Sinesio López Jiménez

La larga huelga de los profesores ha sacado a luz la grave crisis de la educación pública y ha puesto sobre el tapete la necesidad impostergable de cambiarla. La crisis consiste en la desvalorización social y política de la educación pública que se expresa en el bajo nivel del gasto público que los gobiernos le dedican, en los salarios bajos de los profesores, en la pésima infraestructura educativa, en la carencia de bibliotecas y laboratorios y, en general, en su baja calidad.

Perú (3.8 del PBI), Colombia (3.1) y República Dominicana (2.8) son los  países latinoamericanos que menos gastan en educación mientras Brasil (8.3), Argentina (8.0) y Costa Rica (7.8) son los que más gastan en ella. Incluso Venezuela, Ecuador, Bolivia gastan más del 5% de PBI en educación.

La desvalorización social y política de la educación ha generado una acentuada discriminación social. La educación pública, en la práctica, ha quedado relegada a las clases populares y pobres mientras la educación privada, por lo general, se orienta hacia las clases medias y altas. Las elites que manejan el Estado y la economía reclutan sus altos funcionarios y sus cuadros directivos de los mejores centros de la educación privada y relegan a trabajos menos calificados a los que proceden de la educación pública, salvo excepciones.

Esta triste historia comienza en los sesenta del siglo pasado cuando la educación pública en todos los niveles se masificó por el acceso de los de abajo a los colegios y universidades públicas, pero los gobiernos, lejos de incrementar el gasto público para acompañar la creciente demanda educativa, la abandonaron a su suerte, salvo el primer gobierno de Belaúnde que elevó el gasto educativo al 30% del Presupuesto de la República.

La huelga de los maestros ha generado condiciones favorables para cambiar drásticamente la educación pública porque tiene una alta legitimidad social en la medida que la mayoría de la población respalda sus demandas salariales, pero al mismo tiempo exige, previa capacitación, la evaluación y la mejora de la calidad de los profesores que estos rechazan porque implica despido de los que fracasan por tres veces consecutivas. Este es un punto polémico. Es cierto que no se puede evaluar a los hambrientos, como dice Nicolás Lynch, pero es cierto también que si mejoran los salarios y las condiciones de vida de los maestros, estos no pueden negarse a ser evaluados. El gobierno puede quizás comprometerse a reubicar a los que no rinden como maestros. El pueblo tiene derecho a recibir una buena educación. Si los profesores persisten en rechazar la evaluación y siguen la huelga, esta sufrirá una inexorable pérdida de legitimidad y la derrota será inevitable.

La revaloración de la educación pública pasa por elevar gradual, pero sostenidamente el porcentaje del PBI dedicado a ella hasta llegar al 6%, por lo menos. Esto implica, a la vez, elevar la presión tributaria que es ahora muy baja (13 o 14% del PBI) hasta llegar, por lo menos, a la media de la presión tributaria de AL (21.7). Ojalá podamos llegar a la presión tributaria de Brasil y Argentina que está por encima de 30% y la de la OCDE que llega al 35%.

Sinesio López Jiménez

El gobierno se muestra incapaz para enfrentar y resolver las situaciones conflictivas. Hasta ahora no tiene una estrategia clara para resolver los conflictos políticos propios de un gobierno dividido dentro de un presidencialismo parlamentarizado. Si se ha llegado a una cierta tregua momentánea no ha sido por iniciativa del Presidente sino de KF, la lideresa de la oposición fujimorista.

Lo mismo pasa con los conflictos sociales. Parece que el gobierno no se ocupa de ellos, no los discute en el gabinete y no tiene sola mirada, un mismo discurso y una estrategia definida para resolverlos. Esto ha sido muy notorio en el manejo de la huelga magisterial. La ministra Martens dice una cosa; Basombrío, otra y PPK, otra diferente. El gobierno aparece tan fragmentado como el SUTEP al que enfrenta.

Otra dificultad que tiene el gobierno es la perspectiva tecnocrática en el manejo de los asuntos públicos que lo lleva desvalorizar la política y a los políticos como un elemento central en el funcionamiento del gobierno. PPK cree que a la gente le interesa “un pepino” la política porque lo que quiere es “ganar mejores sueldos y mejores servicios públicos” (Caretas, 10/08/17) y que eso se logra con crecimiento económico. A veces los liberales son más economicistas que los marxistas vulgares.

