Sinesio López Jiménez

Al establisment neoliberal se le sigue moviendo el piso. Las movilizaciones estudiantiles no sólo han logrado alinear  a la mayoría del Congreso y de las fuerzas políticas en la posición de cambiar o derogar la ley Pulpín. Han logrado también producir fisuras en los Congresistas oficialistas, algunos de los cuales piden al Ejecutivo escuchar la voz de la calle. Han obligado al Ejecutivo y al núcleo duro de los neoliberales, autores de la ley de marras (MEF y PRODUCE), a hacer algunas concesiones y a cambiar el énfasis en los criterios que justifican la ley.

Sostienen que la ley puede tener un período de prueba para ver si funciona o no; que el núcleo central que la justifica es la capacitación y la elevación de la productividad; que los jóvenes tienen derecho a las utilidades porque eso depende de otra ley; que en el reglamento de la ley se pondrán los candados necesarios para evitar los despidos de los jóvenes trabajando de acuerdo al régimen general; que para superar la resistencia van a mejorar la comunicación “porque tenemos razón” (Ghezzi dixit).

Ningunean las críticas fundadas de la oposición, desvalorizando los datos laborales del INEI y sobrevalorando los de ENAHO, la encuesta a la que se escapan hasta los elefantes (los ricos) cuando indaga sobre la distribución de los ingresos. El Ejecutivo está dispuesto a combinar el palo y la zanahoria. Si las concesiones no funcionan, entonces hará uso de la represión. El procurador del MININTER ha presentado “un denuncia preventiva” contra los responsables de los actos de violencia que generen las movilizaciones. Es una política de amedrentamiento.

Quizá uno de los mayores logros de las movilizaciones juveniles es la neutralización de los medios de derecha, especialmente del acorazao de la concentración mediática. En un editorial de colección, el decano, que siempre ha condenado toda contestación social, defiende la libertad de protesta y rechaza los recortes que quiere imponer Urresti, el ministro del Interior. Es la confesión de una derrota  en su propia cancha: el de la opinión pública que respalda en forma mayoritaria a los pulpines.

Los movimientos juveniles han desinflado el globo de ensayo (la ley Pulpín) cuya aceptación sin protesta hubiera hecho posible la eliminación de los derechos a todos los trabajadores. Han derrotado parcialmente, al menos, “una estrategia de desarrollo basada en la contención de las remuneraciones. El neoliberalismo criollo supone que suprimir los llamados “costos laborales” llevará a mayores ganancias y a un crecimiento de la inversión que poco a poco iría produciendo una mayor demanda de los trabajadores con la consiguiente elevación de los ingresos” como afirma Gonzalo Portocarrero (El Comercio, 31/12/14).

La consolidación de estos logros exige el fortalecimiento y la institucionalización del movimiento de los jóvenes, especialmente del movimiento estudiantil, la continuidad de las movilizaciones evitando el desgaste, la negociación con los diversos grupos parlamentarios para que deroguen la ley, el respeto a los medios controlando a los extremistas provocadores. Hay que superar la ilusión de que el movimiento lo puede todo para avanzar hacia una organización duradera, plural e institucionalizada.

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Sinesio López Jiménez

La ley del empleo juvenil ya murió: los jóvenes la mataron. El creciente y masivo movimiento juvenil ha producido un realineamiento de fuerzas políticas que, en su mayoría, se inclinan por cambiar o derogar la ley aprobada casi por unanimidad en el Congreso. Esa ley tenía, además, el respaldo entusiasta y sólido de la CONFIEP y de los medios concentrados, encargados de forjar una opinión pública favorable que la legitimara. Pero no contaban con la astucia, el número, la fuerza y los celulares de los jóvenes.

