Sinesio López Jiménez

Es aún el mismo Presidente de la República, pero es ya otro gobierno. El Perú ha vivido dos terremotos políticos en el lapso de 4 días. El primero, que amenazaba acabar con el gobierno democrático, sólo produjo una grieta profunda en el edificio fujimorista y grietas menores en las otras organizaciones políticas que operan en el Congreso. El segundo, de mayor impacto, ha reordenado todo el escenario político y está dando lugar a un nuevo gobierno.

El primer impacto de este segundo terremoto –el indulto- ha producido la reubicación política de los ppkausas. PPK ha abandonado el campo del antifujimorismo que le permitió ganar en la segunda vuelta electoral y que le ayudó a salvar el pellejo de la vacancia impulsada por el fuji-alanismo y por el Frente Amplio para terminar entregándose a los brazos del fujimorismo, traicionando a sus electores y a sus aliados anti-fujimoristas.

El segundo impacto tiene que ver con los cambios que se van a producir en el fujimorismo bajo la presencia gravitante de AF.  Una de las primeras movidas que hará es reconciliar a sus vástagos –KF y Kenyi- que disputan su herencia política patrimonial. Un probable desenlace es la reunificación de FP, moderando sus ambiciones para dar un poco de oxígeno al gobierno de PPK. Otro desenlace posible es la recomposición unitaria de FP manteniendo dos alas –una más exigente y otra más moderada- bajo su arbitraje. Es probable que el ala de Kenyi salga fortalecida con la presencia de 25 congresistas. Es difícil que se produzca una ruptura en el fujimorismo, salvo que AF pierda su capacidad de arbitraje.

El tercer impacto es la recomposición de las coaliciones sociales para dar origen a un nuevo gobierno. El fujimorismo sin alas o con las alas pasa a formar parte del gobierno. Aunque no es seguro, pero es probable que el alanismo los acompañe. El grupo parlamentario de Peruanos por el Kambio queda diezmado. Sus mejores cuadros han renunciado y van a seguir renunciando. PPK pierde el apoyo de los sectores democráticos, liberales y de izquierda para formar un gobierno integrado por las derechas y apoyado por todas las derechas. Ya han renunciado algunos ministros progresistas y van seguir renunciado probablemente otros, entre ellos Jorge Nieto, ministro de Defensa.

El cuarto impacto es la reorganización de fuerzas en el campo de la oposición abandonado por el fujimorismo. Las oposiciones estarán integradas por organizaciones y partidos de centro y de izquierda. Por ahora aparecen fragmentadas, pero la oposición al nuevo gobierno fuji-PPK-alanista puede unificarlas en torno a ciertas demandas concretas, como la lucha contra la corrupción, contra el indulto y contra impunidad. Si la economía sigue estancada es probable que el modelo neoliberal sea puesto en cuestión.

El quinto impacto de indudable importancia política es el despertar de la sociedad civil y el vigoroso movimiento de los jóvenes contra el indulto. Si se generaliza en todo el país y se masifica puede tener un fuerte impacto en la política y en el gobierno obligándolo a retroceder en medidas como el indulto y el encubrimiento de la corrupción por el nuevo gobierno.

