Sinesio López Jiménez

El caso Moreno es como un poliedro que presenta muchas aristas desde las cuales puede ser analizado: el poco cuidado de los presidentes en la selección de sus asesores, la falta  (o falla ) de filtros institucionales para detectar a los corruptos en las altas esferas del poder, la dificultad de las candidaturas y de sus entornos partidarios para impedir la infiltración de personajes cuestionados y cuestionables, la permisividad de algunos ministros que se hacen de la vista gorda con ciertos asesores, las tercerizaciones y las alianzas público-privadas (APP) que abren las puertas a la corrupción, los negocios privados con los bienes públicos, las pocas capacidades del Estado para atender bien la provisión de bienes públicos como la educación y la salud, etc.

Me interesa centrarme en el análisis de las pocas capacidades del Estado para desempeñar bien las funciones que tiene, particularmente en los campos de la salud y la educación, lo que permite y legitima la presencia de los negocios privados en el manejo de los bienes públicos. Salvo contadas excepciones, a nuestras élites políticas les ha interesado poco o nada construir un Estado con las capacidades necesarias para atender adecuadamente las demandas de una educación pública y de una salud pública de calidad. A muchas de ellas les ha interesado más bien mantener perversamente la mala calidad de la educación y la salud para justificar el negocio privado de esos bienes públicos.

Un indicador de la poca importancia que las élites políticas le dan a la educación y a la salud es la baja asignación de recursos fiscales para atenderlas. García, por ejemplo, bajó la asignación de 3.2% del PBI a 2.8% en su segundo gobierno. El Ministro Saavedra ha elevado esa asignación a 3.4% que sigue siendo baja si se la compara con la demandada por el Acuerdo Nacional: 6% del PBI. Si la asignación presupuestal es baja y la demanda de educación pública de calidad es creciente entonces se crea un escenario propicio para que florezcan los negocios privados de la educación. Lo mismo pasa con la salud pública.

Con esos bajos recursos fiscales asignados, es difícil que los altos funcionarios de la salud y de la educación puedan impulsar el desarrollo de capacidades infraestructurales, organizaciones, institucionales, de capacitación para mejorar la calidad de los servicios que brindan. Cuando las exigencias de la población son crecientes y sus capacidades son escasas se ven obligadas o son obligadas a tercerizar sus servicios o a hacer alianzas público-privadas. La tercerización y las APP son inevitables en algunos rubros como la infraestructura, pero en otros rubros como la prestación misma del servicio no serían necesarias si el Estado hubiera desarrollado las capacidades necesarias para atenderlos.

Para evitar la corrupción en la tercerización y en la APP es necesario que los organismos de control institucional desplieguen sus operaciones de fiscalización con el mismo celo que lo hacen con los organismos del Estado. Tienen que impedir los negociazos de los corruptos con los bienes públicos de todos los ciudadanos.