Las limitaciones anteriores impiden que cada ministerio tenga un equipo especializado en la resolución de conflictos propios de su área de incumbencia, encargado de diagnosticar y plantear las estrategias más adecuadas y eficaces para resolverlos.

Las dificultades señaladas se acrecientan si se tiene en cuenta las restricciones en las que muere el gobierno para resolver los conflictos sociales de los trabajadores estatales. Una primera restricción es tributaria. El gobierno asigna solo el 3.6 del PBI a la educación para atender necesidades insoslayables: sueldos para los profesores, infraestructura educativa, bibliotecas, capacitaciones, etc. No se puede tener maestros finlandeses con sueldos africanos. Finlandia dedica casi 7% del PBI a la educación. ¿Qué se puede hacer con una presión tributaria de 13% cuando las necesidades son enormes?

La segunda restricción es ideológica. Desde hace mucho tiempo los gobiernos han desvalorizado la educación pública para revalorar la educación privada. El neoliberalismo ha potenciado esta desvalorización porque ha hecho del bien público de la educación un negocio privado en todos los niveles, sobre todo en el nivel universitario. Incluso los maestros que trabajan en las escuelas públicas hacen estudiar a sus hijos en los colegios privados.

La tercera restricción es social. Las protestas y las demandas de los profesores son fragmentadas y el gobierno no sabe con quién negociar. El SUTEP ha dejado de ser un movimiento social unificado para convertirse en movimientos regionales cada uno con sus propias demandas y sus propias direcciones gremiales con distintas orientaciones políticas y con el CEN del SUTEP. Se cruzan y en enmarañan muchos conflictos.

Si el gobierno no supera sus propias limitaciones como actor político y las restricciones que la realidad le pone, no podrá enfrentar con éxito los diversos conflictos sociales.

                                     Sinesio López Jiménez

El caso Humala y Nadine muestra con claridad la falta de autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. Varios factores inciden en este problema, pero me parece que los más importantes son el Congreso fujimorista, el fujimorismo y el Apra como partidos, los medios concentrados y la mediocridad de muchos de sus cuadros.

El poder avasallador del Congreso (controlado por el fujimorismo y por su apéndice aprista) influye (y busca influir más) en todos los organismos de control (Poder Judicial, CNM y TC) y atemoriza o seduce a los fiscales y a los jueces. Ellos creen probablemente que su futuro depende, en gran medida, de la mayoría avasalladora del Congreso. Las Comisiones investigadores del Congreso también los intimidan. La Comisión de Lava Jato, por ejemplo, se ensaña con sus enemigos y encubre a sus jefes, amigos y compañeros.

El fujimorismo y Apra son los partidos que tienen más militantes y simpatizantes en las filas de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ellos se encargan de blindar a los políticos de sus simpatías y de acusar y juzgar con severidad a los que no gozan de las mismas. Hace poco AG se ufanaba de haber salido airoso e impoluto de más de una treintena de veces que ha sido investigado por el Poder Judicial. Los políticos honestos se ufanan, en cambio, de nunca haber pisado las oficinas de un juez.

Los medios concentrados son los que ejercen mayor presión sobre jueces y fiscales. Como todo oligopolio, su poder es inmenso y no tiene contrapesos. Ellos acusan, procesan y juzgan y los fiscales y jueces, que carecen de agenda propia de lucha contra la corrupción, terminan sometiéndose a sus designios. Es probable que la mayoría de la casuística judicial provenga de los medios concentrados que inflan y levantan las acusaciones contra sus enemigos y encubren y silencian las de sus amigos.

Para entender mejor su modus operandi es aleccionara la forma como se escandalizan por los finaciamientos de las campañas de Humala del 2006 y del 2011, pero enmudecen o minimizan los que se refieren a KF y a AG, pese a las declaraciones de Odebrecht que los involucran en el financiamiento de la campaña electoral del 2011. Hurgan en las finanzas de Humala el 2006, pero callan en todos los idiomas sobre las fuentes financieras de AG y Lourdes Flores en ese mismo año. Se comen el sapo, sin hacer ningún gesto, del financiamiento millonario de las campañas electorales de KF con rifas y cocteles. Ella fue el 2011 y es su candidata favorita para el 2021. La concentración de los medios es una seria amenaza contra la correcta administración de la justicia en el Perú. Ella debe entrar a formar parte de la agenda del debate público de hoy en adelante para encontrarle una solución.