                                   Sinesio López Jiménez

1. La moda en AL es el golpe parlamentario que sustituye al golpe ciudadano (que se vayan todos de Argentina, Bolivia, Ecuador) que, a su vez, fue el sustituto de los tradicionales golpes militares. Todos los golpes tienen un rasgo común: acabar con la democracia y con la legitimidad de origen que, a través de elecciones justas e institucionalizadas, otorgan los ciudadanos a los elegidos para que los gobiernen. La peculiaridad de los golpes parlamentarios es que apelan a la constitución para acabar con la democracia tratando de mantener las formalidades constitucionales. Algunos de estos golpes son chuscos (Paraguay) y otros son sofisticados como el de Brasil contra Dilma Rousseff, pero siguen siendo golpes.
2. A PPK se le acusa de “permanente incapacidad moral” que proviene de mentir sobre su relación con Odrebecht siendo funcionario público. ¿La mentira es una causa suficiente para vacar a un presidente?. Si la mentira fuera una causa de la vacancia, los congresos debieran haber vacado a varios de los grandes farsantes que hemos tenido como presidentes. La mentira es un criterio subjetivo, ligero y arbitrario para vacar a un presidente legítimamente elegido.
3. A PPK se le hacen acusaciones de fondo que es necesario discutir, analizar y tomar decisiones fundadas en el debido proceso para resolverlas. a. A PPK se le acusa de haber usado su empresa (Westfield) para hacer negocios con Odrebecht (y con el Estado) mientras era funcionario público (ministro, Presidente del Consejo del Concejo de Ministro y Presidente de Proinversión), utilizando a Sepúlveda como testaferro. b. Se le acusa también de utilizar la empresa de su amigo Sepúlveda (First Capital) para hacer consultorías ocultando su relación con Odrebecht. c. Se le acusa asimismo de haber recibido dividendos de Westfield gracias a sus negocios indirectos con Odrebecht.
4. PPK ha respondido tardíamente a estas acusaciones en una declaración pública y en una conferencia de prensa. a. Sostiene que, al asumir como ministro, encargó la gestión de su empresa (Westfield) a Sepúlveda, pero se mantuvo como accionista, operación que es absoluta legal y que forma parte de la tradición corporativa. b. PPK afirma que todos los contratos de Westfield fueron gestionados y firmados por Sepúlveda y que él no intervino ni conoció su contenido y que sólo ahora se ha informado de lo que trataban. c. Acepta que recibió utilidades de su empresa porque seguía siendo accionista, lo que es absolutamente legal. d. Acepta también que hizo una consultoría para H2Olmos por encargo de First Capital cuando era un ciudadano privado.
5. ¿Quién tiene la razón en este debate?. Lo que está en debate es la relación entre lo público y lo privado en el capitalismo, especialmente en el capitalismo neoliberal. En el liberalismo del siglo XIX era clara la distinción y la separación, pero en el neoliberalismo se vuelve borrosa y turbia. Los bienes públicos se transforman en negocios privados, las puertas giratorias hacen que un tiempo los funcionarios estén en el negocio privado y otro en la vida pública, las alianzas público- privadas son operaciones turbias propias del neoliberalismo que tocan no sólo al funcionario Kuczynski sino a todos los gobiernos. Este problema estructural no se resuelve con un golpe contra la democracia.

Sinesio López Jiménez

Ni PPK estaba seguro de que había triunfado, ni KF estaba convencida de que había perdido. Así comenzó el sainete que el Perú vive desde julio del 2016. PPK y KF habían competido en la segunda vuelta, pero no sabían a ciencia cierta qué cosas los separaban para llevarlos a la confrontación. De hecho, PPK siempre había coincidido con el fujimorismo casi en todo, en particular con el modelo económico neoliberal. En el 2011 PPK fue uno de los más entusiastas soportes de KF frente a Humala.

¿Qué pasó?. ¿Por qué PPK dejó de ser hincha del fujimorismo y pasó a ser su principal opositor?. En realidad, PPK fue una creación precipitada del anti-fujimorismo para enfrentar a KF en la segunda vuelta. El mismo no estaba muy convencido de encarnar esa representación y, pese a que la asumió casi de mala gana, triunfó con un margen muy estrecho.

Una vez en el gobierno, el anti-fujimorismo como corriente de opinión se ha mantenido o ha crecido, como revelan las encuestas, pero su representación política se ha ido debilitando y empequeñeciendo. PPK ha dicho discursos y ha hecho muchos gestos de acercamiento al fujimorismo, pero este ha optado por la polarización con el gobierno para desgastarlo y hundirlo.

Quiérase o no, la dinámica política del país sigue dependiendo de la confrontación entre el fujimorismo y el anti-fujimorismo. La peculiaridad de la situación actual es que PPK ya no es ni quiere ser el representante del antifujimorismo y quiere ser más bien su socio, pero el fujimorismo no lo quiere como socio sino como su rehén. Por las últimas declaraciones del Presidente sabemos que no le disgusta la idea de ser un secuestrado feliz de KF. La tensión entre el fujimorismo y el antifujimorismo tiene diversas lecturas dentro y fuera del gobierno:

