Sinesio López Jiménez
En una situación en la que los partidos políticos no existen, los poderes fácticos adquieren una importancia decisiva, en particular en las coyunturas electorales. Por un lado, el poder mediático incide fuertemente en la configuración del escenario y en la dinámica del proceso electoral y, por otro, el poder económico se encarga de financiar selectivamente a los candidatos del establisment. Los poderes fácticos no forman parte del contexto sino que son actores que intervienen a lo largo de la coyuntura electoral.

Los medios concentrados se prepararon desde muy temprano para enfrentar la coyuntura electoral del 2016. Un primer paso fue la compra de Epensa que les permitió controlar más del 80% del mercado periodístico. No querían volver a experimentar el trauma del 2011, como lo dijo Fritz Dubois, el director de El Comercio de entonces. Un segundo paso fue el diseño de un escenario electoral favorable a sus intereses teniendo en cuenta la existente fragmentación partidaria. Apostaron a reducir la lucha electoral a una mera competencia entre los candidatos de derecha y a desaparecer las alternativas de centro y de izquierda. Encontraron un terreno abonado en los escándalos de corrupción (Ecoteva de Toledo y agendas de Nadine) y en la irresponsabilidad y el sectarismo de la izquierda.

Lo que no estaba en el libreto de los medios concentrados era la resistencia ciudadana del 50% del país que se negaba a respaldar a los candidatos del establisment. Estos eran vistos como desgastados y corruptos. La resistencia ciudadana se expresaba en el alto porcentaje de votos nulos y viciados y de electores que no asumían una determinada opción electoral. Apenas la resistencia cedió y comenzaron a salir algunos candidatos de la cancha de los pitufos a competir con los candidatos preferidos del establisment, los medios concentrados desplegaron como tercer paso una contracampaña feroz para sacarlos del juego electoral.

Primero enfilaron sus ataques contra Acuña acusado de múltiples plagios y de comprar votos con plata como cancha y luego contra Julio Guzmán acusado de incumplir ciertas normas administrativas en la inscripción de su partido. En el caso de Acuña, la agresiva contracampaña está a punto de lograr su objetivo, dados los múltiples y reales flancos débiles que ofrece el candidato. En el caso de Julio Guzmán la presión se dirige a los organismos electorales para que decidan su exclusión que, hasta el momento de escribir este artículo, está en suspenso.

Pese al enorme poder de los medios concentrados, su estrategia electoral puede fracasar. La última encuesta de IPSOS Apoyo muestra que sus candidatos favoritos han comenzado un lento descenso (Fujimori) o ya están en un franco desplome electoral (PPK y García) mientras que los candidatos que estaban fuera de sus cálculos electorales comienzan a crecer (Guzmán especialmente, Verónica Mendoza y Barnechea). Si estas tendencias se acentúan asistiremos a un juego electoral radicalmente diferente al previsto por los medios concentrados.

Sinesio López Jiménez

Si Julio Guzmán y César Acuña no hubieran salido del pelotón de los pitufos no estarían sufriendo el fuego graneado de sus competidores políticos y de los medios concentrados. Apenas pasaron el umbral del 5% y entraron a disputar el segundo lugar a los candidatos favoritos del establisment, los medios concentrados enfilaron todas sus baterías contra ellos. Apoyándose en múltiples y descarados plagios de Acuña, desplegaron una contracampaña feroz para sacarlo del juego electoral. Sumaron la compra de votos con plata como cancha para reforzarla. A Guzmán se le acusa de incumplir ciertos procedimientos administrativos en su inscripción partidaria.

El caso de Guzmán saca a luz el divorcio existente entre la normatividad jurídica y la realidad sociopolítica del país. Se aplica rigurosamente una ley de partidos y se exige el cumplimiento estricto de engorrosos procedimientos de organización y funcionamiento de estructuras partidarias en un país donde no hay partidos. Este choque entre lo jurídico y lo político da lugar a tres situaciones más o menos diferenciadas. La primera se refiere a los partidos que agonizan, sobreviven y cuentan, sin embargo, con una mínima estructura partidaria y con una vasta experiencia en las lides electorales. Ellos cumplen mal que bien con toda la parafernalia procedimental.

La segunda tiene que ver con los candidatos que mienten bien. No tienen estructuras partidarias, pero cuentan con una cierta experiencia en inventar en forma creíble estructuras, asambleas, reuniones, acuerdos y procedimientos de tal forma que no sean observados por los organismos electorales. La tercera alude a los candidatos que mienten mal. No tienen una mínima estructura partidaria ni experiencia alguna en inventar situaciones creíbles ni en llenar bien los papeles necesarios a ser presentados a los organismos electorales. Esta es la situación de Julio Guzmán y sus moraditos.

¿Qué hacen los organismos electorales frente a estas diversas situaciones?. En el mejor de los casos, surgen dos corrientes como hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): los procedimentalistas extremos y duros y los procedimentalistas laxos y blandos. Los primeros no toman en cuenta el choque entre lo jurídico y lo político, aplican las normas a rajatabla y se llevan de encuentro algunos derechos fundamentales de los candidatos y de los ciudadanos que los respaldan. Los segundos consideran el divorcio entre la ley de partidos y la realidad sin partidos, aplican las normas con cierta laxitud y blandura y las subordinan al respeto a los derechos fundamentales de participación política y de competencia electoral de los candidatos y los ciudadanos.

Esta segunda corriente busca una salida justa, inteligente y democrática al choque existente entre lo jurídico y lo político. Es lo que han hecho el doctor Francisco Távara (presidente del JNE) y el doctor Carlos Cornejo. Si los Jurados Especiales de las diversas regiones siguen esta línea, Julio Guzmán y sus listas de candidatos al Congreso puede continuar en la batalla electoral. Si siguen la línea de la mayoría del JNE, Guzmán queda gravemente herido, pero aún puede apelar a una última decisión del JNE o del TC, cuyas decisiones finales pueden declarar su vida o su muerte como candidato.

Pero en esta batalla compleja no juegan sólo las decisiones de las entidades electorales sino también la política que desplieguen Guzmán y sus partidarios.

Sinesio López Jiménez
“El plagio es un asunto académico que poco o nada interesa a los de abajo. Los académicos exageran cuando creen que su pequeño y privilegiado mundo es el mundo de todos. El plagio interesa también a los políticos que quieren tumbar a Acuña. A los electores que se ven o quieren verse retratados en él, les interesa un comino el plagio. Disculpen la franqueza”. Este párrafo que escribí en mi muro del Facebook ha desatado las iras de algunos intelectuales y periodistas que confunden el deber ser con la cruda realidad y que se guían más por la ética de la convicción que por la ética de la responsabilidad (Weber). “Di tu verdad y rómpete”, les diría Vallejo.

Las encuestas revelan que el apoyo electoral que recibe el doctor Acuña proviene principalmente de los sectores pobres y muy pobres. Sólo el 2.6% de las clases medias y altas votarían por él, mientras el 11.6% (cinco veces más) de los pobres y muy pobres lo respaldarían (La Republica, 01/02/16). Las entrevistas hechas por los medios muestran también que estos seguirían respaldándolo, pese a la acusación de plagio. Otros casos parecidos son los de Keiko Fujimori y de Luis Castañeda Lossio.

Keiko Fujimori encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 2016, pese a que carga una mochila de crímenes de lesa humanidad en los que es cómplice y delitos de corrupción en los que es autora. Ella recibe, sin embargo, un respaldo tres veces mayor de los sectores pobres y muy pobres en comparación con el de las clases medias y altas.
Luis Castañeda, el actual alcalde limeño, fue elegido pese a que era acusado de corrupción en el caso Comunicore. El responsabilizó a funcionarios menores y salió del caso con la ayuda de jueces, fiscales y del Tribunal Constitucional. Su elección fue respaldada por todos los sectores sociales, sobre todo por los distritos populares limeños y por los distritos de los conos de la gran Lima. Las encuestas revelan que para la mayoría de los limeños es más importante que las autoridades hagan obra, aunque roben.

En todos estos casos y en otros parecidos mi requisitoria no es contra los pobres sino contra las elites dominantes y gobernantes que despliegan políticas públicas que producen o reproducen la situación de miseria de los de abajo y les exigen, sin embargo, un comportamiento ético cuando ellas mismas son corruptas o avalan la corrupción. Para los de abajo es más importante comer que plagiar. Para las élites económicas, sociales, culturales, en cambio, es más importante defender los derechos de propiedad intelectual que comer porque todos ellos tienen sus barriguitas llenas. Son las élites y los gobiernos corruptos los que han producido una relativización de los valores éticos en las clases populares.

A todo lo anterior hay que añadir que las investigaciones de Ronald Inglehart y de su equipo (Princeton University Press, 1997) han mostrado que a partir de los 80 del siglo pasado se ha producido una brecha cultural entre el norte y el sur. Mientras la cultura del norte se organiza en torno a los valores posmaterialistas (la expansión del yo y la calidad de la vida), la del sur lo hace en torno a valores materialistas (empleo, ingresos, condiciones de trabajo, salud, educación, etc.). La evidencia de las encuestas sobre valores mundiales dice que el cambio entre los valores materialistas y posmaterialistas es solo uno de los componentes de un cambio cultural mayor que tiene que ver con la emergencia de la posmodernización y de la posmodernidad en Occidente.