Sinesio López Jiménez

En los 80 del siglo pasado Julio Cotler nos recordaba a los izquierdistas que, como en la ranchera mejicana, para hacer la revolución se necesita una escalera grande y otra chiquita. Lo que Julio quería decirnos era que una revolución, para ser democrática, tiene que ser hecha a través de reformas. Como Bobbio, Julio sostiene que la democracia es reformista. Comentaristas, analistas, congresistas, representantes de los poderes fácticos, todos exigen  la reforma de las instituciones de la democracia. Algunos de ellos arriesgan propuestas que van desde reformas parciales hasta reformas totales. Otros circunscriben la reforma al sistema electoral  o la estiran hasta la ley de partidos y a la forma de gobierno. Los más audaces hablan de shock institucional holístico, coherente y fundado en la teoría y en la empiria.

¿Es fundada la tesis que afirma que los problemas de la democracia se resuelven con un buen diseño institucional? Mi hipótesis es que las reformas institucionales, incluso las más radicales y holísticas, ayudan pero no son suficientes para resolver los problemas de la democracia. Los cambios institucionales chocan, por lo menos, con tres dificultades. La primera tiene que ver con los actores de la reforma. Las reformas no las hacen los técnicos en la materia sino  los políticos y las congresistas que saben poco o nada de diseño institucional. A García se le ocurrió que los presidentes regionales elegidos con menos del 30% carecen de gobernabilidad y que, en ese caso, es necesario ir a una segunda vuelta. Craso error. García confundió la legitimidad de desempeño (gobernabilidad) con la legitimidad de origen.

La segunda dificultad proviene de los problemas de agencia de la democracia. La democracia es un proceso de construcción y necesita, no sólo de las instituciones, sino también de actores que la construyan. La ciudadanía efectiva es minoritaria, la sociedad civil es débil y los partidos políticos (como organizaciones) se han extinguido. Hay que extender la ciudadanía efectiva, fortalecer la sociedad civil y refundar los partidos políticos para construir la democracia. Todo eso no es poca cosa.

La tercera dificultad procede de los problemas estructurales de la democracia. Se puede incluso armar un buen diseño institucional y resolver los problemas de agencia democrática, pero la democracia sigue fallando. ¿Cuáles son estos problemas?. Señalo los más importantes: un Estado débil y antidemocrático cuyas capacidades (seguridad ciudadana, autonomía decisional, eficacia burocrática, efectividad jurídica, etc) se distribuyen desigualmente en el territorio; una estructura social predominantemente informal, atomizada y volátil hace difícil no sólo la representatividad (de los actores políticos) sino también la representabilidad (de ciertos grupos sociales en el campo de la política); el modelo de crecimiento económico primario-exportador, más excluyente que integrador, es una máquina productora de informalidad.

Las teorías convencionales sobre la democracia obvian los problemas estructurales porque en la cuna en que nacieron,  los países desarrollados, ellos ya no existen. Estos problemas no se resuelven con un buen diseño institucional sino con una revolución democrática de los ciudadanos y las ciudadanas.

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                                               Sinesio López Jiménez

Con la extinción de los partidos nacionales lo que en realidad se ha evaporado es el poder político de los ciudadanos. Estos se empoderan a través de la organización de la sociedad civil y de la formación de los partidos que les otorgan lo que Hannah Arendt llamó “la capacidad de acción consensuada”, esto es, el poder. El poder es el número organizado frente al arma que es el instrumento de la violencia. La destrucción del poder político  no ha sido sólo obra de los partidos y de sus errores. Han contribuido también el terrorismo de los 80 y los 90, el desastroso primer gobierno de García y el neoliberalismo.

El mercado ha invadido la política y ha transformado a los partidos (con ideologías, programas y estructuras organizativas) en meras franquicias electorales que se compran y se venden y que los organismos electorales aceptan e institucionalizan. Cada firma vale un dólar y se necesitan un millón y medio de firmas para validar un poco más de cuatrocientos mil y obtener la inscripción como partido “nacional”. Este es aquel que tiene la franquicia electoral (comprada en el mercado) que le autoriza a postular en las elecciones generales, regionales y locales. La franquicia le permite también convertirse en vientre de alquiler.

Estos partidos-franquicia no tienen vida, ni racionalidad política ni pasión. Ellos tienen sólo la racionalidad fría del negocio privado. A través de millonarias campañas electorales venden al candidato, seducen al elector y compran  su voto. Es cierto que algunos candidatos son tan impotables que no se venden por nada. Son incorruptibles a pesar suyo. Se ha llegado a la desfachatez de proponer la compra al contado de los ciudadanos que no votan por las opciones neoliberales. La política se guía por el diálogo y la persuasión e incluso por la coerción, pero no por la lógica de compra-venta del mercado. La imposición de la lógica del mercado en la política genera lo que Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado, esto es, la injusticia.

