Sinesio López Jiménez

Así se llamó el gabinete que, en mayo de 1968, buscaba resolver los conflictos y la parálisis del gobierno dividido (que existió entre 1963 y 1968) en el que el Ejecutivo estaba en manos de la Alianza AP-DC y el Congreso estaba controlado por la Coalición Apra-UNO.

Pasada la euforia de los 100 primeros días en los que Belaúnde llamó a una gran movilización social (Cooperación Popular) e impulsó diversas reformas, la Coalición Apra-Uno tomó la iniciativa política y se erigió en una enorme fuerza obstruccionista que, desde el Congreso, se oponía todo cambio antioligárquico, censuraba ministros y echaba abajo gabinetes enteros por quítame estas pajas.

Belaúnde renunció a impulsar las grandes reformas desde el Ejecutivo y se limitó a sobrevivir en medio de una lucha política que era, en realidad, una pugna sorda por  controlar el gasto público. (En esa época los parlamentarios tenían capacidad de gasto, como quieren tenerlo ahora los fujimoristas). Esa pugna generó en los últimos años de gobierno un significativo déficit fiscal y sobrevino la inflación. Crecieron el descontento y la protesta social y la alianza AP-DC y la Coalición APRA-UNO entraron, cada una por su lado, en crisis interna, se fraccionaron y dieron origen a nuevas coaliciones.

Se rompió la Alianza AP-DC, AP se dividió entre el carlismo (Ulloa y Belaúnde) y los termocéfalos (Edgardo Seoane), la DC también se fracturó dando origen a la DC de Cornejo y al PPC de Luis Bedoya Reyes. La Coalición APRA-UNO experimentó una crisis, particularmente la Unión Nacional Odriísta (UNO) que se dividió entre el sector oligárquico presidido por Julio de la Piedra y otro conformado por el gamonalismo y un sector de la clase media conservadora.

A partir de estas fracturas surgió el gabinete conversado presidido por Oswaldo Hercelles repaldado por el carlismo, el PPC, el Apra y el sector oligárquico presidido  por Julio de la Piedra. Quedaron fuera los termocéfalos, los cornejistas y un sector del Odriísmo. Algunos medios llamaron al reencauchado gobierno de Belaúnde y al gabinete conversado el gobierno de la Superconvivencia que clausuró toda posibilidad de cambios antioligárquicos y abrió las puertas a un temprano neoliberalismo que el golpe institucional de las FF.AA  frustró para retomar las profundas reformas antioligárquicas que se venían reclamando desde 1930.

Mutatis mutandis, hay algunas similitudes entre el gabinete conversado Hercelles de 1968 y el presidido por Mercedes Araoz ahora. Ambos son formas de resolver los problemas y conflictos de un gobierno dividido y ambos se apoyan en una recomposición de las fuerzas políticas. La diferencia central es que el actual surgió luego que el fujimorismo le negara el voto de confianza al gabinete Zavala y apareció en el horizonte la amenaza de la disolución del Congreso, recurso constitucional que no tenía el gobierno de FBT en 1968. Lo que más llama la atención es que el gabinete Araoz trata de borrar el trazado de la cancha que hizo el gabinete Zavala. Los escenarios que se vienen son de pronóstico reservado.

Sinesio López Jiménez

El encubrimiento de los corruptos es una forma de corrupción. Forma parte del engranaje de la corrupción porque trata de evadir la justicia y proteger a los corruptos. ¿A quiénes encubren?, ¿de qué los encubren?, ¿por qué los encubren?.  Los personajes políticos que los encubridores no quieren investigar o investigan superficialmente son KF, AG y al alcalde Castañeda. Se busca encubrir a KF y a AG de la acusación de financiamiento electoral por Odrebecht que, para los fiscales, es lavado de activos. Los fiscales no se han preguntado siquiera cómo Castañeda ha financiado sus campañas electorales para la alcaldía de Lima y la presidencia de la República en el 2011. También hay un gran silencio sobre el financiamiento de la campaña electoral de AG en el 2006.

Se encubre a AG y a todos los ex-presidentes y ex-ministros en el tema de las múltiples adendas a través de las cuales se sobrevaloran las obras públicas y de las cuales salen las coimas. Estas no llegan solas. Nacen y vienen de las adendas gravosas. Pero sólo se les ha echado el guante a las pirañitas   y se está dejando escapar a los tiburones. Ni se hurga siquiera en las conexiones entre adendas y coimas y en todos sus probables beneficiarios. Además,  ¿la sobrevaloración de la obra pública no es un delito en sí mismo?. En todo caso, es una forma de asalto al fisco.

