Sinesio López Jiménez

Humala repite lo que la Southern dice (terroristas antimineros) y hace lo que la derecha mediática quiere. Se ha mimetizado con los intereses privados de los ricos. Con la declaratoria del Estado de Emergencia, Humala pasa de la suspensión a la imposición del Proyecto Tía María a como dé lugar, lo que revela la clamorosa debilidad del gobierno y del Estado y la fuerza política de los medios concentrados. La suspensión se apoyaba en una correlación social y política de fuerzas (CONFIEP, PPK, Fujimori, Toledo) que abría la posibilidad de llegar a una solución conversada si se extendía un poco más en el tiempo (seis meses por ejemplo).

La imposición a través del estado de emergencia lleva a un callejón sin salida. Agudiza la polarización existente entre las fuerzas sociales y políticas que quieren su cancelación y las que buscan imponerlo a sangre y fuego y elimina el espacio de negociación. Cancela el diálogo o lo hace difícil sino imposible. O impone una parodia de diálogo con interlocutores escogidos por el gobierno y por la Southern, excluyendo a los reales actores del conflicto. En Cajamarca (noviembre del 2011) el SIN entregó una lista de interlocutores que Salomón Lerner Ghitis rechazó porque no estaban los dirigentes con los que tenía que dialogar.

¿Modifica el estado emergencia la correlación de fuerzas para hacer viable el proyecto Tía María?. La correlación militar es aplastante, pero no basta para imponerlo. No se puede invertir a balazos dentro de un régimen democrático; la acumulación primitiva es un asunto del pasado. Se requiere un poderoso aval político y social. Es dudoso que las principales fuerzas políticas de derecha respalden la imposición militar en tiempos electorales cuando lo que buscan es más bien el favor de los ciudadanos. Pero, aún si se sumaran al cargamontón coercitivo, su respaldo no cambia probablemente la correlación de fuerzas en las regiones del sur en donde su arraigo político es débil.

Las derechas y el gobierno se equivocan si creen que con el Estado de emergencia van a acabar con el movimiento social de resistencia y oposición al proyecto minero. La persecución y el encarcelamiento de sus dirigentes pueden debilitarlo, pero no doblegarlo ni menos eliminarlo. Están en juego los intereses de la mayoría de la población de la provincia de Islay que, además, cuenta con el respaldo mayoritario de las regiones del sur. La medida autoritaria del gobierno y de las derechas se basa en un diagnóstico simplista, superficial e interesadamente estúpido: Las luchas sociales en la minería o en cualquier otro sector económico son generados por las izquierdas, los subversivos, los terroristas. Basta perseguirlos, encarcelarlos e incluso asesinarlos para acabar con ellas.

¿Es posible un acuerdo en el caso del proyecto de Tía María? Es posible bajo ciertas condiciones: Levantar el estado de emergencia, abrir el diálogo entre la empresa, los pobladores amenazados por el proyecto y el Estado, someter a un arbitraje internacional el EIA cuestionado por la gente de Islay, recuperar la confianza perdida y garantizar por parte del Estado los intereses y los derechos de todos.

Sinesio López Jiménez

Si las encuestas miden la correlación social y política de fuerzas, entonces Tia María no va porque ya fue (para decirlo en el lenguaje de los jóvenes). La encuesta urbana de Ipsos (del 12-15 de mayo) muestra un empate técnico en el nivel nacional entre los que están a favor del proyecto y los que se oponen (si se toma como base los que están informados sobre el tema: 51%). En las regiones del sur la oposición sube a 54% y los simpatizantes bajan a 38%. Es probable que si la encuesta se hubiera extendido al área rural la oposición habría sido mayor. Hay que recordar que Conga quedó cancelado cuando más del 70% de los cajamarquinos expresó su oposición a ese proyecto.
La medida de suspensión acordada por la empresa y el gobierno (y postulada por Keiko Fujimori, PPK y Toledo y susurrada por la CONFIEP) se coloca en el medio entre el apoyo y la oposición. La medida como es obvio, irrita a quienes quieren imponer el proyecto a como dé lugar y los que quieren cancelarlo. Los primeros tienen el poder mediático y son los más aguerridos y chillones. Quieren que el gobierno declare el Estado de emergencia para aplicar el proyecto aunque el costo sean los muertos, heridos y los encarcelamientos de los opositores. La derecha social y política (quizás por razones electorales) está de acuerdo con la suspensión temporal del proyecto, pero la derecha mediática está visceralmente en contra.