El neoliberalismo ha contribuido a destruir no sólo a los partidos sino también al asociacionismo y al ciudadano mismo afectando sus derechos, en particular sus derechos sociales. El trabajador ya no es una persona que vende su fuerza de trabajo y que tiene derechos. Es sólo un costo laboral que hay que reducir para dar confianza al capital. El neoliberalismo ha generado también la atomización social y un individualismo extremo que, asociados a la fragmentación del poder político de los ciudadanos, están dando lugar a la descomposición de la vida social: la anomia generalizada, la informalidad, la corrupción tolerada, la sobrevivencia del terrorismo, el crimen organizado,  el sicariato, etc.

La destrucción del poder político de los ciudadanos ha traído consigo la gravitante presencia de los movimientos regionales y de los poderes fácticos: los medios concentrados, los grandes empresarios y las FF.AA. Estos poderes fácticos gobiernan sin haber sido elegidos. Lo hacen por la interpósita persona del Presidente de la República al que someten por diversos medios. ¿Qué hacer?. El desafío es enorme. Enfrentarlo va más allá de meros cambios institucionales que son importantes pero no bastan. Volvemos con un intento de respuesta.

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                                   Sinesio López Jiménez

Ante el fracaso derechista de la desaparición de la izquierda del escenario electoral, la prensa concentrada comienza a bosquejar la estrategia alternativa de mantenerla dividida. La primera es a la mala, propia de la DBA, y la segunda es más sutil e inteligente, envuelta en el manto de un tendencioso análisis político. Ella estimula a los divisionistas a mantenerse en esa apuesta porque rinde buenos dividendos políticos y los invita maliciosamente a mantener o profundizar el radicalismo en el campo, alejados de los izquierdistas intelectuales limeños de café que han fracasado.

La verdad es que a la izquierda le ha ido bien cuando ha marchado unida en los procesos electorales y en las luchas sociales y ha perdido cuando se ha presentado dividida. En 1980 presentó varias candidaturas a la presidencia de la República y los resultados fueron catastróficos si se toma en cuenta el auge de las luchas sociales y políticas de entonces. Lo mismo sucedió en las elecciones generales de 1990 en la que se presentaron 2 candidaturas de izquierda a las que le fue muy mal. La división y el fracaso se volvieron a repetir en el 2006 y se han reeditado en las elecciones recientes.

La unidad, en cambio, le dio excelentes resultados en toda la década del 80. En 1983 obtuvo la alcaldía de Lima, las alcaldías de casi todos los distritos de los conos limeños, de varias ciudades capitales de departamentos, de muchas provincias y de centenares de distritos. En 1985 la IU perdió las elecciones generales, pero mantuvo una presencia gravitante en la vida política del país hasta 1989, el año de la división. En las primeras elecciones regionales de fines de los 80, la IU obtuvo algunas presidencias y muchos consejeros en varias regiones.

Es una tontería decir que la división favorece a algunos y perjudica a otros. Se destaca el triunfo regional de Cajamarca y el éxito en pocas provincias en contraste con la derrota de Lima, pero se oculta la aplastante derrota de los partidos de izquierda que impulsaron la división en muchas provincias y distritos en donde presentaron candidatos. La verdad es que todas las izquierdas perdieron. Que unos pierdan menos que otros no los convierte en ganadores. Esta estrategia alternativa de la derecha puede tener un éxito temporal porque coincide con la autocomplacencia de Patria Roja y de T y L con los magros resultados obtenidos (salvo el caso de Cajamarca cuya victoria es importante).

¿A la izquierda le hubiera ido mejor en las recientes elecciones si hubiera ido unificada?. Sin duda que sí, de acuerdo a las experiencias pasadas. Hubiera disputado con más posibilidades de éxito en todas las regiones y hubiera obtenido mejores resultados en Lima, si, además de la unidad, hubiera sido capaz de articular una amplia coalición de centro izquierda. Hubiera encausado la radicalidad de varias regiones por los canales y las reglas de juego de la democracia quitándoles oxígeno  a los anarquistas y a los filosenderistas.

¿Es posible la unidad?. Es difícil, pero no imposible si se define con claridad los términos de la enemistad política (el pueblo que no sabe quién es su enemigo es un pueblo sin destino), se privilegian los aspectos programáticos, se controlan las pequeñas ambiciones disfrazadas de ideología, se aceptan tendencias dentro de la izquierda y se cultiva la tolerancia entre las cercanas diferencias.

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                                               Sinesio López Jiménez

La desconexión política y electoral entre los partidos nacionales (sobre todo AP y PPC) y las regiones comienza el 2002, se acelera el 2006  (arrastrando al APRA), toca fondo el 2010 y chapucea en ese fondo en las elecciones recientes. Esta desconexión atraviesa a los partidos de derecha e izquierda, pero no a la derecha empresarial ni a la concentrada derecha mediática que son las únicas que despliegan una estrategia política nacional: desaparecer a la izquierda del escenario político. ¿Quién era la izquierda para la derecha? Obviamente Susana Villarán en Lima, Santos en Cajamarca y otros líderes de las regiones, especialmente las mineras.