1. KF no ha aceptado la derrota electoral y se ha propuesto gobernar desde el Congreso aplicando las principales medidas de su programa de gobierno.
2. Ante la inviabilidad de gobernar desde el Congreso, el neofujimorismo despliega una dictadura parlamentaria para someter a los poderes del Estado y desbarrancar al gobierno. Si no lo hace aún es porque no sabe qué hacer con el gobierno luego de un golpe parlamentario y desconoce los costos que tendría que pagar.
3. La situación de polarización obedece a la existencia de un gobierno dividido en el que el Ejecutivo está en manos de PPK y el Congreso en manos de KF. La cosa se complica por el excesivo control que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo.
4. El problema de fondo no radica ni en el fujimorismo dictatorial ni en la situación de gobierno dividido sino en el propio PPK quien no quiere ejercer la función de un Ejecutivo vigoroso y fuerte ni quiere limitar (salvo la exigencia del voto de confianza a Zavala) la voracidad del neofujimorismo. ¿Qué factores explican este comportamiento de PPK?. ¿Obedece sólo a que ya no se siente un representante del anti-fujimorismo y que quiere ser más bien socio de KF o se siente entrampado en las redes del Lava Jato que le impiden actuar con libertad y sin miedo?. Volvemos con algunas hipótesis sobre este tema.

Sinesio López Jiménez

Los fujimoristas se ufanan del control político que ha hecho posible la presión preventiva de los grandes empresarios coludidos con la corrupción de Odrebecht. En vez de ufanarse, debieran tener vergüenza porque el control político es arbitrario: está sometido a intereses particulares, a arbitrariedades y a otros factores de carácter subjetivo. Lo que es democrático es el control institucional, esto es, el control político sometido a reglas de juego, a procedimientos y leyes que eviten el abuso. Que el fujimorismo se vanaglorie del control político a secas revela ignorancia, autoritarismo o ambas cosas a la vez.

La prisión preventiva de los magnates del capital tiene mucho de espectacular. Pocos esperaban que la justicia, siempre timorata y encubridora, se metiera con los grandes. Hasta ahora la prisión preventiva, ha sido utilizada para apresar a los débiles y encubrir a los ricos y a los poderosos. La medida tiene diversas lecturas.

1. En las redes sociales es vista como un acto de justicia y el juez Concepción Carhuancho es catalogado como un héroe porque, teniendo un origen andino, se ha atrevido a encarcelar a un Miró Quesada, perteneciente a una de las familias más encumbradas y rancias del país. Para las redes, la prisión de los poderosos intocables tiene algo de justicia poética.
2. Los críticos del fujimorismo interpretan la medida judicial como una manera de quitarle piso a la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación y otros Fiscales. Sostienen con razón que una investigación judicial, base del pedido de prisión preventiva, no se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo y mucho trabajo de acumulación de pruebas y evaluación de las mismas.
3. Los fujimoristas leen la orden de prisión preventiva de los encopetados del capital como el éxito logrado gracias al control político ejercido por ellos. Sostienen que, sin la presión del fujimorismo, los fiscales y jueces hubieran seguido arrastrando los pies y negándose a investigar a Graña y Montero y compañía. La verdad es que la investigación a Graña y Montero es un pretexto porque lo que realmente busca el fujimorismo es blindar a KF y a Ramírez, exsecretario general de FP.
4. Los fiscales y jueces niegan que sus acciones de investigación y sus decisiones estén sujetas a presiones políticas. Ojalá fuera así. La historia pasada y reciente muestra, sin embargo, que las instituciones judiciales han estado y siguen estando sometidas a la presión del poder político y de los medios. Esto es más cierto en lo que se refiere a la prisión preventiva que se ha convertido, no en una medida de justicia, sino de abuso celebrado, a veces, por las galerías. Ollanta y Nadine están presos por presión mediática y política de sus enemigos. Ahora, a los que exigieron su encarcelamiento les están aplicando la misma medicina.
5. Cabe también otra lectura. Los fiscales y jueces han tomado estas medidas drásticas contra los poderosos del capital para tomar impulso y asaltar de una buena vez las fortalezas del poder político. Si esto es así, entonces KF y AG tienen poco que celebrar. Si no fuera así, sería una vergüenza para fiscales y jueces de consecuencias imprevisibles para el orden democrático del país.

Sinesio López Jiménez

Con honrosas excepciones, casi todos los principales candidatos de los procesos electorales de este siglo han pasado por el aro de Odrebrecht o de cualquier otra empresa brasileña. En el siglo pasado los financistas fueron empresarios, banqueros, organismos partidarios internacionales (socialdemocracia, socialcristianismo) e, incluso, el narcotráfico. La relación entre el dinero y la política electoral se volvió intensa cuando la TV entró en juego porque es un medio caro, pero efectivo.

