Sinesio López Jiménez

La apropiación de los bienes públicos para convertirlos en negocios privados tiene una vieja historia conflictiva que se inicia con la difusión del capital comercial dentro de las ciudades república (que defendían el bien común y la virtud cívica) en Europa desde el siglo XIV en adelante. Maquiavelo, el más insigne republicano de todos los tiempos,  le dio un estatuto teórico a este conflicto abriéndose otro frente con la historia del comercio (protoliberalismo), además de los que ya tenía (la historia de la Providencia  y la historia clásica de la Fortuna) para afirmar una historia hecha por los hombres a través de la política. Pese a que Maquiavelo fue derrotado en la larga coyuntura del Renacimiento, el republicanismo cívico obtuvo algunos triunfos hasta la conquista de la independencia norteamericana.

Es cierto, sin embargo, que autores posteriores (Harrington y Montesquieu) demostraron, desde una perspectiva pluralista, que el comercio y la república eran compatibles y que existieron de hecho varias republicas comerciales a  lo largo de la historia. Eso explica quizá que ellos, especialmente Montesquieu, hayan sido vistos como adalides de un mundo que no es un universo sino un pluriverso en el que caben diversas apuestas culturales, económicas y políticas. La republica peruana, instalada con la independencia en el siglo XIX, no tuvo la capacidad para crear una nutrida red de bienes públicos porque el Estado era débil y casi inexistente y la sociedad señorial estaba desestructurada y fragmentada. Sólo desde comienzos del siglo XX, el civilismo impulsó agresivamente la educación como un bien público con la finalidad  de homogeneizar al país y de integrar a la población andina. Sus alcances, sin embargo, fueron limitados manteniéndose victorioso el analfabetismo hasta los 50 del siglo pasado.

En los años 30 los partidos populistas y de izquierda impulsaron la formación de un Estado fuerte y capaz de desarrollar una serie de bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia y otros) para integrar a todos peruanos frente a las políticas excluyentes de las élites oligárquicas. Algo se avanzó en particular en el campo educativo hasta los 60 del siglo pasado. Hasta esa década se tuvo una educación pública de calidad. Los mejores cuadros intelectuales y profesionales del país estudiaron en colegios públicos y en la UNMSM.

Luego vino la debacle. La educación pública llegó casi a todos en los niveles básicos y se masificó la educación universitaria, pero  el Estado no les dio los recursos necesarios para su desarrollo de calidad y las abandonó. Apoyó más bien a las universidades asociativas sin fines de lucro, algunas de las cuales han alcanzado excelentes resultados, pero se institucionalizó una especie de discriminación social en el campo educativo: Los hijos de las clases medias y altas estudiaron en las universidades asociativas mientras los pobres y los cholos siguieron en la educación pública devaluada y de baja calidad.

La hiperinflación y el mal manejo de las políticas públicas en el desastroso primer gobierno de García destruyeron la economía, el tejido social y el Estado y, lo que es peor, abrieron las puertas al ciclo privado y privatista que estamos viviendo. Desde entonces las élites neoliberales han capturado el Estado y despliegan agresivas políticas para transformar los bienes públicos en negocios privados.