Sinesio López Jiménez

Los neoliberales vienen manejando el Estado  hace más de dos décadas. Ellos son, por consiguiente, responsables del Estado que actualmente tenemos. Sería más que un despropósito afirmar que el deficiente Estado actual es obra del primer gobierno de García o de Velasco. ¿Qué Estado han construido los neoliberales en estos casi 25 años de captura?.  Un estado débil (incapaz de ejercer su autoridad sobre toda la población en todo el territorio), antidemocrático (con poca capacidad para desplegar políticas públicas iguales para todos e impartir una justicia igual para todos), hemipléjico (los aparatos económicos al servicio del capital funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales al servicio de los  ciudadanos funcionan pésimo), ineficiente (el grueso de la burocracia civil y militar no se basa en el mérito sino en la clientela).

¿Era posible organizar en estos 25 años un Estado que maneje con eficiencia y calidad los bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia, agua, etc) para todos los ciudadanos sin discriminación?. Mi respuesta es positiva, pero eso hubiera requerido que los gobernantes y las élites económicas y políticas (que manejan el gobierno y el Estado)  revaloricen los bienes públicos, entreguen más recursos a los ministerios sociales encargados de administrarlos, inviertan más en infraestructuras de calidad, paguen mejor a los cuadros profesionales que los administran (como lo hace con los cuadros de los aparatos económicos), impulsen la meritocracia también en esos sectores, etc.

¿Por qué no lo han hecho?. Mi hipótesis es que los gobiernos y las élites neoliberales (que han capturado el Estado desde 1990 en adelante) aplican una estrategia deliberadamente perversa de devaluación de los bienes públicos que administra el Estado,  manejan a pan y agua a los ministerios sociales (García, por ejemplo, bajó los gastos en educación de 3.2% del PBI a 2.8% en su segundo gobierno), los acusan de ineficientes y justifican de ese modo su entrega a los negocios privados. Todo eso requiere, desde luego, que el Estado tenga más recursos y que pase del 15% o 16% de presión tributaria siquiera a 20% que es la media de América Latina.

Todas las decisiones y las políticas que impulsan la devaluación de los bienes públicos que administra el Estado y su entrega a los negocios privados se toman en el MEF, el buque insignia de la captura estatal. Allí se toman las decisiones a favor del capital y en contra de los ciudadanos de a pie. Allí operan los lobbies a sus anchas. Los llamados cornejoleaks constituyen solo una pequeña muestra de una modalidad de operación de los negocios privados en el corazón del Estado. Hay, sin duda, otras más secretas, más eficaces y de mayor envergadura y que solo conocen los interesados y los sabuesos de la investigación. Que no salgan a la luz pública no significa que no existan.

No es fácil el tránsito de bien público a negocio privado. La dificultad es sobre todo política: la resistencia y el rechazo de los ciudadanos por los perjuicios que les ocasionan. Por eso la privatización comienza tímidamente con las alianzas público-privadas (APP) en las que el Estado define la cobertura social del servicio público, mantiene su financiamiento, pero la ejecución es entregada a las empresas privadas.