Sinesio López Jiménez
La larga huelga de los profesores ha sacado a luz la grave crisis de la educación pública y ha puesto sobre el tapete la necesidad impostergable de cambiarla. La crisis consiste en la desvalorización social y política de la educación pública que se expresa en el bajo nivel del gasto público que los gobiernos le dedican, en los salarios bajos de los profesores, en la pésima infraestructura educativa, en la carencia de bibliotecas y laboratorios y, en general, en su baja calidad.
Perú (3.8 del PBI), Colombia (3.1) y República Dominicana (2.8) son los países latinoamericanos que menos gastan en educación mientras Brasil (8.3), Argentina (8.0) y Costa Rica (7.8) son los que más gastan en ella. Incluso Venezuela, Ecuador, Bolivia gastan más del 5% de PBI en educación.
La desvalorización social y política de la educación ha generado una acentuada discriminación social. La educación pública, en la práctica, ha quedado relegada a las clases populares y pobres mientras la educación privada, por lo general, se orienta hacia las clases medias y altas. Las elites que manejan el Estado y la economía reclutan sus altos funcionarios y sus cuadros directivos de los mejores centros de la educación privada y relegan a trabajos menos calificados a los que proceden de la educación pública, salvo excepciones.
Esta triste historia comienza en los sesenta del siglo pasado cuando la educación pública en todos los niveles se masificó por el acceso de los de abajo a los colegios y universidades públicas, pero los gobiernos, lejos de incrementar el gasto público para acompañar la creciente demanda educativa, la abandonaron a su suerte, salvo el primer gobierno de Belaúnde que elevó el gasto educativo al 30% del Presupuesto de la República.
La huelga de los maestros ha generado condiciones favorables para cambiar drásticamente la educación pública porque tiene una alta legitimidad social en la medida que la mayoría de la población respalda sus demandas salariales, pero al mismo tiempo exige, previa capacitación, la evaluación y la mejora de la calidad de los profesores que estos rechazan porque implica despido de los que fracasan por tres veces consecutivas. Este es un punto polémico. Es cierto que no se puede evaluar a los hambrientos, como dice Nicolás Lynch, pero es cierto también que si mejoran los salarios y las condiciones de vida de los maestros, estos no pueden negarse a ser evaluados. El gobierno puede quizás comprometerse a reubicar a los que no rinden como maestros. El pueblo tiene derecho a recibir una buena educación. Si los profesores persisten en rechazar la evaluación y siguen la huelga, esta sufrirá una inexorable pérdida de legitimidad y la derrota será inevitable.
La revaloración de la educación pública pasa por elevar gradual, pero sostenidamente el porcentaje del PBI dedicado a ella hasta llegar al 6%, por lo menos. Esto implica, a la vez, elevar la presión tributaria que es ahora muy baja (13 o 14% del PBI) hasta llegar, por lo menos, a la media de la presión tributaria de AL (21.7). Ojalá podamos llegar a la presión tributaria de Brasil y Argentina que está por encima de 30% y la de la OCDE que llega al 35%.