Sinesio López Jiménez
La corrupción es destructora de la política, de la sociedad y, a la larga, de la misma economía. Ella conduce a la antipolítica, a la desmoralización social y probablemente al estancamiento económico. Ella ha convertido a algunos políticos de origen social modesto en ampulosos millonarios y ha incrementado significativamente las ganancias de grandes empresas nacionales y extranjeras. No se trata de una empresa, sino de varias, por no decir casi de todas. Stiglitz afirma que en los presupuestos de las grandes corporaciones figura un rubro dedicado a la corrupción.
Para comprenderla a cabalidad hay que desplegar diversos enfoques interdisciplinarios, pero es la economía política la que permite entender algunos aspectos sustantivos de la misma. Sugiero algunas ideas exploratorias sobre el tema.
En primer lugar, hay una relación estructural entre la economía y la política en el capitalismo. Ella consiste en lo siguiente: El Estado promueve la inversión privada y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones del capital y este, a cambio, ofrece los impuestos necesarios para que el Estado se organice y funcione. A los políticos les interesa que a los capitalistas les vaya bien porque de ese modo ellos resultan también favorecidos. Este es un intercambio legalizado y legitimado, pero puede ser fuente de inequidad y de corrupción, en particular por el lado de la capacidad impositiva (evasión, elusión, regresión, etc).
En segundo lugar, hay una relación coyuntural entre la economía y la política que se desarrolla en los procesos electorales competitivos para acceder al gobierno en los regímenes democráticos. La competencia electoral se desarrolla principalmente a través de los medios (en particular la TV) que son muy costosos y obliga a los políticos a buscar los recursos económicos necesarios para financiarla. El financiamiento puede ser público (franjas electorales) o privado que, a su vez, puede ser legal (de individuos o empresas) o ilegal (robos al fisco, coimas de empresas, narcotráfico, etc).
Algunos candidatos han desarrollado sus campañas dentro de la legalidad, pero sospecho que otros han apelado a la corrupción disfrazándola de actividades legales. No es posible ni creíble que algunos candidatos financien sus millonarias campañas electorales con rifas, polladas o contribuciones de sus modestos militantes. El problema es que los organismos electorales son incapaces para controlarlos y el poder judicial es incapaz para juzgarlos y sancionarlos.
En tercer lugar, hay una relación entre la economía y la política que surge de las políticas públicas que despliega el Estado. Para analizar la corrupción en este nivel hay que considerar principalmente cuatro políticas públicas: Las privatizaciones de las empresas públicas, las inversiones públicas, las concesiones del Estado a las empresas privadas y las Alianzas Público Privadas. La corrupción del fujimorismo se produjo en las dos primeras mientras la corrupción de los tres gobiernos democráticos (Toledo, García y Humala) se ha dado en las dos últimas. Vuelvo sobre la corrupción que nace de estas cuatro políticas públicas en la próxima columna.