El financiamiento privado no es una donación desinteresada sino una inversión que rinde altos dividendos si el candidato financiado tiene éxito electoral. Entonces llega la hora de pagar y de cobrar con políticas públicas que favorecen a los financistas. Este hecho indiscutible ha obligado a algunos sistemas políticos a regular el financiamiento privado de las campañas electorales. La exigencia mínima es la transparencia: los partidos están obligados a informar quienes son sus financistas. En otros, como en México, se prohíbe el financiamiento privado, sólo existe el financiamiento público y se acaba con el problema.

En nuestro caso el financiamiento privado no es transparente ni en sus ingresos ni en sus gastos. Los partidos hacen sus informes falsos que la ONPE termina aceptándolos y organismos como Transparencia Perú los toman como referencia (Ingresos y gastos de campañas electorales del 2006 al 2016, 9 de marzo del 2017). Lo primero que se constata en estos informes es que los ingresos recaudados para las campañas electorales han subido vertiginosamente de casi 25 millones de soles en 2006 a casi 64 millones de soles en 2016.

Los ingresos que más han crecido son los que se refieren a actividades partidarias (rifas, polladas, cocteles) justamente cuando los partidos han colapsado o están moribundos. En el 2006 esos ingresos eran el 3% de los ingresos de campaña, suben a 23% en el 2011 y a 16% en el 2016. Los partidos que más hicieron trabajar a sus militantes fantasmas fueron Gana Peru y Alianza por el Gran Cambio: Más de un tercio de sus ingresos para la campaña del 2011 vino de actividades partidarias. En 2016, el 61% de los esforzados militantes de Alianza Popular (AG) y el 31% de los activistas de FP. También las contribuciones personales son, en gran medida, falsas.

¿Son creíbles estas cifras?. En ninguno de estos informes partidarios a la ONPE aparece el financiamiento con el que Odrebecht dice haber apoyado a los principales candidatos. ¿Quién miente?. Los escándalos mediáticos y judiciales han deslegitimado a los informes partidarios a la ONPE, al financiamiento privado y a los candidatos, independientemente de su orientación ideológica, que recibieron el respaldo de Odrebecht.

No todo está perdido, sin embargo.  En el 2016 tuvimos candidatos importantes de diversa orientación ideológica (Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea, Goyo Santos) que no fueron manchados por el dinero corrupto de Odrebecht ni de otra empresa brasileña. Verónica, incluso, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta sin haber derrochado dinero en propaganda televisiva ni en paneles de publicidad.

                                               Sinesio López Jiménez

Algunos analistas discuten si los fujimoristas, al destrozar las instituciones, romper el equilibrio de poderes y amenazar a la democracia, lo hacen por torpeza o por lucidez. No importa si son galgos o podencos. Tampoco importa su cociente intelectual. Lo que interesa es la intencionalidad y, sobre todo, interesan los hechos. El fujimorismo despliega un conjunto de amenazas a la democracia cuando la Fiscalía reabre el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general de FP, nombra a un fiscal ad-hoc que acusa a KF de dirigir una organización criminal e investiga el financiamiento de Odebrecht de su campaña electoral del 2011. Todos estos destrozos se hacen para acabar con las acusaciones de corrupción a KF y a FP, aunque sus voceros digan que lo hacen para combatirla.

Sorprende la pasividad del país frente a la crisis política que estamos viviendo. El fujimorismo está destrozando las instituciones democráticas, pero nadie mueve un dedo para detenerlo. Los fiscales son una honrosa excepción. Ellos se están movilizando en todo el país en defensa de su autonomía. Los jueces debieran hacer lo mismo no sólo por solidaridad sino porque ellos son los que siguen en la lista de atropellos fujimoristas.

Sorprende sobre todo la desidia del Ejecutivo que se está comportando como si con él no fuera la cosa, justamente cuando su desbarrancamiento es el objetivo final de los desmanes del fujimorismo. Ni iniciativa, ni voz, ni un gesto para detener las arbitrariedades de la mayoría del Congreso. PPK olvida que, en un régimen presidencialista, el Ejecutivo tiene una cierta preeminencia dentro del equilibrio de poderes y ese olvido lo lleva a comportarse como primer ministro en cuarentena que va a abandonar el cargo porque la correlación de fuerzas de un régimen semi-presidencial ha cambiado.