¿Qué ha desatado la protesta y la ira de los jóvenes?. No es la ignorancia como ingenua o maliciosamente creen Humala, la tecnocracia neoliberal y algunos comentaristas  conservadores. Tampoco es la manipulación de los políticos oportunistas como repite machaconamente la desubicada y suicida pareja presidencial. Es la discriminación de la ley de empleo juvenil la que ha lanzado a los jóvenes  a las calles y a la lucha por la igualdad de derechos, de oportunidades y de condiciones sociales.

En la historia universal la lucha por la igualdad ha desatado pasiones más intensas y encendidas que las luchas por la libertad. Por eso la búsqueda de la igualdad tiene más revoluciones en su haber que la libertad. Los privilegios son repudiables y son más irritantes si se presentan cubiertos por el engaño. Para los jóvenes los privilegiados no son los trabajadores formales como tramposamente sostienen los neoliberales de todo pelaje, sino la CONFIEP, los grandes empresarios y la prensa concentrada en cuyo beneficio se ha dado la ley de marras. Eso explica la protesta simbólica de los jóvenes frente al local de la CONFIEP.

¿Por qué los jóvenes han sido capaces de producir un nuevo realineamiento de fuerzas desfavorable a la ley? Por un lado, la masiva y desbordante movilización de los jóvenes que tienen el objetivo claro de echarse abajo la ley que los discrimina, que son capaces de coordinar sus estrategias y sus acciones, pese a que carecen de organización, gracias a los celulares que todos poseen. El creciente número de jóvenes coordinados y movilizados les da poder social con incidencia  en la política, además de votos para elegir a los políticos. Todo eso les ha permitido producir una fractura temporal entre los políticos neoliberales y los poderes económico y mediático que han quedado coyunturalmente aislados.

Por otro lado, los políticos peruanos de hoy no tienen partidos organizados de los que nazca su poder político. Son veletas que se dejan arrastrar por los vientos o ventarrones que vienen del poder económico, del poder mediático, del poder político (del Estado), del poder social o del poder de los votos. Pero no son sólo veletas, tienen también una cierta iniciativa. Los políticos neoliberales, por ejemplo, han tomado distancia coyuntural de los poderes fácticos con la intención de recibir el apoyo del poder social y del poder de los votos de los jóvenes para ganar el poder político y volver luego a las andadas.

¡Jóvenes a la Obra! proclamó  con entusiasmo el buque insignia de la concentración mediática cuando se publicó la ley y los jóvenes han respondido, recuperando el sentido contestatario de la frase lapidaria de González Prada, echándosela abajo.

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                                               Sinesio Lópe Jiménez

Los medios concentrados no quieren ser el cuarto poder del Estado sino el primero. Más aún: Quieren el poder total. No sólo quieren influir en lo que la gente hace,  sino que también  pretenden imponer  la agenda política  y controlar  sus deseos, ideas y  creencias. El que controla la conciencia de la gente,  ha dicho Manuel Castells (el más destacado teórico de la sociedad de la información), controla el poder.

Como  los medios de la derecha  no lograron imponer a su candidata favorita (Fujimori) en el 2011 pasaron de la concertación a la concentración mediática. No querían ni quieren volver a pasar por el susto  de un nuevo candidato antisistema triunfante. Pero tanto la prensa concertada como la concentrada han logrado domesticar al elegido presidente, supuestamente antisistema a punta de periodicazos. Así han venido manejándolo hasta ahora, especialmente en los momentos que Humala pretendía resolver algunos problemas del gobierno con cierta autonomía.

En el campo electoral, la primera prueba de los medios concentrados ha sido el reciente proceso electoral regional y local. Su objetivo central era acabar con la izquierda, pero sólo logró parcialmente su objetivo con la colaboración de algunos izquierdistas que apostaron a la división y a la fragmentación partidaria. La segunda prueba será el proceso electoral del 2016 en que busca eliminar no sólo al candidato de la izquierda, sino también a los de centro (Toledo y el candidato del humalismo) para imponer a sus favoritos de derecha.

