Sinesio López Jiménez

Volverán las obras y los robos también. Desde siempre, pero sobre todo desde Odría en adelante, las obras y los robos estuvieron estrechamente asociados. Hechos y no palabras era la consigna de Odría. La política pública, basada en obras, hace que varios ganen. Se benefician los empresarios que ganan las licitaciones (muchos de ellos honestamente), ganan los sectores sociales a los que benefician supuestamente las obras y ganan sobre todo los políticos corruptos. Estos se benefician por partida doble: ganan legitimidad por desempeño (apoyo de los ciudadanos) y ganan plata mal habida. Eso explica, en gran medida, que ellos clamen solo por obras y más obras.

Para que la obra beneficie a los grupos señalados, la política pública tiene que privilegiar  las obras basadas en el cemento (pistas, carreteras, edificios públicos, viviendas, etc). La mejora de la calidad de algunos bienes públicos (educación, salud, justicia, etc) no cuenta o cuenta poco. Las pistas del conocimiento, por ejemplo, no cuentan. Las obras  de cemento favorecen a ciertos sectores empresariales (empresas dedicadas a la construcción), a algunos sectores sociales populares (con empleo e ingresos) y a la gran masa de informales con el probable uso de la obra.  Eso explica que los sectores pobres y más pobres  apoyen más al binomio de obras y robos.

Estos sectores viven una situación de enorme precariedad que reduce el horizonte de su vida a la sobrevivencia y  relativiza fuertemente  los valores éticos. Si el objetivo de la vida es sobrevivir, casi todo vale. Por eso, la permisividad con la corrupción es mayor en estos sectores sociales. Los políticos corruptos encuentran en ellos un terreno abonado para operar a sus anchas. Pero la cultura política permisiva no sólo tiene que ver con factores sociológicos y políticos. Ella se consolida con la falla de las instituciones de control. El control horizontal (el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc) no funciona porque ha sido invadido también por la corrupción.

El control social se ha debilitado porque la sociedad civil y la esfera pública (tradicionalmente vinculadas al control y a la fiscalización de los poderes públicos) han decaído y, lo que es peor, algunos medios se muestran también permisivos con la corrupción. El control vertical de los ciudadanos está a punto de ser neutralizado por la corrupción. Que el 41 o el 49% de los limeños apoye explícitamente a los candidatos que roban pero hacen obra, significa que la reserva moral de los ciudadanos está a punto de ser derrotada por la corrupción. Por lo general, el control ciudadano ha funcionado más o menos bien. Salvo los casos del odriismo y del fujimorismo, los políticos corruptos y sus partidos han sido reducidos a la mínima expresión cuando han buscado la reelección.

La falla de las instituciones de control trae consigo la impunidad de los políticos corruptos y la desmoralización pública. Ella los envalentona y los hace cínicos. Por eso suelen decir que ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni cualquier otro organismo de control los acusa de nada. Y siguen con sus fechorías. Lo primero que buscan los políticos corruptos es que las instituciones de control (sobre todo la Fiscalía y el Poder Judicial) los limpien de cualquier acusación de corrupción. Para eso necesitan controlarlas. Eso es precisamente lo que pasa en el Perú. ¿Qué hacer?. Volveremos sobre el tema.