Sinesio López Jiménez
Los audios que están difundiendo los medios tienen un impacto contradictorio en la conciencia de la gente de a pie, de los comentaristas y de los políticos. Por un lado, revelan la enorme podredumbre del Poder Judicial y, por otro, ocultan la gangrena moral de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y de la mayor parte de los organismos estatales. Todo el cuerpo político del Perú sufre una septicemia.
Los audios revelan también la urdimbre perversa de las organizaciones podridas de la justicia con algunas fuerzas políticas como el fujimorismo, el alanismo y otros partidos de formación reciente pero infestados por viejas mafias como Podemos, pero ocultan el entramado corrupto de los partidos que han tenido o tienen el manejo del Ejecutivo y del Legislativo.
Los audios ocultan también la crisis generalizada de la política. La corrupción infecta a las organizaciones e instituciones políticas, pero la crisis de estas es algo diferente de aquella. La crisis de la política, del sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno), del régimen político (la forma de relación entre el Estado, la sociedad, la economía y los ciudadanos) y del Estado tiene otras causas específicas: mal diseño y peor construcción de las instituciones, tensiones y contradicciones institucionales, desgaste e inadecuaciones de las instituciones políticas frente a los cambios de la vida social, falta de capacidades para desempeñar bien las funciones que tienen, etc.
La corrupción que infecta a todo el cuerpo político y la debacle generalizada de la política configuran una crisis de gran envergadura y constituyen un enorme desafío para las partes sanas de las organizaciones e instituciones políticas, para los líderes políticos que quieren impulsar cambios profundos, para la sociedad civil y para los ciudadanos.
Hay problemas de agencia o incapacidad de los actores (Ejecutivo, Legisltativo, partidos) para enfrentar y resolver este gran desafío. Este déficit institucional de los actores podría ser compensado por la presencia y la fuerza de la calle que aún no se pueden prever ni predecir. El nombramiento de una Comisión especial encargada de proponer algunas reformas del Poder Judicial y la convocatoria a una legislatura extraordinaria para atender y resolver la descomposición moral del CNM expresa la voluntad política del Ejecutivo para enfrentar parcialmente el desafío.
Esas medidas son un avance, pero al mismo tiempo son muy limitadas si se tiene en cuenta la gran envergadura de la crisis y del desafío. Ellas contrastan, sin embargo, con la falta de iniciativa y la actitud remolona del Congreso que parece no estar interesado en enfrentar los problemas que plantea la coyuntura.
¿Qué hacer en una situación de septicemia moral y de crisis política generalizada y de incapacidad de los actores para enfrentarla y resolverla?. Parece que ente caso la salida mejor es apelar al soberano que elija una Asamblea Constituyente que permita la reconstrucción política y moral del Perú. Su convocatoria y su forma de funcionamiento depende, en gran medida, de la fuerza de la calle.