Todos estos factores que anulan o menguan la autonomía del Poder Judicial podrían incidir menos en ella si los fiscales y los jueces fueran funcionarios altamente calificados y con entereza moral para resistir esas presiones y chantajes. La justicia necesita jueces y fiscales calificados, valientes y probos para ser creíble.

                                    Sinesio López Jiménez

Chávez llega al gobierno de Venezuela como parte de la pendulación hacia la izquierda (1999) de la ola democrática que se inicia en los 80 del siglo pasado. En el conjunto de presidentes de izquierda se pueden diferenciar a aquellos que asumen una orientación socialdemocrática (Uruguay, Brasil, Chile) de los que asumen una orientación populista democrática. Desde una perspectiva política, los primeros asumen una representación partidista y social mientras los segundos se caracterizan por tener una representación personalista (Venezuela, Ecuador y Bolivia). Estos llegan al gobierno más como representantes del antisistema que como representantes de la izquierda.

¿Por qué a Ecuador y a Bolivia les ha ido más o menos bien y a Venezuela le ha ido pésimo?. Hay varias razones que explican estos distintos resultados. Primera, pese a haber tenido la política social más agresiva de AL que redujo la desigualdad y la pobreza, su política económica ha sido y es mala, orientada principalmente a mantener el extractivismo. Segunda, el agotamiento del boom exportador de petróleo que afectó también a Ecuador pero a Venezuela más porque es el único recurso de exportación. Tercera, las derechas venezolanas no son democráticas porque nunca han aceptado como legítimos los triunfos electorales del chavismo.

Este carácter antidemocrático de las derechas las indujo a propiciar golpes y al gobierno chavista a responder con contragolpes. A la elección de Chávez el 1999, la derecha respondió con el golpe empresarial de Carmona (2002) que fracasó y luego (en 2004) con un referéndum revocatorio que Chávez ganó. En 2009 Chávez gana el plebiscito que aprueba la reelección indefinida.

A la elección de Maduro el 2013, la derecha de Leopoldo López respondió el 2014 con el intento de golpe ciudadano, apoyado por todas derechas de AL. Maduro respondió con una movilización igual o mayor que la de los golpistas. En 2015 las derechas ganan la Asamblea Nacional y Maduro acepta la derrota y sólo cuestiona a cuatro representantes de la selva venezolana. La Asamblea Nacional, en lugar de esperar los plazos constitucionales para realizar las elecciones generales, llama el 2016 a un referéndum revocatorio que Maduro bloquea en forma autoritaria y convoca a una Asamblea Constituyente que las derechas tratan de bloquear con el intervencionismo de USA, de Europa y de AL.

Está dinámica de golpes y contragolpes ha agudizado la polarización política, ha unificado a las derechas, le ha quitado apoyo popular al chavismo, ha dado origen al chavismo crítico, ha convertido al populismo democrático en populismo autoritario y sobre todo ha ido cambiando el régimen político. De democracia defectuosa, como casi todas las de AL, ha pasado a régimen autoritario y se encamina a la dictadura pura y dura. Estas transformaciones han sido hechas a pulso tanto por el chavismo como por las derechas. Ahora Venezuela tiene una dualidad de poderes (AN y AC). ¿Podrán coexistir?. Teóricamente sí porque la AN es poder constituido y la AC es poder constituyente, pero en la práctica no porque ha dado origen a una situación de excepción cuya solución requiere una dictadura de izquierda o de derecha (Schmitt dixit).

Sinesio López Jiménez

El primer año de gobierno, como lo ha reconocido el mismo PPK, ha sido un año mediocre, especialmente en el campo de la economía. La inversión pública y privada ha disminuido, la producción en diversos sectores económicos ha retrocedido y el empleo y las remuneraciones han caído. El crecimiento del PBI este año será a duras penas el 2%.