Los partidos fragmentados de la izquierda, sin embargo, no se sintieron notificados por este desafío de la derecha y siguieron sometiéndose a la lógica de la desconexión entre lo nacional y lo regional. En el último intento por concretar el Frente Amplio a comienzos de este año, T y L y Patria Roja apostaron al juego local y regional en el supuesto que tenían algunos bastiones en los que podían ganar. El acuerdo (tácito) fue respaldar al candidato (regional o local) de izquierda que tuviera un previsible apoyo mayoritario de la población. Era lo máximo a lo que se podía llegar sin Frente Amplio. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Cajamarca y de Moquegua.

El caso de Lima fue diferente. Todas las derechas (políticas, empresariales y mediáticas) se propusieron derrotar a Susana como representante de la izquierda y de las fuerzas progresistas. Ese era un consenso derechista, aunque cada uno tuviera su propio candidato. Sólo algunos partidos “puros” de la izquierda no la veían como una política de izquierda o suficientemente de izquierda y, por eso, no la respaldaron ni le dieron la franquicia electoral, obligándola a cobijarse en un vientre de alquiler. En vez de responder al desafío de la derecha con la unidad y con la formación de una vasta coalición de centro izquierda, los partidos fragmentados de la izquierda se suicidaron antes de entrar a la batalla, abandonaron a Susana y ahora quieren rehuir la responsabilidad de la derrota. A otro perro con ese hueso.

Es cierto que Susana ha tenido errores de gestión y de campaña que se resumen en el eslogan de “hace obras pero no roba”, contrapuesto al “hace obras pero roba” porque de lo que se trata es de saber para quien se hace las obras. Para los sectores mayoritarios de la población, especialmente para los más pobres, las obras de Castañeda llegaban más a sus intereses y necesidades que las obras de Villarán. Eso explica, en gran medida, su derrota. Si hubiera logrado empatar desde el comienzo con esos sectores sociales mayoritarios, otro sería el cantar. Es probable que en ese caso no hubiera pasado por las horcas caudinas de la revocatoria.

Pese a la derrota de Susana en Lima, la derecha empresarial y la derecha mediática piensan que  han fracasado en su estrategia de desbarrancar a la izquierda de la escena política y sostienen que las últimas elecciones tienen “un sabor a velorio”. Lo que más les duele es el triunfo de Santos en Cajamarca. Si de eso se trata, el velorio va a durar mucho tiempo.

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                                               Sinesio López Jiménez

No hay una sino varias políticas anticorrupción. Cada organismo de control tiene la suya que no es coordinada con las de los otros. Los organismos de control funcionan como compartimientos estancos y cada uno de ellos defiende celosamente su autonomía. Existe entre ellos tensiones y contradicciones que los corruptos aprovechan para hacer de las suyas. Es ilustrativa al respeto la pugna actual entre el Congreso y el Poder Judicial. Los corruptos tienen sus cortes superiores, sus fiscalías y sus juzgados favoritos que los investigan, los juzgan y los limpian de cualquier acusación de corrupción.

Los organismos de control institucional tampoco coordinan con las organizaciones de control social (la esfera pública y la sociedad civil) que generalmente vigilan a los aparatos del Estado y a sus funcionarios. Pese a que el control social no es vinculante (como el control institucional) sus acusaciones y denuncias públicas tienen una incidencia especial  gracias a lo que Habermas llama la fuerza política de la publicidad (entendida esta como el hecho de hacer públicas las denuncias). Esta es una vieja idea clásica (que se conserva hasta ahora) según la cual lo público corrige las fallas institucionales y nos hace mejores ciudadanos.

El control vertical que ejercen los ciudadanos en el momento de elegir a sus representantes y gobernantes no puede ser coordinado con los organismos de control institucional y social, pero un mejor funcionamiento de estos los ayuda a elegir mejor. La cultura política permisiva con la corrupción del 41% de los limeños tiene que ver con la corrupción de los gobernantes nacionales y locales y con el mal funcionamiento de los organismos de control que favorecen la impunidad y generan desmoralización pública.

¿Qué hacer?. Teniendo en cuenta que el establecimiento de una política anticorrupción es una tarea compleja, por ahora solo sugiero cuatro puntos que me parecen centrales. Primero, es necesario crear una autoridad autónoma del más alto nivel con poder suficiente y legítimo para que pueda coordinar obligatoriamente con todos los organismos de control institucional y social. Segundo, dado el alto nivel de corrupción, de impunidad y de permisividad social al que se ha llegado  en el Perú, es necesario diseñar políticas anticorrupción draconianas, pensando en una sociedad de canallas como dicen los especialistas en el diseño institucional.

Las principales medidas draconianas pueden ser las siguientes: No hay prescripción para los delitos de corrupción, prisión efectiva y embargo de todos los bienes del político corrupto,  inhabilitación permanente para todo cargo público (muerte civil). Tercero, establecer legalmente la coordinación obligatoria de los organismos de control institucional en todo lo que se refiere a las políticas de corrupción respetando la especialización de cada una de ellas. Cuarto, buscar un acuerdo de la autoridad anticorrupción, de los organismos de control institucional con los medios y con las principales organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política común de lucha implacable contra la corrupción. Esta coordinación podría ser muy efectiva.

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