¿Y los partidos democráticos tienen algún interés en defender la democracia?. Hasta ahora lo único que han hecho es votar en contra de la acusación constitucional contra el Fiscal de la nación. Algo es algo, pero podrían hacer más para salir del marasmo en el que se encuentran y superar su debilidad política. Esta es la ocasión para organizar un frente de defensa de la democracia, antes que sea demasiado tarde. En vez de arañarse entre ellos, debieran unirse y movilizarse contra las pretensiones golpistas del fujimorismo.

¿Y la sociedad civil puede hacer algo por la democracia?. Muy poco porque se ha debilitado mucho, pero ahora podría despertar y fortalecerse, en particular el sector mesocrático. Para que los sectores populares defiendan la democracia, los gobiernos democráticos tienen que preocuparse por ellos desplegando políticas que satisfagan sus necesidades materiales.

¿ Y a los medios les interesa la democracia?. Sí y mucho. En medio de la debilidad política generalizada, ellos tienen un poder enorme que necesitan desplegarlo para defender la democracia. Hic Rodhus, hic salta. En realidad, la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción requieren la participación de todos los sectores democráticos y honestos.

                                   Sinesio López Jiménez

Las reiteraciones y precisiones hechas por Odrebecht a pedido de los fiscales peruanos han cambiado la situación política del país. El ha dicho que era política de su empresa financiar las campañas electorales de los candidatos con opción de llegar al gobierno desde el 2006 en adelante y que la excepción ha sido Humala quien, no siendo favorito, fue financiado a pedido de Lula. Ha afirmado también que Barata puede informar sobre los fondos precisos que entregó a cada candidato. Debido a que la Fiscalía ha calificado la recepción de fondos electorales como lavado de activos, casi todos los principales líderes políticos están en la picota y pueden ir formando cola para entrar a la Diroes.

KF y AG, quienes estaban pasando piola y negando todo financiamiento de sus campañas electorales por Odrebecht, han pasado a la defensiva y PPK ha sido metido en la colada como consultor y probable receptor de fondos para su campaña electoral del 2011. KF y AG se defienden desplegando una lógica de idiotas para idiotas. KF sigue afirmando que no conoce a Odrebrecht y que ella no ha recibido un solo centavo de esa firma para sus campañas electorales. Cuando la Fiscalía logre demostrar, por confesiones de Barata, el financiamiento de Odrebecht a su campaña electoral del 2011, ella seguirá diciendo que no sabía nada porque no estaba metida en el manejo financiero de la campaña. Alguien tendrá que pagar pato por ella, pero ni ella ni FP quedarán indemnes.

García, a su vez, afirma que Odrebecht, pese a haberlo identificado, no ha dicho que AG ha recibido coimas, justamente cuando Barata y otras fuentes han señalado que funcionarios de su gobierno muy cercanos a él han cobrado jugosas coimas de la empresa brasileña. Odrebecht ha dicho también que la empresa contrataba a algunos políticos como consultores o conferencistas para “curar heridas” (caso Kuczynski) o “apoyar a los expresidentes” (caso García). Estos pagos son, en realidad, sobornos disfrazados.

Para salir de esta situación engorrosa y desesperada el fujimorismo tiene un objetivo inmediato y otro mediato. El inmediato es, a partir de su mayoría congresal, tener en sus manos casi todos los controles institucionales (Fiscalía, Poder Judicial, CNM, TC) para conseguir luego el objetivo mediato: el golpe parlamentario declarando la incapacidad moral de PPK. ¿Podrá el fujimorismo lograr estos objetivos?. Es difícil porque ha cometido algunos errores políticos decisivos. Señalo dos: sobrevaloración de su fuerza política parlamentaria y apertura de muchos frentes que pueden ser su Waterloo.

Con el 36% de los votos el fujimorismo controla el 55% de los congresistas gracias al sistema proporcional con vallas que rige la elección del Congreso que, además, se ha devaluado mucho con la oposición obstruccionista que despliega frente al gobierno. Con motivo de las declaraciones de Odrebecht hoy no se enfrenta solo al gobierno y a las izquierdas sino también a algunas instituciones importantes (Fiscalía, TC) y a los medios poderosos, salvo a la prensa neochicha (Exitosa, Correo, Expreso). Mi impresión es que la intentona golpista del fujimorismo se encamina al fracaso.

