Sinesio López Jiménez
En el mundo moderno la política y la empresa son actividades de caudillos que difieren en los objetivos que buscan. Mientras los caudillos políticos anhelan el honor y la gloria, los caudillos empresariales persiguen la riqueza y el poder económico. Los objetivos distintos los obligan a buscar medios específicos que los llevan por rutas diferentes. En algún momento de su recorrido, los caminos se cruzan y se produce lo que Max Weber llamó afinidad electiva, esto es, un encuentro fortuito pero productivo.
Los empresarios descubren que los políticos pueden ofrecerles seguridades de diverso tipo (jurídica, coercitiva, etc.) para continuar su aventura y los políticos encuentran una mina de oro: los empresarios pueden financiar sus actividades políticas y ofrecer una base material a sus ambiciones. Desde ese momento el encuentro fortuito se transforma en una relación estructural: No hay empresa capitalista sin las seguridades que le ofrecen los políticos y el Estado moderno ni hay partidos ni Estado sin el financiamiento de las empresas vía impuestos a la renta o la canalización del impuesto al trabajo y del IGV. Esta es la tesis central del historiador Otto Hintze, discípulo de Max Weber.
A pesar de los esfuerzos que se hacen por mantener la diferencia y la distancia entre las actividades empresariales y la esfera política, la relación estructural es contaminante porque muchas veces las confunde y las superpone generando lo que Michael Walzer ha llamado intercambios bloqueados, esto es, injusticias. Se compra poder político con dinero y se paga el financiamiento de las empresas con favores políticos. Se ingresa de ese modo al núcleo de la corrupción política y económica y a la mercantilización de la política que eleva enormemente los costos de esta y, sobre todo, de las campañas electorales.
Las empresas financian legalmente las campañas electorales de los políticos que, una vez en el gobierno, pagan a los financistas con políticas públicas que los favorecen. Esta modalidad es injusta e irregular, pero aparece cubierta de una cierta legalidad y, en todo caso, no genera mucho escándalo porque es, más o menos, “transparente”. En cambio, es escandaloso y sancionado penalmente el financiamiento empresarial a través de coimas que constituyen una especie de pago ilegal a los gobernantes por los favores políticos recibidos (licitaciones amañadas, políticas públicas a favor de empresas y leyes con nombre propio). Este es el caso de Lava Jato de Brasil que se irradia a casi toda AL, además de los casos locales de cada país.
El delito mayor es, sin embargo, la narcopolítica que asume varias modalidades: el financiamiento de los políticos y sus campañas electorales con dinero del narcotráfico, el ingreso de narcotraficantes a la política, etc. Los medios hacen escarnio sobre todo del financiamiento externo de las campañas electorales, en particular si proviene del chavismo, olvidando el financiamiento social-demócrata o el socialcristiano. Las derechas buscan afanosamente en las agendas de Nadine la plata de Chávez. Los financiamientos con fondos provenientes del asalto al fisco (caso de Fujimori) parecen interesarle poco o nada.
La lucha contra la corrupción pasa parcialmente por la dación de una ley que limite en forma drástica el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales.