Sinesio López Jiménez
Los analistas y comentaristas han sugerido varias hipótesis para explicar las decisiones draconianas y contradictorias del fiscal Germán Suárez y del juez Richard Concepción sobre el caso Humala-Nadine. Algunos sostienen que es una respuesta de rebeldía y desacato de algunos fiscales y jueces a las decisiones del TC que los ha desautorizado en la cuestión de la prisión preventiva. Otros piensan que son sicarios de la toga digitados por algunos políticos que no quieren dar la cara. No faltan quienes afirman que sus veleidades obedecen a los vaivenes de los medios con los que no quieren desentonar.
Constato que el cuestionamiento de algunos fiscales y jueces a las decisiones del TC tienen el mismo aire de familia de las decisiones del Congreso que desacató y sacó la vuelta a las decisiones del TC sobre la inconstitucionalidad de impedir la formación de nuevos grupos parlamentarios. En todo caso, la conducta de rebeldía de algunos fiscales y jueces y del Congreso revela un lamentable contagio institucional u ocultan la misma mano política que mueve a ambos. Sí esto es así, es fácil adivinar quienes están ahora detrás de estas rebeldías.
Todo este zanfarrancho judicial muestra que la autonomía y la imparcialidad de los jueces y fiscales son un mito. Madison, uno de los federalistas que impulsó la reforma constitucional de USA en 1787, señaló la causa fundamental cuando dijo: “Siendo general la ley no puede ser imparcial cuando los hombres sobre los que se aplica igualitariamente son desiguales”.
Algunos fiscales y jueces ni siquiera asumen la imparcialidad como orientación ética ni como un canon metodológico de acción. Los pocos que la valoran tienen que sufrir múltiples presiones ante las que terminan muchas veces sucumbiendo. Además, con excepciones, no llegan a la carrera judicial los mejores abogados y juristas, pese a que no está mal remunerada en el escalafón de funcionarios del Estado.
¿Cuáles son las presiones más frecuentes que buscan someter a fiscales y jueces?. Varias, pero señalo las más importantes. En primer lugar, la presión de los medios poderosos que acusan, juzgan y condenan. Algunos fiscales y jueces no hacen otra cosa que duplicar la justicia mediática para cuidar su imagen pública y asegurar su carrera judicial. En segundo lugar, el poder político (Ejecutivo, legislativo, partidos) directa o indirectamente vía el CNM que los nombra y destituye. En estos dos últimos años, el Congreso y el fujialanismo han desplegado acciones y gestos para someter a los fiscales y a los jueces con la finalidad de blindarse frente a cualquier acusación fiscal y judicial. Estos son los dos factores actuales que más pesan en la cuestión del Lava Jato y en el tratamiento diferencial que se da a los expresidentes y a los líderes políticos.
En tercer lugar, el poder económico que busca corromper a jueces y fiscales para obtener decisiones favorables a sus casos judiciales grandes, medianos y pequeños. Finalmente, las ideologías políticas bajo las que se han formado los abogados ayudan a controlar los colegios de abogados y los estrados judiciales.