Los opositores al proyecto son la mayoría de los pobladores de Islay, de Arequipa y de las regiones del sur y las izquierdas. Estas combaten a Tía María como antes a Conga en defensa de la agricultura, del medio ambiente y de la salud de la población, pero negocian abiertamente con otras empresas mineras mejores condiciones para la población. Su lucha contra la minería es relativa, en unos casos de oposición y en otros de negociación, dependiendo su posición política de la demanda social de la gente. Las izquierdas no inventan el malestar de la población. Es un error conceptual y práctico pensar que las izquierdas inventan los conflictos mineros y que la gente de las zonas mineras es idiota y manipulable.
Todas la derechas (sociales, políticas y mediáticas) comparten esta visión estereotipada de las izquierdas, como probablemente estas tienen la misma visión de las derechas. Debajo de estas visiones estereotipas existe, sin embargo, un conflicto social real entre las empresas mineras y los pobladores de diversa naturaleza e intensidad. Todo esto explica que la forma de conflicto sociopolítico en el campo de la explotación de los recursos naturales sea la confrontación, que sea muy difícil el diálogo y que el recurso político más fácil sea la declaración del Estado de emergencia que aplasta las libertades de la gente en nombre de la libertad y del derecho.

Sinesio López Jiménez
Tía María no solo tiene quien la defienda (el Estado) sino también quien le escriba (la prensa conservadora). La sangre y la tinta se mezclan para defender, imponer y legitimar los intereses de una empresa en contra de los intereses legítimos de un amplio sector de la población de Arequipa. Lo peor del caso es que algunos escribas de ultraderecha quieren más sangre siempre y cuando no sea la suya sino la de los otros. No es la primera vez. Ya tuvimos el caso reciente de Conga en Cajamarca, el no tan reciente de Cerro de Pasco y otros más. En realidad, es la historia de siempre. En gran medida, la historia peruana (lo digo sin demagogia y más bien con pena) está hecha de sangre y de tinta. Es el lado malo de la historia porque el Perú tiene también otra historia edificante.
En todos los casos el conjunto del Estado se pone en movimiento para apoyar a la gran empresa y reprimir a la población. Asume su representación y apalea y dispara contra la población. Apela a todas sus competencias (que quizás son muchas) y a sus capacidades (que son pocas) para ponerlas al servicio de intereses particulares en desmedro de los intereses de la gente. Los funcionarios (algunos eficientes y honestos), los ministerios (algunos organizados especialmente para defender a la población), las leyes (los fiscales y los jueces), la policía y el ejército, la mayoría de los aparatos del Estado acuden presurosos a defender a Tia María e imponer el orden en Cocachacra, Islay y Arequipa.
El Estado, el gobierno, la empresa y la derecha buscan un chivo expiatorio y lo han encontrado supuestamente en “los terroristas anti-mineros” y en las izquierdas que acompañan las protestas de la gente que defiende la agricultura, el medio ambiente y su vida misma. Las culpables son las izquierdas que manipulan a la población supuestamente ignorante. Son antimineros que no quieren el progreso del país, pero se oculta el hecho que esas mismas izquierdas acompañan el diálogo y las negociaciones de la población con las empresas mineras que funcionan en otras zonas del país. Las izquierdas no inventan las protestas sociales que son de diverso tipo, unas son de oposición a la minería y otras de negociación. Sólo las acompañan y buscan representar a los sectores contestatarios, como todas las izquierdas de todo el mundo.
¿Por qué el Estado peruano se pone (en general) al servicio de los intereses particulares de la gran empresa minera?. Hay varias razones, pero destaco dos. La primera, la explotación de los recursos naturales brindan al Estado abundantes ingresos fiscales fáciles. Este facilismo, como han mostrado muchos investigadores sobre el estado, bloquea a la larga la posibilidad de construir un estado con capacidades de diverso tipo. Segundo, el Estado no es autónomo sino que se somete fácilmente a los intereses de las élites privadas, a las presiones sociales y a los grandes poderes internacionales. Eso se debe, entre otras cosas, a la inexistencia de una élite de funcionarios públicos calificados que puedan competir de igual a igual con la élite privada y a los gobernantes que, pese a haber ganado las elecciones con los votos de los sectores contestarios, terminan gobernando para los ricos.

