SUSPENSO Y CONFUSION

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                                               Sinesio López Jiménez

Sigue el suspenso sobre la vacancia de PPK. Lo mismo sucede con la siesta de los movimientos de protesta en la calle  y con las trabas políticas del keikismo en el Congreso que le impiden decidir sobre el tema. Las declaraciones de Barata circunscritas al financiamiento de las campañas electorales no van a producir ningún terremoto político sino sólo un escándalo de medianas proporciones. Al revelar los montos del financiamiento electoral entregados, quedarán al descubierto las mentiras de los principales candidatos que niegan haber recibido dinero de Odrebecht.

Barata ha confirmado lo que ya se sabía sobre Humala, salvo algunas precisiones sobre la forma como se distribuyeron los 3 millones de dólares con los que Odrebecht apoyó su campaña electoral del 2011. El terremoto puede producirse cuando Barata hable de las coimas pagadas a los altos funcionarios, de las adendas, de la distribución de las sobreganancias y de los arreglos normativos que hicieron los presidentes y ministros para que la corrupción pueda operar. No se sabe si por estrategia de la investigación o por encubrimiento los fiscales han hecho una división del trabajo que hace más lenta la aplicación de la justicia y que se presta a todo tipo de sospechas.

También la confusión continúa. Los políticos, los periodistas y la opinión pública creen que PPK puede ser vacado por cual cualquier acusación sobre su conducta pasada o por la forma como conduce actualmente su gobierno. Incluso se cree que la baja aprobación ciudadana y que el hecho de que más de la mitad de gente apoye su salida es causa suficiente de la vacancia.

Ayuda a superar esta confusión la contribución de Burke en el debate que sostuvo con Price en 1789 cuando sostuvo que la legitimidad por desempeño (el buen o mal gobierno) no puede ser una causa de la vacancia de la autoridad legítimamente establecida. Se equivocó sobre el fundamento central de la legitimidad de origen que, según él, era tradición dinástica y no la elección de los ciudadanos tal como lo establecieron la revolución de Cromwell (1648) y la revolución francesa (1789). Su error se debió al apoyo que él brindo a la restauración de Carlos II en 1656 y a la designación de Guillermo de Orange hecha por los wigs y los tories en 1688.

Burke aceptó, sin embargo, que la vacancia puede darse por factores que afectan la legitimidad de origen. Del mismo modo, nuestras constituciones, desde 1834 en adelante, han establecido las causas precisas de la vacancia que no han cambiado mucho. La Constitución de 1839 diferenció la vacancia de hecho (muerte del presidente o cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional) de la vacancia de derecho y dispuso que “solo podrá hacerse efectiva su responsabilidad en los casos de vacancia de hecho, postergándose el ejercicio de efectivizar la responsabilidad a que haya lugar luego de concluido su periodo” (García Chávarry dixit). La única causa discutible de la vacancia es la permanente incapacidad moral (establecida en 1839) que es una especie de significante vacío que los legisladores llenan según sus propios criterios cambiantes.

 

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