley no es igual para todos en todo el territorio. No hay progreso si el Estado no garantiza la calidad de la educación, la salud y de otros bienes públicos.

Volveré sobre otros cambios en el campo de la política.

Sinesio López Jiménez

La coyuntura abierta el 28 de julio de este año se cerró antes de lo previsto, el 9 de diciembre, fecha del referéndum. La prisión preliminar, primero, y el pedido de prisión preventiva de KF y otros fujimoristas más, luego, aceleró el tiempo político y, con él, el desmoronamiento del fujimorismo.

¿Qué viene después?. Probablemente tres procesos que van a configurar los escenarios posfujimoristas. En primer lugar, la judicialización de la política que acentuará la crisis de representación política. En segundo lugar, la reconfiguración  del escenario político debido al hundimiento y dispersión de FP y a la evaporación de la representación popular de derecha que ella expresaba.  Todo esto va a permitir la emergencia de lo que podemos llamar disponibilidad representativa o la existencia de masas dispuestas a ser representadas, y, gracias a las redes sociales, a la búsqueda activa de representación de todos los sectores sociales. Hemos visto un adelanto de estos fenómenos en las elecciones regionales y locales del 7 de septiembre.

En tercer lugar, la recomposición de las relaciones entre los poderes del Estado y de los aparatos de control que generarán un conjunto de cambios estatales. Uno de ellos es el término del gobierno dividido que, dentro un presidencialismo parlamentarizado, produjo ingobernabilidad y trajo el descalabro de PPK. Lo que vamos a tener en adelante es un Ejecutivo con una relativa mayoría en el Congreso como producto de una probable coalición de fuerzas políticas, lo que redundará en una mejor relación entre esos poderes del Estado.

Esta nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo implica la caída de Chávarry, la recomposición y la autonomía de la Fiscalía  y del Poder Judicial. Ella trae consigo también la autonomización de los aparatos del Estado que había capturado o estaba a punto de capturar el fuji-aprismo: la SUNAT, el BCR, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (ex-CNM) y el TC.

¿Traerán estas movidas en la representación un breve ciclo partidario como sucedió en el 2001, luego de la caída de AF?. Lo dudo. En esa fecha reaparecieron el Apra, el PPC y en menor medida AP, además de nuevos “partidos” como Perú Posible, Gana Perú y Fuerza 2011. Ahora el retorno partidario es más tenue pues toca a muy pocos (AP y APP) y a algunas provincias y distritos.

¿Qué formas asumirán las nuevas representaciones políticas?. Es probable que todas ellas asuman una forma personalizada a partir de los líderes que tienen mayor aceptación ciudadana y que no han sido contaminados por la corrupción: Barnechea, Guzmán, Mendoza, Acuña. No hay que descartar la posibilidad que emerjan liderazgos de extrema derecha y de extrema izquierda. Es posible que algunos de estos líderes estén dispuestos a organizar formas estables y organizadas de representación política.

Tampoco hay que descartar que la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo abra la posibilidad de impulsar una reforma más profunda del sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno) y de las capacidades del Estado.

Sinesio López Jiménez

Estamos viviendo en estos días un conjunto dramático de acontecimientos contradictorios que nublan el sentido que tiene la coyuntura. Este sentido no proviene solo de los protagonistas sino también del contexto socio-politico que lo resignifica. Planteo algunas tesis básicas que permiten entender esta coyuntura turbulenta.

1.Estamos viviendo aún la coyuntura abierta el 28 de julio de este año en la que Vizcarra, aprovechando la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía, respalda la protesta de la calle contra la corrupción, propone las reformas judicial y política, convoca a un referéndum para aprobarlas y, ante el intento de boicotearlas del fujialanismo, plantea el voto de confianza a su gabinete. Toma de ese modo la iniciativa política, rompe el yugo que lo ata a la señora K y reivindica la autonomía del Poder Ejecutivo.

2. El fujialanismo trató de frenar la ofensiva política de Vizcarra y buscó blindar a AG y a la señora K defendiendo a capa y espada al cuestionado Fiscal de la Nación, acusado de pertenecer a la mafia de los Cuellos Blancos del Callao. Chávarry se autodefiende amenazando con investigar al Presidente de la República y a los comprometidos con la corrupción del Lava Jato. Para mantener el orden en sus filas el fujialanismo blinda también a Becerril, quien buscaba influir en la elección del presidente del CNM. Luego de una ardua defensa del Juez Supremo Hinostroza, lo deja caer, pero al mismo tiempo, al parecer, facilita su huida.
3. El Ejecutivo ha salido ganando en la confrontación con el Congreso. La aprobación de Viscarra se ha disparado hasta el 61% mientras la de la señora K cae verticalmente al abismo. En la compulsa de poderes han jugado un papel central las protestas de la calle y las noticias y denuncias de los medios.
4. La debacle política del fujialanismo ha sido confirmada por los resultados de las elecciones regionales y locales del 7 de Octubre en las que ni el Apra ni el FP obtuvieron la dirección de alguna región o la alcaldía de alguna capital regional. En la práctica desaparecieron del escenario electoral, pese a la campaña de la señora K.
5. Contra todo lo esperable, algunos jueces y fiscales tomaron un conjunto de decisiones que han herido el corazón del poder fujimorista. Un juez supremo anuló el indulto otorgado por PPK, lo que generó una enorme tensión en el fujimorismo que terminó dando una ley con nombre propio para evitar que AF vuelva a la cárcel. El fiscal José Domingo Pérez ha acusado a la señora K de dirigir una organización criminal, pidió su prisión preventiva por diez días, el juez Richard Concepción Carhuancho la aceptó y la KF está en prisión con sus asesores y 19 personas más.
6. AG y el alanismo tiemblan frente a las investigaciones provenientes del Lava Jato que no sólo se refieren al financiamiento de la campaña del 2006 sino principalmente a los sobornos que, al parecer, llegan hasta la cúpula. El fiscal Pérez les produce terror y buscan acusarlo estúpidamente de apología del terrorismo por una conferencia que dio en México. La crisis va a seguir abierta hasta la derrota y el estallido del fujialanismo el 9 de diciembre, el día del referéndum.