Sinesio López Jiménez
Cuando un capitalista invierte crea dos jaulas de hierro, una para la sociedad y otra para el Estado. Las sociedades y los estados pueden romper parcialmente esas jaulas a través de la acción colectiva y de una política impositiva progresiva, respectivamente, pero siempre dentro de los límites del capitalismo. Ahora que está en debate la inversión de Tía María vale la pena recordar algunas ideas de fondo sobre el tema.
El capitalismo es un sistema en el que muchos recursos escasos son de propiedad privada y las decisiones sobre su asignación son una prerrogativa privada. La democracia es un sistema mediante el cual las personas como ciudadanos pueden expresar sus preferencias sobre la asignación de recursos que ellos privadamente no poseen. Por tanto, la cuestión perenne de la teoría y la práctica políticas alude a la competencia de estos dos sistemas de uno con respecto al otro. ¿Es posible que los gobiernos controlen una economía capitalista? En particular ¿es posible dirigir la economía contra los intereses y preferencias de quienes controlan la riqueza productiva? (Przeworski & Wallerstein, 2008: 58).
Las personas pueden tener derechos políticos, votar y elegir a los gobiernos capaces de seguir los mandatos populares. Pero la capacidad efectiva de los ciudadanos y de cualquier gobierno para alcanzar sus objetivos está limitada por el poder público del capital. La naturaleza de las fuerzas sociales y políticas (por más poder que tengan) no altera estos límites ya que son características estructurales del sistema, no de los ocupantes de los cargos gubernamentales ni de los ganadores de las elecciones. No importa cómo el Estado se organiza y lo que es legalmente capaz o incapaz de hacer. Los capitalistas no tienen ni siquiera que organizarse y actuar de manera colectiva: basta con que persigan ciega y estrechamente su interés privado propio para restringir drásticamente las opciones de todos los ciudadanos y los gobiernos.
En el capitalismo toda la sociedad depende de la asignación de los recursos elegidos por los dueños del capital. Las decisiones privadas de inversión tienen consecuencias públicas y de larga duración: determinan las posibilidades futuras de la producción, el empleo y el consumo de todos. Debido a que las posibilidades futuras de consumo dependen de la inversión privada, todos los grupos sociales se ven limitados por el efecto que pueden tener sus acciones sobre la voluntad de invertir de los dueños del capital, la misma que depende, a su vez, de la rentabilidad de la inversión. En una sociedad capitalista, el intercambio entre el consumo presente y futuro de todos pasa por un trade-off entre el consumo de quienes no poseen un capital propio y las ganancias de los que lo poseen (Wallerstein & Przeworski, 2008: 59).
Esta determinación rígida se aplica especialmente a los asalariados que cuidan tanto sus salarios futuros como sus ingresos presentes. Si las empresas responden a los aumentos salariales exigidos con menos inversión, los asalariados pueden ser los más interesados en moderar sus demandas salariales. Los ingresos futuros de los trabajadores dependen de la realización de los intereses actuales de los capitalistas. Lo mismo le pasa al Estado y a los gobiernos que se enfrentan a un trade-off entre distribución y crecimiento, entre la igualdad y la eficiencia. Ellos pueden negociar una distribución más (o menos) igualitaria de ingresos a cambio de menos (o más) inversión, pero no pueden alterar los términos de este trade-off: