Sinesio López Jiménez
Una de las cosas peores de la corrupción no es la inmoralidad de los gobiernos y de los estados sino la desmoralización de las sociedades cuando ella no es castigada sino que es mantenida en la impunidad. Sospecho que cuando se llega a ese nivel y se percibe que todo está podrido, incluida la sociedad, ya no hay un punto de retorno, salvo las salidas anti-institucionales. Creo que no hemos llegado aún a ese nivel de desesperanza. Sospecho que la mayoría de los peruanos se mueve entre el escepticismo y la esperanza.
Hay un gran escepticismo sobre la capacidad de las instituciones de control horizontal (Congreso, Fiscalía y Jueces, Procuradoría, CNM, TC y Contraloría) para denunciar, combatir y sancionar la corrupción. Para comenzar, la denuncia traumática sobre la corrupción de Odrebecht y de algunos funcionarios peruanos no proviene de ellos sino de la justicia norteamericana y brasileña. Los organismos peruanos de control, con alguna que otra honrosa excepción, no la vieron o, si la vieron, silbaron al techo. Todos pasaban piola. Hoy se ven empujados por la justicia norteamericana y brasileña y por los medios.
¿Qué se puede esperar de la Comisión del Congreso encargada de investigar el Lava Jato?. Poco o nada. La mayoría de sus integrantes apoyaron a los gobiernos acusados de corrupción. Algunos han ofrecido poner las manos al fuego e inmolarse por sus líderes. Es obvio que la mayoría, lejos de investigar la corrupción, va a blindar a sus presidentes y funcionarios. Poco es lo que puede hacer allí algún congresista que nada tuvo que ver con los gobiernos corruptos.
Y ¿qué podemos esperar de los jueces y fiscales?. Si nos atenemos al papel que han jugado en las últimas décadas no es mucho lo que se puede esperar de ellos. Siempre hay excepciones. Los fiscales que acusaron y los jueces que encarcelaron a los corruptos del gobierno de Fujimori merecen un reconocimiento especial. Hay, sin duda, fiscales y jueces honestos. Pero la mayoría de ellos, comenzando por las cabezas, parecen haberse dedicado a blindar y a encubrir a los presidentes y funcionarios acusados de corrupción. Frente al enorme desafío actual, tienen la oportunidad de mostrar que son capaces de cambiar.
Lo mismo se puede decir de los otros organismos institucionales de control horizontal (Procuradorías, CNM, TC y Contraloría), lo que es una lástima porque sus decisiones son vinculantes. Obligan a todos también los mecanismos del control vertical, en particular los que provienen de los resultados electorales. La eficacia de estos es, sin embargo, desigual. Funcionaron bien durante los últimos tres gobiernos: Redujeron su representación (Apra 2011 y 2016) o la desaparecieron (el fujimorismo el 2001, Perú Posible, 2006 y 2016 y Gana Perú 2016). Los electores castigaron su pobre desempeño y la corrupción.
No todo, sin embargo, está perdido. En las horas más difíciles y en los grandes desafíos han aparecido los grandes movimientos de la ciudadanía y de la sociedad civil que adquieren una gran fuerza política cuando van acompañados por la denuncia y la difusión de los medios. La pregunta no es si va emerger o no una gran movilización social anticorrupción sino en qué momento va a aparecer. En esto radica la esperanza de salir del fango en que nos encontramos.