Sinesio López Jiménez

La corrupción es destructora de la política, de la sociedad y, a la larga, de la misma economía. Ella conduce a la antipolítica, a la desmoralización social y probablemente al estancamiento económico. Ella ha convertido a algunos políticos de origen social modesto en ampulosos millonarios y ha incrementado significativamente las ganancias de grandes empresas nacionales y extranjeras. No se trata de una empresa, sino de varias, por no decir casi de todas. Stiglitz afirma que en los presupuestos de las grandes corporaciones figura un rubro dedicado a la corrupción.

Para comprenderla a cabalidad hay que desplegar diversos enfoques interdisciplinarios, pero es la economía política la que permite entender algunos aspectos sustantivos de la misma. Sugiero algunas ideas exploratorias sobre el tema.

En primer lugar, hay una relación estructural entre la economía y la política en el capitalismo. Ella consiste en lo siguiente: El Estado promueve la inversión privada y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones del capital y este, a cambio, ofrece los impuestos necesarios para que el Estado se organice y funcione. A los políticos les interesa que a los capitalistas les vaya bien porque de ese modo ellos resultan también favorecidos. Este es un intercambio legalizado y legitimado, pero puede ser fuente de inequidad y de corrupción, en particular por el lado de la capacidad impositiva (evasión, elusión, regresión, etc).

En segundo lugar, hay una relación coyuntural entre la economía y la política que se desarrolla en los procesos electorales competitivos para acceder al gobierno en los regímenes democráticos. La competencia electoral se desarrolla principalmente a través de los medios (en particular la TV) que son muy costosos y obliga a los políticos a buscar los recursos económicos necesarios para financiarla. El financiamiento puede ser público (franjas electorales) o privado que, a su vez, puede ser legal (de individuos o empresas) o ilegal (robos al fisco, coimas de empresas, narcotráfico, etc).

Algunos candidatos han desarrollado sus campañas dentro de la legalidad, pero sospecho que otros han apelado a la corrupción disfrazándola de actividades legales. No es posible ni creíble que algunos candidatos financien sus millonarias campañas electorales con rifas, polladas o contribuciones de sus modestos militantes. El problema es que los organismos electorales son incapaces para controlarlos y el poder judicial es incapaz para juzgarlos y sancionarlos.

En tercer lugar, hay una relación entre la economía y la política que surge de las políticas públicas que despliega el Estado. Para analizar la corrupción en este nivel hay que considerar principalmente cuatro políticas públicas: Las privatizaciones de las empresas públicas, las inversiones públicas, las concesiones del Estado a las empresas privadas y las Alianzas Público Privadas.   La corrupción del fujimorismo se produjo en las dos primeras mientras la corrupción de los tres gobiernos democráticos (Toledo, García y Humala) se ha dado en las dos últimas. Vuelvo sobre la corrupción que nace de estas cuatro políticas públicas en la próxima columna.

                                               Sinesio López Jiménez

Una de las cosas peores de la corrupción no es la inmoralidad de los gobiernos y de los estados sino la desmoralización de las sociedades cuando ella no es castigada sino que es mantenida en la impunidad. Sospecho que cuando se llega a ese nivel y se percibe que todo está podrido, incluida la sociedad, ya no hay un punto de retorno, salvo las salidas anti-institucionales. Creo que no hemos llegado aún a ese nivel de desesperanza. Sospecho que la mayoría de los peruanos se mueve entre el escepticismo y la esperanza.

Hay un gran escepticismo sobre la capacidad de las instituciones de control horizontal (Congreso, Fiscalía y Jueces, Procuradoría, CNM, TC y Contraloría) para denunciar, combatir y sancionar la corrupción. Para comenzar, la denuncia traumática sobre la corrupción de Odrebecht y de algunos funcionarios peruanos no proviene de ellos sino de la justicia norteamericana y brasileña. Los organismos peruanos de control, con alguna que otra honrosa excepción, no la vieron o, si la vieron, silbaron al techo. Todos pasaban piola. Hoy se ven empujados por la justicia norteamericana y brasileña y por los medios.

¿Qué se puede esperar de la Comisión del Congreso encargada de investigar el Lava Jato?. Poco o nada. La mayoría de sus integrantes apoyaron a los gobiernos acusados de corrupción.  Algunos han ofrecido poner las manos al fuego e inmolarse por sus líderes. Es obvio que la mayoría, lejos de investigar la corrupción, va a blindar a sus presidentes y funcionarios. Poco es lo que puede hacer allí algún congresista que nada tuvo que ver con los gobiernos corruptos.

Y ¿qué podemos esperar de los jueces y fiscales?. Si nos atenemos al papel que han jugado en las últimas décadas no es mucho lo que se puede esperar de ellos. Siempre hay excepciones. Los fiscales que acusaron y los jueces que encarcelaron a los corruptos del gobierno de Fujimori merecen un reconocimiento especial. Hay, sin duda, fiscales y jueces honestos. Pero la mayoría de ellos, comenzando por las cabezas, parecen haberse dedicado a blindar y a encubrir a los presidentes y funcionarios acusados de corrupción. Frente al enorme desafío actual, tienen la oportunidad de mostrar que son capaces de cambiar.

Lo mismo se puede decir de los otros organismos institucionales de control horizontal (Procuradorías, CNM, TC y Contraloría), lo que es una lástima porque sus decisiones son vinculantes. Obligan a todos también los mecanismos del control vertical, en particular los que provienen de los resultados electorales. La eficacia de estos es, sin embargo, desigual. Funcionaron bien durante los últimos tres gobiernos: Redujeron su representación (Apra 2011 y 2016) o la desaparecieron (el fujimorismo el 2001, Perú Posible, 2006 y 2016 y Gana Perú 2016). Los electores castigaron su pobre desempeño y la corrupción.

No todo, sin embargo, está perdido. En las horas más difíciles y en los grandes desafíos han aparecido los grandes movimientos de la ciudadanía y de la sociedad civil que adquieren una gran fuerza política cuando van acompañados por la denuncia y la difusión de los medios. La pregunta no es si va emerger o no una gran movilización social anticorrupción sino en qué momento va a aparecer. En esto radica la esperanza de salir del fango en que nos encontramos.

                                               Sinesio López Jiménez

Los estados desarrollados son, por lo general, menos corruptos que los estados post-coloniales porque sus funciones y capacidades están claramente diferenciadas del sistema económico y sus relaciones de interdependencia están bien institucionalizadas. En los estados post-coloniales, en cambio, las diferencias entre los sistemas económicos y políticos son borrosas y sus interdependencias no están sometidas a reglas y normas respetadas por todos.

Los gobiernos y los regímenes democráticos son menos corruptos que los gobiernos y regímenes no democráticos porque cuentan con controles horizontales, verticales y sociales que buscan impedir la corrupción y, cuando ella se produce, tratan de evitar la impunidad. Los gobiernos y regímenes no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc), en cambio, no respetan la ley ni las instituciones. Son el reino de la arbitrariedad, del robo y de la impunidad.  Transgreden la ley y roban impunemente.

Las democracias no son inmunes a la corrupción, especialmente aquellas que no se han consolidado como tales o tienen, como ha señalado Phillipe Schmitter, una consolidación mínima o básica de alternancia en el poder, pero que no han alcanzado una consolidación amplia e institucionalizada. Ellas “exhiben una accountability horizontal débil o intermitente” (O´Donnell).  Este parece ser el caso nuestro y de gran parte de las democracias de AL.

Guillermo O´Donnell sostiene que “la debilidad de la accountability horizontal implica que los componentes liberales y republicanos de ellas son endebles. Las poliarquías (o democracias realmente existentes:slj) son la síntesis de tres corrientes históricas o tradiciones: democracia, liberalismo y republicanismo. Esta convergencia es parcialmente contradictoria porque algunos principios básicos de cada una de estas corrientes son inconsistentes con los principios básicos de las otras, lo que complejiza a las poliarquías pero las hace dinámicas y abiertas”.

El componente liberal asume al individuo como realidad primordial y enfatiza los derechos y libertades civiles mientras el componente republicano asume la comunidad de ciudadanos como la realidad primordial, defiende el bien común, enfatiza los derechos políticos, trata de hacer compatible el interés individual con el bien común y, si no lo logra, sacrifica al primero en nombre del segundo. Ambos distinguen entre la esfera pública y la privada, pero el liberalismo valora más la segunda y el republicanismo la primera. La discrepancia entre liberalismo y republicanismo lleva a conclusiones divergentes acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el sentido de la participación política, el carácter de la sociedad civil.

En la democracia y en el republicanismo las autoridades no aceptan restricciones en sus decisiones y nada impide que los mejores gobiernen en favor del bien público, mientras que el liberalismo sostiene que hay derechos que no pueden ser violados por agentes públicos o privados (transgresión). El neoliberalismo actual ha fortalecido el componente liberal y ha debilitado el componente republicano, ha fortalecido el rechazo a la transgresión, pero es tolerante frente a la corrupción.

                                       Sinesio López Jiménez

La corrupción nace de una relación perversa de los intereses privados con los asuntos públicos. Ella es la apropiación privada de lo público violando las normas que lo protegen. Ha existido siempre porque la existencia de la relación de lo público con lo privado es anti-diluviana.

Lo que ha cambiado es la forma de corrupción porque cambiantes son las relaciones público-privadas. En el mundo clásico, por ejemplo, la relación entre lo público y lo privado estaba territorializada (lo público estaba en la polis y lo privado en el oikos) mientras en el mundo moderno (desde la monarquía absoluta en adelante) está corporizado: una pequeña parte nuestra como individuos es pública (estatal) mientras la mayoría de nuestras actividades es privada (Koselleck).

En el mundo moderno, en el capitalismo especialmente, se ha desarrollado una relación estructural entre los intereses privados y los intereses públicos del Estado que puede ser una fuente de corrupción. Sin promoción de la acumulación y sin seguridad jurídica que ofrece el Estado no hay capitalismo y sin los impuestos que vienen de los privados no hay Estado moderno (Kintze, Offe etc).