Para mí son un misterio las razones por cuales Castañeda pasa piola. Me parece que ya no tiene futuro político ni siquiera como Alcalde Lima ni menos como presidente de la república. En cambio, con KF y AG no pasa lo mismo. KF controla al Congreso ahora y podría tener más poder en adelante. AG no tiene poder ahora, pero se cree ingenuamente que puede tenerlo en el futuro. En el encubrimiento a KF y AG hay un mix entre simpatías y temores. Varios de sus encubridores son simpatizantes de KF y AG y otros temen que su futuro se vea truncado por el mayor poder que esos políticos puedan tener en el próximo gobierno.

Además de Barata, de los fiscales, de los jueces y de la Comisión de Lava Jato del Congreso hay otros encubridores. En primer lugar, la antigua Contraloría que estuvo a cargo de los dos o tres contralores anteriores. Se dedicaron a investigar a los gobiernos locales, pero a las adendas, que tienen el tamaño de un elefante, no las vieron. Se hicieron los ciegos ante la gran corrupción. ¿Por qué no se les investiga?, ¿Quién controla a los ex-contralores?. ¿Ante quien tienen que rendir cuentas?

En segundo lugar, la ONPE que, según algunos medios, estaría negándose a informar sobre los gastos de las campañas electorales de los principales candidatos como si fueran un asunto privado y secreto. Las campañas electorales son públicas y su financiamiento tiene que ser público. Todos tenemos derecho a saber quiénes son los que financian a los candidatos y a sus campañas electorales. En otras oportunidades, la ONPE ha cumplido con informar sobre los desbalances de los gastos electorales de los diversos candidatos. Por eso, resulta incomprensible que ahora se niegue a informar sobre ellos y sobre la procedencia de los fondos con los que se financian.

Sinesio López Jiménez

Recién y de mala gana la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la entrega de fondos de Odrebecht para la campaña electoral del 2011 a Keiko Fujimori, algo que se sabía desde hace varios meses, pero que algunos fiscales, incluido el Fiscal General, habían tratado de negar y encubrir.

De no ser por los Tribunales de Justicia de Brasil y por el Departamento de Justicia de los EE.UU y, en especial, por las acuciosas y valientes investigaciones periodísticas de Gustavo Gorriti y su equipo de IDL y de Hildebrant en sus Trece poco o nada sabríamos de los financiamientos de las campañas electorales de los principales candidatos del 2011. ¿Y el 2006?. Fiscales y jueces sólo han hurgado y están juzgando a Humala por el financiamiento de Venezuela. ¿Y quiénes financiaron las campañas electorales de García y Lourdes Flores en el 2006?. ¿Odrebecht financió o no esas campañas?. Si investigan el financiamiento de la campaña de Humala de ese año, por equidad tendrían que investigar el de los otros dos candidatos principales.

Bien vistas las cosas, se puede señalar un conjunto de encubrimientos: En primer lugar, Barata, quien acusó a Humala, pero no dijo nada de KF ni de AG. Si el propio Odrebecht no hubiera declarado o escrito en su agenda nada sabríamos al respecto. No sabríamos que Barata era anti-Humala y pro-KF y no sabríamos que KF recibió más financiamiento que Humala. ¿Cuánto recibió en total KF?.

En segundo lugar, la Fiscalía mintió sobre las declaraciones de Odebrecht sobre KF y AG cuando publicó un largo comunicado que trataba de desmentir las investigaciones veraces de Gorriti. El Fiscal anterior dio su visto bueno a la relación de ingresos hecha por el propio García. A ese fiscal le pareció normal que su ex- Presidente del Consejo de Ministros, acusado de corrupción, le diera al “doctor” García una chamba sobrepagada en la universidad que regenta como si fuera dueño. Le pareció normal que García cobrara 50 o 100 mil dólares por una conferencia pagada por una Corporación o un holding que había ganado una licitación en su gobierno. ¿Esos pagos no son disfraces de sobornos?. Ni FH Cardoso, el Presidente más ilustrado de AL, ha cobrado esas sumas por una conferencia.

En tercer lugar, algunos jueces cuyos encubrimientos sería largo enumerar. Sólo quiero hacer una pregunta ingenua a los jueces: ¿Por qué los petroaudios no valen como prueba procesal porque fueron obtenidos de manera ilegal y, en cambio, las agendas de Nadine Heredia si valen, pese a que fueron obtenidas de la misma forma?.  No convence la afirmación del Presidente de la Corte Suprema, a quien valoro y respeto, según la cual cada juez tiene su propio criterio. ¿Y la jurisprudencia?. ¿Y la equidad?.

En cuarto lugar, las Comisiones de Investigación del Congreso, especialmente la del Lava Jato. ¿Qué cosas nuevas ha descubierto?. La de Lava Jato más que Comisión de Investigación parece una comisión de encubrimiento. Es por eso quizá que García está desesperado por ir a declarar para que lo limpien. Los defensores del gobierno más corrupto de la historia quieren aparecer hoy como paladines de la moral pública. Dejo para otra ocasión el señalamiento de otros encubridores.