La campaña contra Toledo y contra Humala y su gobierno, basada en acusaciones relativamente fundadas de corrupción, constituye un ensayo de la prueba de fuego que los medios concentrados enfrentarán el 2016. Raúl Wiener (Diario UNO, 8/12/14) ha mostrado con agudeza como operan los medios concentrados en esta campaña: primero, los destapes en la TV concentrada sobre la corrupción de Humala; luego, sus mastines de la prensa  los elevan a la categoría de escándalo durante varios días; después entran los medios aliados, especialmente la cadena de radios más poderosa y otros canales de TV  y, finalmente, el buque insignia de la concentración mediática (El Comercio) le da el toque seriedad con grandes titulares y con sesudos editoriales.

Gracias a las denuncias de la corrupción de Toledo y Humala desaparecen como por encanto los petroaudios, los narcoindultos y todas las acusaciones probadas o prescritas de corrupción de los corruptos mayores (Fujimori y García). Pasada la campaña entra concertadamente la encuestadora favorita, Ipsos, a contar los muertos y heridos luego de la demolición de Toledo y Humala y del blanqueo de Fujimori y García. Es sólo una operación de conteo porque la operación de repaso la hacen los medios concentrados cuando manipulan los datos de la encuesta con grandes titulares como este: “El 82% que conoce el caso del caso Figallo cree que debe irse” (El Comercio, 14/12/14).

Sucede, sin embargo, que los que conocen el caso Belaúnde Lossio,  llegan solo al 38%. El 82%   se convierte entonces en el 31% de los encuestados. La presentación de los datos de la encuesta por el decano aumenta el número de muertos y heridos que su agresiva campaña de demolición no pudo producir.

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Sinesio López Jiménez

La campaña electoral del 2016 ya comenzó. Se inicia con una prueba piloto que permite verificar dos cosas: la estrategia de campaña de la derecha  y la fuerza de los medios concentrados en ella. Alfredo Torres de Ipsos acaba de anunciar la publicación de una encuesta que señala el punto de partida de los probables candidatos en los que incluye a Urresti, actual Ministro del Interior. La encuesta misma es parte de la estrategia de campaña. Ella se encarga de contar los muertos y heridos (llamémosla operación repaso) de dos operaciones previas: la demolición de los probables adversarios y la lavada de cara de los candidatos propios (Fujimori, García y PPK).

La operación de demolición busca sacar del juego electoral a los probables candidatos del centro (Toledo o un candidato de Gana Perú) y de la izquierda que no tiene aún quien la represente, pero a la que ya se le aplicó la estrategia de la extinción en las elecciones regionales y locales sin haber logrado plenamente sus objetivos. Las derechas insisten en el mismo juego de las tres últimas décadas: excluir a la izquierda y convertir a la competencia electoral en una pichanguita en la que solo participan sus candidatos. Quieren excluir esta vez también a los candidatos del centro cuyas probables políticas públicas en un contexto de crisis les parecen inciertas.

Las armas de demolición pueden variar. Contra la izquierda fue la supuesta incapacidad de gestión, la posición antiminera, etc. Hoy contra el centro se sobredimensiona la corrupción (el caso de Belaúnde Lossio). Los actores de la demolición son los medios concentrados y sus aliados en la radio y la derecha política que opera en el Congreso. Esta vez las derechas han metido en la coladera a algunos procuradores. A propósito, la señora Vilcatoma (que grababa impunemente al Ministro que era su jefe) era procuradora o corresponsal de alguno de los medios concentrados?. Si la estrategia de la exclusión no funciona, la alternativa será propiciar la sobrepoblación de candidatos del centro y de la izquierda para que se anulen entre ellos.