En los países poco desarrollados como los nuestros, esta diferenciación estructural es borrosa y se presta, por un lado, a la permanente injerencia de los intereses privados en las políticas públicas del Estado para beneficio propio y, por otra, a la apropiación privada de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado. Tanto lo uno como lo otro son corrupción.  En los países de AL ella es endémica. Se da en todos tiempos, en todos los regímenes políticos, en todos los gobiernos, en unos más que otros, pero es algo generalizado. Es un escándalo cuando la corrupción se produce en grande en una situación de inflación (García en su primer gobierno) o en una situación recesión (Fujimori al final de su gobierno).

La corrupción, aunque sea enorme, puede pasar piola en tiempos de boom de las exportaciones. Pocos se escandalizan. Todos ganan, unos más que otros, pero todos se sienten más o menos bien. Esos son los tiempos propicios para el desarrollo de la cultura permisiva con la corrupción. No importa que el gobierno robe con tal que haga obra que me favorece. La cosa cambia cuando se acaba el boom y llega el tiempo de las vacas flacas. Entonces la corrupción presente o pasada se vuelve más visible y más escandalosa. Es lo que está pasando ahora en el Perú y en AL.

Es cierto también que en los tiempos de boom la corrupción es realmente mayor. El Estado obtiene más recursos, las empresas pueden obtener más beneficios si entran en contubernio con los presidentes y los funcionarios del Estado (sobrevalorando las obras que construyen, pagando menos impuestos, repartiendo más coimas, etc) y estos pueden robar más. Los presidentes se vuelven odriistas (hechos y no palabras) y prefieren las obras faraónicas en lugar de gastar en la gente a través de políticas sociales. La construcción de bienes públicos y de elefantes blancos se transforma en negociazos privados de las empresas y de los funcionarios corruptos.

                                         Sinesio López Jiménez

Una cosa es dialogar con la frente en alto y otra es dialogar poniendo la otra mejilla. Los fines de la política (equilibro de poderes, democracia, gobernabilidad, promoción del desarrollo, etc) no se logran con la aplicación de las enseñanzas del Sermón de la Montaña sino que exigen con frecuencia combinar la energía y la dignidad con el diálogo. El Sermón de la Montaña sirve para ir al cielo, pero no es aconsejable usarlo para conquistar o conservar el poder en este mundo.

La política no es sólo la fuerza como pensaban Max Weber y Carl Schmitt ni es sólo el diálogo como pensaba Hannah Arendt. Se parece más al centauro maquiavélico como pensaba Gramsci: Es mitad potro y mitad hombre, es fuerza y razón al mismo tiempo. En los países en donde la esfera pública y la sociedad civil son vigorosas, predominan el diálogo y el intercambio de razones. En cambio, en los países en donde no existen la esfera pública ni la sociedad civil o ellas son muy débiles predominan la imposición y la fuerza. El Perú está en una situación intermedia.

En los cien primeros días del gobierno, el Ejecutivo apeló al diálogo mientras el fujimorismo combinó la fuerza y el diálogo. El fujimorismo hizo concesiones (dio el voto de investidura al gabinete y concedió facultades legislativas al Ejecutivo), pero también ejerció la dictadura de la mayoría (elección del Defensor del Pueblo, imposición de la ley de rehenes de FP, elección de los representantes del Congreso en el BCR). Luego de la censura de Saavedra, el fujimorismo parece dispuesto a ejercer sólo la dictadura de la mayoría para romper el equilibrio de poderes, atentar contra la democracia, debilitar más aún más al Ejecutivo e imponer, en su momento, la vacancia presidencial.

El Ejecutivo, en cambio, no ha sabido (o ha tenido interés o ambas cosas a la vez) limitar la dictadura de la mayoría del Congreso con los recursos que la Constitución le da. Podía haber apelado al voto de confianza al gabinete para frenar la voracidad de la dictadura de la mayoría fujimorista, pero no lo hizo porque no quería apelar a una política confrontacional, pero si tolera la política confrontacional del fujimorismo. PPK cree ingenuamente que sólo con el diálogo puede contener al fujimorismo.

La exigencia del voto de confianza no es incompatible con el diálogo. PPK debió exigir el voto de confianza y llamar al diálogo. Es el diálogo con la frente en alto.  Es un error, desde el punto de vista del gobierno, sólo llamar al diálogo. Y el error más grave es permitir que en el diálogo con la Fujimori se cuele Cipriani, el representante de la Iglesia conservadora y del Opus Dei. Es el diálogo poniendo la otra mejilla.

Cipriani no sólo busca lavarse la cara e imponer sus ideas conservadoras al gobierno sino que también pretende ser el cemento de una coalición entre PPK y el fujimorismo para establecer el cogobierno entre ellos como quieren los poderes fácticos. Si PPK cede a las pretensiones del fujimorismo, de Cipriani y de los poderes fácticos, entonces traiciona a sus electores, pierde legitimidad y, en la práctica, se acaba su gobierno.