Sinesio López Jiménez
Una cosa es el discurso del 28 de Julio y otra cosa es el presupuesto en el que se expresan las políticas públicas en cifras. Una cosa es el conjunto de sueños y otra cosa es la dura realidad de lo que se quiere y se puede hacer con los recursos que se tiene. La cruda realidad está en el presupuesto, no en el discurso. Casi todos están de acuerdo con la extensión universal de los derechos sociales a todos los peruanos de todas las regiones por igual, pero es probable que muchos discrepen de las cifras presupuestales encaminadas a concretar esos sueños.
Es cierto que los sueños tenían el horizonte del bicentenario, mientras el presupuesto se refiere a las políticas públicas del primer año de gobierno. Lo que llama la atención es que las cifras presupuestales no son muy diferentes a las de los presupuestos anteriores. Las cifras no expresan una ruptura con respecto a las políticas de los anteriores gobiernos. El presupuesto del 2017 crece un 4.7% con respecto al año anterior. Esto significa que la presión tributaria del próximo año será probablemente igual a la de este año: 14%, porcentaje que está por debajo del promedio de AL: 20%.
El presupuesto mantiene la política de recentralización del gasto de los dos últimos años del gobierno de Humala: el gobierno central controla el 75.3% del presupuesto, mientras los gobiernos regionales y locales tienen en sus manos 24.7%. En años del boom exportador estos últimos llegaron a controlar casi el 30% del presupuesto. Educación, infraestructura y seguridad son los rubros que más crecen, pero su crecimiento no es nada significativo. Salud, agua y saneamiento, rubros también prioritarios en el discurso, no se han movido prácticamente en las cifras.
Como es previsible, el monto mayor de todos los rubros del presupuesto está dedicado a gastos corrientes (sueldos y salarios, gastos administrativos, bienes y servicios, etc.) y un monto menor a gastos de capital. Esta composición del gasto no ha cambiado significativamente, pese al incremento del presupuesto en los últimos años. El presupuesto de orden público y seguridad, por ejemplo, pasó de 5,064 millones de soles en el 2010 a 9,394 millones de soles en 2016, pero el gasto de capital se mantuvo en el 5% del presupuesto del sector.
Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, sostiene que “los futuros incrementos presupuestales deben destinarse prioritariamente a la inversión de capital. La experiencia en otros países señala que este rubro representa entre el 30% y el 40% del presupuesto de seguridad” (El Comercio, 31/08/16).
El límite principal que encuentran los sueños de extender la educación y la salud de calidad para todos, la seguridad, la infraestructura y el agua y saneamiento radica en la debilidad del estado y en su dificultad para extender sus funciones y capacidades a toda la población y a todo el territorio y en su incapacidad para extraer los recursos que necesita para financiar el conjunto de estos bienes públicos.