La operación de la lavada de cara de los candidatos de derecha consiste, por un lado, en inflar la supuesta corrupción del gobierno de Humala, de Toledo y de las gestiones regionales (Cajamarca, Junín) y locales de la izquierda y, por otro, en tender un velo de ignorancia de la descomunal corrupción del gobierno de Fujimori y de las acusaciones de corrupción del último gobierno de García (petroaudios y narcoindultos). Los actores de la lavada de cara son los mismos de la demolición: los medios concentrados y la derecha política que opera en el Congreso a través de Comisiones investigadores, algunas de las cuales son una lamentable faramalla. Inevitables comparsas en esta operación de limpieza son la Fiscalía y el Poder Judicial.

El objetivo de esta operación es igualar a todos en el campo de la corrupción: a los gobiernos y  a los presidentes de la República, a los gobiernos regionales y locales, a los tiburones y las pirañas, a los oficialistas y a la oposición y a los políticos en general. El final de la película es la desmoralización pública. Vuelvo sobre la eficacia de los medios concentrados en estas operaciones de demolición y de limpieza.

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Sinesio López Jiménez

Todos los actos de corrupción son repudiables, pero este rechazo no puede hacernos olvidar que en esas aguas turbias navegan pirañas y tiburones. Casi en todas las encuestas, Fujimori y García (con sus respectivos gobiernos) disputan los primeros lugares  de un nada envidiable ranking de la corrupción. Las acusaciones contra Toledo lo quieren mostrar como un serio aspirante a tiburón. Es una lástima que el gobierno humalista, que quiso marcar la diferencia,  haya sido atrapado por las mismas redes.

De todas las acusaciones hechas hasta ahora contra el actual gobierno la más seria parece ser la de Belaúnde Lossio que, por lo que se sabe, no pasa de ser un lobbista de provincia si lo comparamos con los lobbistas que actúan en el centro de las decisiones de política económica: el MEF. En esto como en otras cosas los congresistas y los medios concentrados de derecha actúan con una enorme hipocresía. Los tiburones del lobby no son investigados ni los operadores de los poderes fácticos que deciden (en el MEF) las políticas económicas que los favorecen son vistos siquiera con sospecha. Se escandalizan, en cambio, con los pirañitas.

Lo más descarado ahora es que los tiburones quieren investigar a las pirañas. ¿Pueden los defensores de los presidentes y gobiernos corruptos de vieja data investigar a los nuevos corruptos?, ¿pueden integrar y hasta presidir comisiones de investigación en el Congreso?, ¿pueden integrar la Comisión de Etica del Congreso y presentarse como impolutos Catones de la moral pública? Pueden porque ni la ley ni el reglamento del Congreso lo prohíben, pero no debieran si respetaran los cánones de la moral pública que los llevaría, al menos, a abstenerse.

¿Qué buscan estos cuestionados Catones de la moral pública investigando a los supuestos nuevos corruptos? Es probable que tengan varios objetivos, pero los principales se orientan a mostrar que todos los gobiernos son corruptos y que no hay linderos precisos entre el bien y el mal, igualar a los tiburones con las pirañas, ensuciar y dañar al adversario, limpiar su propia imagen y lograr una cierta visibilidad pública que los ayude a ser reelegidos en el 2016.

Algunas de estas comisiones, como la de López Meneses,  carecen de seriedad: un fujimorista preside la Comisión que investiga a otro fujimorista y parece no tener una idea clara de lo que está investigando ni a quienes está investigando. Otras comisiones que llegan a establecer algunos hallazgos importantes pretenden ser neutralizadas con leguleyadas y con blindajes de la Fiscalía y del Poder Judicial o de cualquier otro organismo de control.

El prurito inquisidor de los hinchas de los ex-presidentes más corruptos tiene consecuencias devastadores para la política y para el propio Congreso. La política, los políticos y el Congreso agravan su ya acentuado desprestigio; la función de control y de fiscalización del Congreso queda seriamente mellada por pérdida de credibilidad; la impunidad y la desmoralización pública crecen; el repudio de la gente a la política, a los partidos y a los políticos abona el crecimiento de la antipolítica y del antipardisimo.

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