Sinesio López Jiménez

Algunos fiscales y jueces se han puesto de acuerdo para que Barata sea un colaborador eficaz, pero el Ejecutivo y el Legislativo parecen empeñados en evitar que cante todo lo que sabe sobre la corrupción en el Perú. El Ejecutivo ha tomado un conjunto de medidas contradictorias (D.U 003, embargo de bienes y cuentas bancarias de Barata, expropiaciones de empresas de Odrebecht, sanciones a la empresa que colabora, etc,) que, independientemente de sus aparentes buenas intenciones, pueden bloquear la colaboración eficaz.

A esto se añade la exigencia, que el abogado de Barata ha calificado de exorbitante, de la Procuraduría del pago de más de mil millones de dólares de reparación civil por daños y prejuicios referidos a tres proyectos (Gasoducto Sur Peruano, Interoceánica Su Tramo 2 y 3, carretera Chacas-Ancash). Aún no se sabe a cuánto ascenderá el monto total de reparación civil porque falta calcular los daños y perjuicios de otros proyectos (Tren Eléctrico, Vía de Evitamiento del Cusco y el tramo del Callao de Costa Verde).

El procurador alega que una cosa es la colaboración eficaz (de las personas) y otra cosa es la reparación civil (de las empresas), pero no toma en cuenta que ambas están estrechamente relacionadas. Una política de colaboración eficaz y de lucha contra la corrupción tiene que tomar en cuenta este dato fundamental. El problema de fondo es que no existe una política nacional de lucha contra la corrupción en general y del Lava Jato en particular.

Al Congreso le interesa blindar a KF y AG, los casos más graves de corrupción, y embarrar hasta el cuello a los enemigos y adversarios de todas corrientes ideológicas. Basta examinar las actividades de la Comisión de Lava Jato, el listado de los políticos investigados, el tratamiento diferencial con sus líderes cuando han sido llamados, las horas dedicadas a “investigar” a sus adversarios. Esa Comisión, que muchos llaman con razón Lava Keiko y Lava García, ha perdido todo respeto y toda legitimidad.

¿En qué consiste una política nacional de tratamiento de corrupción del Lava Jato? Sugiero algunos objetivos de esa política: Información y divulgación de todos los políticos y empresarios peruanos involucrados en la corrupción, sanciones drásticas a todos los corruptos, acuerdo de pago de una reparación civil de las empresas extranjeras y nacionales implicadas, evitar daños colaterales a terceros (trabajadores de las empresas implicadas) que no tienen nada que ver con la corrupción, invitación a todas empresas a participar en una política de colaboración eficaz.

Claudia Cooper, la ministra de Economía, tiene cierta claridad sobre lo que hay que hacer en el caso de Lava Jato: “Tenemos que trabajar ese equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas paguen una reparación civil. Pero también tenemos que hacer viables a las empresas”.  Sería deseable que los Poderes del Estado, más allá de las tensiones y conflictos que los envuelven, y la sociedad civil organizaran una vigorosa Comisión Nacional de lucha contra la corrupción que fuera capaz de establecer una política nacional de lucha contra este flagelo.

Sinesio López Jiménez

¿La declaración completa de Odrebecht, difundida por diversos medios, trae algo nuevo?. Trae algo nuevo, pero confirma lo ya conocido. Confirma el financiamiento electoral a los principales candidatos en las diversas campañas electorales (2006, 2011, 2016) : “Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, … a todos los partidos y, probablemente, a  varias elecciones de congresistas…No sólo apoyábamos al partido oficialista, sino también a la oposición”.

Confirma también que, sobre los montos de financiamiento, él solo decidió sobre el de Humala con 3 millones de dólares, a pedido del PT, y sobre el de KF con 500 mil dólares más porque era la favorita de Barata. Sobre el financiamiento a KF, Odrebecht confirma que “queda claro para mí que él ya había dado alguna contribución y entonces yo le dije que aumente… si le diste en la primera vuelta, entonces auméntale ahora en la segunda”.  Sostiene que Barata hasta el 2012 y Boleira después pueden precisar el monto del financiamiento electoral de todos los candidatos a los que apoyó.

Odrebecht reafirma que AG es Alan García y que financió las campañas electorales de AG: “Entonces yo diría que, con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa…apoyamos a Alan García…”. “Si fue una donación espontanea… la persona, de nosotros, que tenía un vínculo con AG era Barata”.  Confirma las frecuentes reuniones oficiales con AG y la familiaridad que existía con él: “recuerdo que estuve con él, cuando ya no era presidente…en la casa de Barata…”.

Sorprenden las declaraciones sobre Kuczynski: “…creo que él como ministro fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos. PPK en el gobierno de Toledo tuvo una relación extremadamente difícil (con la constructora)”, lo que se contradice con lo revelado en la Comisión Lava Jato sobre los contratos de sus empresas con Odrebecht a través de Sepúlveda. Se reafirma en la contratación de PPK como consultor y conferencista para limar asperezas. No hay nada nuevo sobre el financiamiento electoral de Humala, el único que él gestionó directamente.