La polarización política entre el fujimorismo y el anti-fujimorismo se ha mantenido y ha sido atravesada por la fragmentación de las principales fuerzas políticas, incluida la misma FP que hasta ahora aparecía como una fuerza monolítica y disciplinada. El diálogo entre PPK y KF disminuyó por un tiempo breve las tensiones propias del gobierno dividido, pero la elección de Galarreta, un político confrontacional del fujimorismo, como Presidente del Congreso vuelve probablemente a intensificarlas.

La debilidad del Ejecutivo impidió un buen manejo de los conflictos y tensiones que genera un gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado. No logró llegar a un cierto tipo de acuerdo con FP a través del diálogo ni puso límites oportunos a los hostigamientos permanentes del fujimorismo mediante la exigencia del voto de confianza al gabinete por parte del Congreso. En este pulseo de fuerzas ha salido ganando, en la opinión de los ciudadanos, la lidereza de FP.

Según las encuestas, la sociedad está decepcionada por el desempeño de PPK en el primer año de gobierno y algunos sectores sociales han pasado del descontento a la irritación y a la protesta social abierta a la que el gobierno no sabe cómo responder.

Dos son los principales desafíos que tiene PPK en este segundo año de gobierno: el establecimiento de una agenda que oriente su acción gubernamental y la definición de una estrategia que le permita hacerla viable en el difícil contexto político del país y en su condición de Ejecutivo débil.

Los temas centrales de la agenda son, sin duda, la aplicación de un shok de inversiones (públicas y privadas) que mueva la producción y el empleo, la definición de una política eficaz de lucha contra la corrupción que el Ejecutivo debe liderar en coordinación con las organizaciones e instituciones de control, el reforzamiento de las políticas de seguridad ciudadana que viene implementando el Ministerio del Interior y el aceleramiento de la Reconstrucción con cambios del norte en coordinación con los gobiernos regionales y con los poderes locales.

Supongo que la estrategia de PPK para hacer viable la agenda en el campo político pasa por llegar a un cierto acuerdo con FP para llevar la fiesta en paz y, si eso no es posible, limitar el obstruccionismo del Congreso mediante la exigencia del voto de confianza. En el campo social tendría que hacer un llamado a las medianas y pequeñas empresas, además de la CONFIEP, para que participen activamente en la reactivación de la economía. Lo mismo tendría que hacer con los gobiernos regionales y locales que deben recibir un mayor apoyo del gobierno central. Todo este despliegue de iniciativas políticas le permitirá al Ejecutivo fortalecerse como actor político.

Sinesio López Jiménez

La justicia tiene que ser igual para todos.  Si los fiscales han transformado los financiamientos de las campañas electorales (que no son delitos) en lavado de activos para acusar de corrupción a Humala y a Nadine, entonces deben hacer la misma acusación a KF y AG quienes, según Marcelo Odrebecht, han recibido igual o mayor financiamiento. Si este es un delito, todos los candidatos que lo recibieron deben estar presos.

Humala y Nadine atraen los odios de las derechas y las izquierdas. Las derechas no superan el trauma y la humillación de la derrota del 2011. Las izquierdas no olvidan la traición de Humala para ponerse al servicio de las derechas, pero estas no se sienten satisfechas. Ellas quieren más sangre para saciar su sed de venganza. Ya los tienen presos. Ahora celebran la prisión en sus portadas, en sus editoriales y en sus columnas de opinión. Moraleja: Nadie se atreva disputarle el poder a la derecha y menos a ganarle.

El caso de Ollanta y Nadine saca a luz las limitaciones y los sesgos de la justicia en el Perú: el peso de los medios concentrados en el funcionamiento de los poderes del Estado, la captura partidaria y la falta de autonomía del poder judicial y la mediocridad (¿y corrupción?) de ciertos jueces y fiscales. Los medios concentrados le ponen la agenda al poder judicial, levantan exageradamente los casos que los fiscales y jueces deben mirar y juzgar y tapan y encubren otros casos para que la justicia no los vea.

González Prada escribió en 1914 lo siguiente: “Mas nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral, donde los hombres se han convertido no solo en mercenarios sino en mercaderías sujetas a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Una conciencia se vende y se revende hoy en el Perú, como se vende y se revende un caballo, un automóvil o un mueble. Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista, etcétera”. ¿Qué ha cambiado un siglo después?. Nada o casi nada.