Sinesio López Jiménez

El fujiaprismo está desplegando una serie de acciones desesperadas para impedir la investigación de corrupción de sus líderes. Las acusaciones constitucionales contra el Fiscal de la Nación y contra cuatro miembros del TC y la presión de la Comisión de Constitución del Congreso para obligar a PPK a declarar ante la Comisión del Lava Jato son movidas estratégicas que se encaminan a un golpe del Congreso Fujimorista.

Todo indica que el Apra y el fujimorismo han perdido el tradicional control que ejercían sobre los fiscales. Hasta hace poco venía funcionando la capacidad de encubrimiento de algunos fiscales que arrastraban los pies cuando tenían que investigar a KF y a AG. De repente la situación ha cambiado para bien por razones que aún no sabemos con claridad. Es probable que el hostigamiento sostenido y las amenazas burdas contra el Fiscal de la Nación y contra otros fiscales encargados de investigarlos hayan sido un boomerang que ha producido efectos contrarios a los esperados. La acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación ha generado, por ejemplo, una reacción más dura y firme del acusado y ha convocada la solidaridad del cuerpo de fiscales.

La Comisión del Lava Jato, organizada para acusar a los enemigos del fujiaprismo y para lavar la cara a sus líderes, tampoco ha logrado sus objetivos. Incapaz de producir datos propios sobre la corrupción, buscó a la mala apoyarse en datos prestados de la fiscalía que los obtenía, a su vez, de los organismos brasileños y norteamericanos de justicia y de la información financiera de Suiza. Los roces permanentes entre esa comisión y la fiscalía han terminado en un conflicto de poderes.

La designación de fiscales ad-hoc para investigar a los líderes del fuji-aprismo, la acusación contra KF y AG de estar a la cabeza de organizaciones criminales, la decisión firme de interrogar a Odrebecht y de concederle facilidades a Barata para que diga toda la verdad sobre la corrupción en el Perú han sacado de sus casillas a la mayoría del Congreso que ha comenzado a disparar acusaciones constitucionales contra algunos organismos de control.

Todas estas movidas estratégicas desesperadas constituyen casi una confesión de culpa del fujiaprismo antes de saber lo que dirán realmente Odrebech y Barata a los fiscales peruanos que investigan a KF y AG. ¿Tendrán algún efecto estas amenazas en los fiscales?, ¿se mantendrán decididos y firmes en la lucha contra la corrupción o arrugarán ante las amenazas del fujiaprismo?.  No lo sabemos. Es posible, sin embargo, que se mantengan firmes si reciben el respaldo decidido del Poder Judicial, de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los medios, de las organizaciones políticas contrarias al fujiaprismo.

¿El fujiaprismo mantendrá todas estas amenazas contra los organismos de control?. Mi hipótesis es que si las declaraciones de Odrebecht confirman la corrupción de sus líderes van a cumplir sus amenazas antes de acabar en la cárcel. Pienso, sin embargo, que no tendrá éxito  un golpe parlamentario si hay la resistencia firme del gobierno, de los ciudadanos, los medios y de las organizaciones políticas antifujimoristas.

Sinesio López Jiménez

Los cambios electorales que viene haciendo el Congreso muestran que carecemos de una élite política capaz de entender, enfrentar y resolver los desafíos que la actual crisis política nos plantea. Esta crisis no toca sólo al sistema electoral sino que se extiende al sistema de partidos y a la forma de gobierno.

Su solución requiere una propuesta de conjunto que permita una articulación adecuada de estos tres elementos del sistema político. Las mejores reformas parciales son las que nacen de una propuesta global de reforma política. Los cambios actuales son parciales y desarticulados porque carecen no sólo de una perspectiva global de reforma política sino también de una propuesta coherente de reforma electoral puesto que se rechazó aquella que había logrado desarrollar la Comisión presidida por la congresista Donayre.

La formulación de una propuesta de reforma global requiere discutir previamente tres temas fundamentales del sistema político: las crisis de representatividad y de representabilidad y las posibles formas de resolverlas, las deficiencias de la democracia que tenemos y las posibles modalidades de construir la democracia que queremos, los problemas de gobernabilidad que traban la eficiencia y la estabilidad de los gobiernos y las probables salidas para superarlos. Un esclarecimiento fundamentado de estos temas ayuda a diseñar mejor tanto la reforma política global como la reforma electoral.