Hay algunas cosas nuevas con respecto a García que no han sido destacadas por los medios. AG reconoce el apoyo de Odreberecht: “Mira, Barata me está apoyando, lo agradezco…¿sí?, ¿OK?… el apoyo de Uds. Es decir, daba a entender que lo estábamos apoyando, y entiendo que este apoyo involucraba, con seguridad,… no sé si directamente a la campaña de él o la campaña de congresistas de su partido”. Dice algo más grave: “las ilicitudes que hubo (en el gobierno de García) y de qué tipo y, si las hubo, quien podrá decirlo es Jorge (Barata) o él podrá decir quién era, que hizo, dónde…”.  Sostiene que los pagos a AG y a todos los candidatos apoyados se hacían “…directamente o a través de socios nuestros que luego eran reembolsados”.

Las esperadas declaraciones de Barata (y Boleira) son explosivas no sólo porque va a señalar el monto preciso de los financiamientos electorales sino también el de las coimas durante los diversos gobiernos.

Sinesio López Jiménez

A medida que se agrava, la crisis política sale del gobierno y pasa a la calle o, con más precisión, se extiende a la calle. Deja de ser sólo una relación conflictiva entre los Poderes del Estado para convertirse en un conflicto entre estos y la calle. Mientras el fuji-alanismo quería echarse abajo a la Fiscalía de la Nación, capturar al TC y desbarrancar a PPK por “incapacidad moral permanente”, el conflicto se mantuvo dentro de los marcos institucionales del Ejecutivo y del Congreso. Allí se daba y se resolvía el conflicto. Era un golpe mafioso para encubrir las fechorías de dos líderes de tradición mafiosa contra uno nuevo descubierto in fraganti.

Pero cuando la gente toma conciencia que todas las cúpulas en el poder nadan en el charco de la corrupción, percibe que ellas buscan la impunidad y PPK otorga (tres días después del fracaso de la vacancia) el indulto trucho a AF, el conflicto se desplaza a la calle en la que se confrontan los movimientos de protesta con los poderes del Estado. Se produce un cambio en la situación política cuya salida no es la vacancia de PPK sino que se vayan todos.

Donde se resolverá finalmente el problema?. Depende de la dinámica del conflicto institucional y del conflicto sociopolítico y de la forma como sus principales actores- el fujimorismo y los movimientos de contestación- resuelvan sus propios conflictos internos. Hay, por lo menos, tres factores de contexto (lo que diga Barata y Odrebecht, lo que decidan las organizaciones nacionales e internacionales sobre el indulto, lo que suceda en la economía y su impacto en la situación de la gente) que pueden incidir en el resultado del conflicto.

Si la calle se aquieta y se fragmenta, la dinámica del conflicto vuelve a las instituciones y allí se resuelve. Y si, en esa situación, KF logra mantener la mayoría absoluta en el Congreso entonces la estabilidad del gobierno y de PPK está en cuestión y su duración es de pronóstico reservado. Si Kenyi aumenta sus filas y logra neutralizar a KF, entonces PPK puede tener un poco más de oxígeno para sobrevivir. Si la situación política se agrava, sea por incapacidad del fujimorismo para resolver sus problemas internas, sea por un fuerte impacto de los citados problemas de contexto, entonces el conflicto socio-político se intensifica, se masifica y se convierte en una crisis del régimen político y del Estado.

Y si, en esta situación de aguda crisis, los movimientos de protesta se mantienen unidos y logran articular a los sectores moderados y a los radicales, entonces la solución es socio-institucional, esto es, los movimientos sociales, acompañados de algunos líderes políticos, buscan una salida institucional como sucedió en el 2000: un gobierno  transitorio. Este puede ser dirigido por el actual Vice-presidente, por el Presidente del Congreso o por otro elegido ad-hoc por las fuerzas políticas del Congreso.

Pero ahora no está en el tapete sólo la cuestión de la democracia y la lucha contra la corrupción sino también la exigencia de profundos cambios económicos, constitucionales y estatales.

Sinesio López Jiménez

Un gabinete en el aire que no tiene sólidas bases sociales ni políticas que lo sustenten. Aislados, PPK y el gabinete levitan y pueden ser presas fáciles del primer ventarrón político o social que se los lleve de encuentro. La demora en organizarlo era un mal síntoma. Ni políticos ni profesionales que se respeten y que respeten a los ciudadanos y a la opinión pública estaban dispuesto a embarcarse en una nave averiada y a la deriva.

Quiso ser el Gabinete de la Reconciliación, pero es, en realidad, el gabinete de la confrontación al que casi todas las fuerzas políticas de derecha, de centro y de izquierda le tienen bronca. El fujialanismo no lo pasa. Es sintomático que el Apra expulse a dos militantes suyos (que daban la vida por ceñirse el fajín) en el mismo momento que juramentaban como ministros. Mulder, el vocero beligerante del fujialanismo, ha dicho que la incorporación de dos apristas al gabinete era una declaración de guerra.

