Sinesio López Jiménez
La reforma del sistema electoral, si está bien diseñada, puede traer grandes cambios en la política, pero, pese a esa virtud, puede ser una medida limitada sino forma parte de un paquete de medidas que incluya al sistema de partidos y a la forma de gobierno. El Perú requiere una reforma política amplia y radical para dejar atrás la anquilosada política que lo paraliza y para reencontrarse con los profundos cambios que están viviendo AL y el mundo.
Ahora solo quiero discutir los puntos más importantes de la reforma electoral. En primer lugar, la renovación de la política exige facilitar la entrada de sangre nueva a su escenario. Eso se logra disminuyendo la exigencia de inscripción electoral de 4% a 1% o menos del padrón electoral. La propuesta del 4% busca secuestrar a la política, elitizarla al máximo, convertirla en coto cerrado de partidos agotados e impedir el ingreso de las nuevas generaciones a la cancha.
Algunos representantes de los partidos moribundos han hecho propuestas absurdas que incluyen determinados años de experiencia para entrar a la competencia electoral. Esas propuestas pretenden bloquear la representación de una sociedad que está en cambio permanente y que ha convertido a los pretenciosos secuestradores de la política en excrecencias morbosas de la colectividad nacional. Hay que mantener, sin embargo, la valla del 5% para llegar al Congreso y para mantener la inscripción del partido con el fin de darle gobernabilidad al país.
En segundo lugar, el reconocimiento de sectores discriminados a lo largo de la historia requiere un especial sistema de representación. El establecimiento de una cuota de género no menor del 50% con alternancia en la lista de candidatos va en esa dirección. El mismo sentido tiene la fijación de una cuota a los pueblos originarios (como en Colombia) y a las comunidades campesinas tanto para el Congreso como para los gobiernos regionales. Las injusticias históricas no se resuelven solo con medidas de justicia presentista tales como “todos somos iguales ante la ley” sino que son necesarias políticas de compensación positiva.
En tercer lugar, la democratización de los partidos mediante el establecimiento de elecciones primarias obligatorias bajo la dirección de la ONPE para elegir a los candidatos a la presidencia y al Congreso es una buena propuesta más o menos consensual. Es la mejor forma de sustituir el voto preferencial que causa muchos problemas a los “partidos”, al Congreso y a la democracia.
En cuarto lugar, es necesario establecer la equidad en la competencia electoral y defender la autonomía de la política, de los partidos y de los gobiernos frente a los intereses de las grandes empresas, eliminando el financiamiento privado de las campañas electorales y estableciendo el financiamiento público (como en Méjico) y el autofinanciamiento limitado de los militantes del partido. Hay que defender la ética en la política evitando que el dinero sucio entre a la política y a la competencia electoral. Hay un problema de agencia en la realización de estas reformas que debemos superar con la movilización de todos.