Los cambios electorales hasta ahora diseñados por el Congreso configuran, no una reforma electoral, sino una contrarreforma política que tiene las siguientes características: Primera, la construcción de un sistema político elitista y cerrado que bloquea las posibilidades de renovación de un sistema político agotado. Los partidos que se inscribieron con cien mil firmas exigen a los nuevos cerca de ochocientos mil adherentes y convierten, de ese modo, a la política en coto cerrado de colapsados “partidos” caudillistas, algunos de los cuales siguen en la arena política gracias a los favores del anterior JNE. Esta cerrazón elitista es reforzada con la maniobra insensata de exigir tres años de militancia a los futuros candidatos a la presidencia.

Segunda, se mantiene una competencia electoral injusta y abierta a la corrupción debido a la aceptación del financiamiento privado de las campañas electorales. Los beneficiados con el financiamiento privado son, además de los canales de TV y las cadenas radiales, los partidos de derecha y los mismos financistas privados que buscarán recuperar con creces la inversión hecha en las campañas una vez que sus candidatos favoritos accedan al gobierno. La política sigue siendo un negocio para los políticos y para los financistas de las campañas electorales.

Tercera, la configuración de un sistema electoral confuso y costoso. La mayoría congresista potencia el error de García que estableció la segunda vuelta para aquellos casos en los que ningún candidato regional alcanzara el 30% en la primera vuelta. La legitimidad por desempeño no depende de la legitimidad de origen sino de la capacidad de dirección y gestión de los gobernadores, del equipo técnico que los apoya y de los recursos que dispone.

Sinesio López Jiménez

Las fallas crónicas en la realización de los censos que presenta el Estado peruano no sólo muestran las dificultades que tiene para contar la población sobre la que ejerce su jurisdicción sino que es un síntoma mayor de su carencia de capacidades para realizar bien las funciones que tiene.

Los investigadores utilizan, entre otras variables, la implementación del censo como un indicador de la capacidad general del estado para llegar al territorio nacional y recopilar información sobre sus residentes. Soifer (State building in Latin America, Cambridge Press, 2015), por ejemplo, clasificó a los países de AL según el número de censos realizados entre 1840 y 1920 y encontró una clara brecha entre los países líderes (Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil) y los rezagados (Perú y Paraguay) en la capacidad de censar a su población. Esta falla censal está vinculada a otras fallas de las capacidades estatales (coercitiva, legal, efectividad burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos, etc).

“La concentración de las fuerzas armadas y de los recursos financieros necesarios para mantenerlas requiere la concentración de un capital simbólico de reconocimiento o legitimidad”, afirma Bourdieu. El desarrollo del reconocimiento de la legitimidad de las recaudaciones oficiales habría llevado a la emergencia del nacionalismo  en la población y en los agentes estatales y de una competencia de soberanía, para acuñar moneda, por ejemplo. Paralelamente el Estado va concentrando el capital informacional y va unificando el mercado cultural.

El Estado efectúa las operaciones de totalización (mediante el censo, la estadística o la contabilidad nacional), de objetivación (mediante la cartografía y la escritura) y de codificación o unificación cognitiva que favorece la unificación del mercado cultural. El capital simbólico es la condición o el acompañamiento de todas las demás formas de concentración duraderas del poder estatal. De modo que el Estado, poseedor de medios para imponer e inculcar principios duraderos de organización, es la sede de la concentración y del ejercicio del poder simbólico (Bourdieu, Pierre. Razones Prácticas, Anagrama, Barcelona, 1997).

La falla censal revela también la dificultad del Estado para construir y organizar la memoria del Perú. Alexis de Tocqueville, el teórico más importante de la política del siglo XIX, se zambulló en los archivos, censos y libros viejos de las bibliotecas francesas para analizar la continuidad y la ruptura en la revolución y encontró que la Francia de su tiempo estaba viva y coleando en el siglo XVII. Ellos “son el testamento de la antigua sociedad francesa, la expresión suprema de sus deseos y la manifestación auténtica de sus últimas voluntades… Cuando se tiene una administración pública organizada y se visitan sus archivos no sólo se tiene una idea exacta de sus procedimientos sino que el país entero se revela en ellos. Ella influye no sólo en asuntos públicos sino también en la vida privada: Además no daba a publicidad sus gestiones, lo que hacía que no se temiera acudir a ella para exponer incluso las más secretas lacras” (Tocqueville, 1966, El antiguo régimen y la revolución).