El centro (AP) y el centro-derecha (APP) tampoco lo miran con buenos ojos y no parecen estar dispuestos a brindarle algún tipo de apoyo. Las izquierdas parlamentarias (FA y Nuevo Perú) están más beligerantes que nunca contra el gobierno, pese a que, por ahora, difieren en la táctica para enfrentarlo. El FA plantea otra propuesta de vacancia que ninguna fuerza política respalda y Nuevo Perú acusa constitucionalmente a la Primera Ministra y al Ministro de Justicia por haber realizado un indulto trucho.

Su base política de sustento es enclenque y de futuro incierto. La bancada de PPK ha sido diezmada. Tres de sus mejores cuadros se han ido por desacuerdo con el indulto a AF. Sólo quedan 15 (dos de ellos en el gabinete) que no constituyen una bancada sólida y guerrera, capaz de enfrentar tiempos políticos difíciles. El kenyismo, su otra base de apoyo, es frágil y, por ahora, solo integra a 10 Vengadores enfrentados al keikismo.

Las fuertes y beligerantes oposiciones de todo signo ideológico y la débil base de apoyo político generan una inestabilidad política muy alta y permiten pronosticar una corta duración al autodenominado gabinete de la Reconciliación. Su duración depende principalmente de la forma como se recomponga el Fujimorismo y particularmente el kenyismo. Si este se fortalece y pasa de 10 a 25, como se dijo en un primer momento, entonces el obstruccionismo del keikismo se anula y se superan las dificultades que presenta todo gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado. Si el keikismo se recompone y se fortalece entonces la duración del gobierno y del gabinete es de pronóstico reservado.

La estabilidad y la duración del gobierno dependen también de lo que pase en la calle. Si las olas de las iras sociales crecen, se multiplican, se mantienen un cierto tiempo y se institucionalizan pueden ayudar a resolver los problemas de representación del centro y de la izquierda (Dargent dixit) y pueden poner al orden día el grito masivo y fuerte de que se vayan todos los traidores y corruptos. Si la situación económica empeora, entonces puede entrar en la agenda el cuestionamiento masivo del modelo neoliberal.

Sinesio López Jiménez

Luego de los terremotos políticos del 21 (fracaso de la vacancia) y del 24 (indulto a AF) y de la réplica de la calle del 28 de Diciembre, el país vive una momentánea calma chicha. El Ejecutivo está paralizado y el Congreso hace la siesta. La política de las alturas guarda silencio y ahora comienza a escucharse el grito de los del medio (los jóvenes universitarios) y el murmullo de los de abajo. Los Becerriles, los Salaverrys, las Betetas ya no hieren los oídos y la inteligencia de la gente con sus tonterías y groserías y, gracias a ese silencio, se puede escuchar con nitidez la voz valiente y honesta de l@s jóvenes.

La parálisis política es, en realidad, desconcierto de sus principales protagonistas, de PPK y el gobierno y AF, del fujimorismo y el Congreso. La frustrada vacancia de PPK y el indulto de AF han generado un entrampe del que no saben cómo salir. El fracaso de la vacancia abrió un camino más o menos claro para PPK sobre lo que tenía que hacer, la agenda, los aliados, los adversarios y los enemigos, pero el indulto político a AF cerró ese camino y enturbió todo. El fujimorismo, en cambio, quedó malherido y dividido tanto por la frustrada vacancia como por el indulto.

La dificultad para salir del entrampe se explica, en gran medida, por la incapacidad política de PPK y de AF. PPK es un tecnócrata que opera sólo con la racionalidad instrumental. Para él las gentes son cosas y medios para conseguir determinados fines. Desconoce la racionalidad política, según la cual las gentes tienen derechos, ideas, creencias, valores, esto es, son personas y ciudadanos. AF está enfermo y quizá muy disminuido en sus capacidades que, incluso cuando gozaba de todas ellas, han sido sobredimensionadas y mitificadas. El refugio en la embajada de Japón cuando se produjo el contragolpe del general Salinas y el desconcierto que le produjeron la caída y la fuga de Montesinos nos muestran con claridad las limitaciones políticas de AF.

A la incapacidad política hay que añadir la pérdida de credibilidad tanto de PPK como de AF. Todo eso hace poco o nada viable una política de reconciliación e imposible un gabinete de reconciliación. A lo máximo, esta va a quedar reducida a la familia Fujimori y al fujimorismo y a las relaciones de ellos o parte de ellos (el albertismo-kenyismo) con PPK y con la élite tecnocrática y empresarial que lo acompaña. Con los otros actores políticos y sectores sociales, sobre todo con el antifujimorismo, la polarización será probablemente creciente.

El carácter limitado de la reconciliación permite predecir el sentido y los alcances de la agenda de gobierno en los tres años y medio que vienen, si PPK logra mantenerse en el poder. Volverán a ponerse a la orden del día el destrabe de las inversiones, las reformas neoliberales contra el trabajo, el extractivismo, el piloto automático. Adiós a la “revolución social” que anunció en el inicio de su gobierno.

¿Reemplazará al frustrado golpe parlamentario un golpe de la calle que grita que se vayan todos los políticos corruptos?. Difícil, pero no imposible.