Sinesio López Jiménez
Al fujimorismo no le quedaba otra cosa que otorgar el voto de confianza. Negarlo hubiera sido un suicidio político si se tiene en cuenta los límites constitucionales que dicho voto tiene. Abstenerse hubiera tenido altos costos políticos que, al parecer, ya no está dispuesto a pagar. Para demostrar su poder, le bastó demorar dos días en otorgarlo y para justificarlo pidió una definición políticamente irrelevante: Distanciamiento del gobierno de PPK con respecto al humalismo. El gobierno atendió el pedido naranja sin problemas.
Y ahora qué viene?. En términos inmediatos, el pedido del Ejecutivo al Congreso de facultades delegadas. Este será un nuevo escenario de tensiones y negociaciones con resultados inciertos. Todo depende para qué cosas específicas el Ejecutivo pida facultades delegadas. Si las pide para reformas relevantes claramente favorables a la gente de a pie, entonces vale la pena que el Ejecutivo las pida porque el fujimorismo tendría que pagar altos costos políticos si las negara. De lo contrario, no vale la pena pedirlas. Humala no las pidió porque iba a hacer lo mismo que los gobiernos anteriores.
Otro tema de fricciones y tensiones será, sin duda, el intento del fujimorismo de gobernar el país desde el Congreso, arrinconando a PPK y estableciendo un semi-presidencialismo de facto y una especie de poder dual (que diferencia el jefe de Estado del jefe de gobierno), tal como la derecha y el Apra quisieron hacer en el gobierno de Toledo cuando Beatriz Merino era primera Ministra. Una variante igualmente dura de este escenario es que el fujimorismo se proponga dar leyes demagógicas sin respaldo presupuestal con la clara intención de aislar al gobierno y de recibir el apoyo popular, sin que el Ejecutivo pueda hacer algo para evitarlo.
De acuerdo a la Constitución, el veto del Presidente de la República no es fuerte ni suspensivo sino débil. En sus dos variantes, este es el escenario de la confrontación, del obstruccionismo y de la ingobernabilidad, parecido al que el Perú vivió entre 1963-1968, en el que la Coalición APRA-UNO hizo la vida imposible a Belaúnde, y que desembocó en el golpe militar de Velasco Alvarado. Son, sin duda, los peores escenarios del gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado.
Hay otros escenarios para evitar el peor: el del acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo que puede tener dos variantes: acuerdos parciales y cogobierno. A Ambos poderes les convienen los acuerdos parciales en ciertos temas claves que tendrían que precisar. El cogobierno no le conviene al fujimorismo porque la excesiva cercanía lo comprometería demasiado, lo desgastaría y lo alejaría del éxito electoral en el 2018 y en el 2021. El escenario de los acuerdos parciales es el más viable y el más estable. Sospecho que tendría el respaldo de los poderes fácticos, especialmente de los medios concentrados.
El otro escenario de un gobierno dividido, como ya lo he señalado, es el de la concertación abierta, plural y convocada desde el Ejecutivo. Me parece que es el escenario en el que todos ganan. Ganan el Ejecutivo y el Congreso, el oficialismo y las oposiciones de derecha y de izquierda, gana el país.