Sinesio López Jiménez

Volverán las obras y los robos también. Desde siempre, pero sobre todo desde Odría en adelante, las obras y los robos estuvieron estrechamente asociados. Hechos y no palabras era la consigna de Odría. La política pública, basada en obras, hace que varios ganen. Se benefician los empresarios que ganan las licitaciones (muchos de ellos honestamente), ganan los sectores sociales a los que benefician supuestamente las obras y ganan sobre todo los políticos corruptos. Estos se benefician por partida doble: ganan legitimidad por desempeño (apoyo de los ciudadanos) y ganan plata mal habida. Eso explica, en gran medida, que ellos clamen solo por obras y más obras.

Para que la obra beneficie a los grupos señalados, la política pública tiene que privilegiar  las obras basadas en el cemento (pistas, carreteras, edificios públicos, viviendas, etc). La mejora de la calidad de algunos bienes públicos (educación, salud, justicia, etc) no cuenta o cuenta poco. Las pistas del conocimiento, por ejemplo, no cuentan. Las obras  de cemento favorecen a ciertos sectores empresariales (empresas dedicadas a la construcción), a algunos sectores sociales populares (con empleo e ingresos) y a la gran masa de informales con el probable uso de la obra.  Eso explica que los sectores pobres y más pobres  apoyen más al binomio de obras y robos.

Estos sectores viven una situación de enorme precariedad que reduce el horizonte de su vida a la sobrevivencia y  relativiza fuertemente  los valores éticos. Si el objetivo de la vida es sobrevivir, casi todo vale. Por eso, la permisividad con la corrupción es mayor en estos sectores sociales. Los políticos corruptos encuentran en ellos un terreno abonado para operar a sus anchas. Pero la cultura política permisiva no sólo tiene que ver con factores sociológicos y políticos. Ella se consolida con la falla de las instituciones de control. El control horizontal (el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc) no funciona porque ha sido invadido también por la corrupción.

El control social se ha debilitado porque la sociedad civil y la esfera pública (tradicionalmente vinculadas al control y a la fiscalización de los poderes públicos) han decaído y, lo que es peor, algunos medios se muestran también permisivos con la corrupción. El control vertical de los ciudadanos está a punto de ser neutralizado por la corrupción. Que el 41 o el 49% de los limeños apoye explícitamente a los candidatos que roban pero hacen obra, significa que la reserva moral de los ciudadanos está a punto de ser derrotada por la corrupción. Por lo general, el control ciudadano ha funcionado más o menos bien. Salvo los casos del odriismo y del fujimorismo, los políticos corruptos y sus partidos han sido reducidos a la mínima expresión cuando han buscado la reelección.

La falla de las instituciones de control trae consigo la impunidad de los políticos corruptos y la desmoralización pública. Ella los envalentona y los hace cínicos. Por eso suelen decir que ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni cualquier otro organismo de control los acusa de nada. Y siguen con sus fechorías. Lo primero que buscan los políticos corruptos es que las instituciones de control (sobre todo la Fiscalía y el Poder Judicial) los limpien de cualquier acusación de corrupción. Para eso necesitan controlarlas. Eso es precisamente lo que pasa en el Perú. ¿Qué hacer?. Volveremos sobre el tema.

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Sinesio López Jiménez

La derecha peruana no se hace problemas en definir la política como una relación intensa entre amigos y enemigos con todo lo que eso implica: el combate a muerte y la desaparición del enemigo. Ella sabe con seguridad quien es el enemigo al que tiene que derrotar y aniquilar: la izquierda. Para ella el Perú sería un paraíso si no existiera la izquierda que la cuestione, la enfrente y la combata. Quiere engordar y hacer la siesta tranquila. La misma apuesta hizo el 2011, pero perdió en la cancha electoral.

¿Y quien es la izquierda para la derecha peruana?. Susana Villarán en Lima, Gregorio Santos en Cajamarca y todos los candidatos a los gobiernos regionales y locales que expresan y representan el descontento y la protesta de vastos sectores sociales con el establisment. El ensañamiento derechista con Susana Villarán sale de los marcos de toda política democrática. Al día siguiente de haber sido elegida, la derecha ya la estaba calificando de incapaz y pidiendo su revocatoria. Los insultos, las calumnias y las difamaciones eran el menú de todos los días de la prensa derechista.

Gracias al activismo de las mafias de todo tipo, la derecha logró imponer la revocatoria, pero fue derrotada nuevamente en la cancha electoral. Susana logró organizar una vasta coalición antirevocatoria y triunfó, pero el costo fue muy alto: perdió sus mejores cuadros en la batalla electoral  y el gobierno y la gestión municipal quedaron muy debilitados. En las elecciones de Noviembre del año pasado, los bellacos revocadores (como los llamó Bedoya) no se presentaron y la coalición antirevocatoria se fragmentó, obteniendo los mejores resultados el PPC y Somos Perú.

Ahora los revocadores y sus mafias se han envalentonado y, aunque también se han fragmentado, parecen reinar casi solas en la cancha si nos guiamos por lo que dicen las encuestas. El objetivo de la derecha es desaparecer a Susana Villarán del escenario y convertir la lucha electoral en una pichanguita de los candidatos de derecha. García, el más político de todos los revocadores, no parece estar convencido de este juego y quiere más bien poner todos los huevos en la canasta de Luis Castañeda, sacrificando a su propio candidato.

A diferencia de la derecha, las izquierdas fragmentadas no saben quién es su enemigo. No saben a quién enfrentar en este proceso electoral. Algunos despistados disparan incluso contra Susana y contra el centro acusado de corrupción. Han perdido la brújula política que les ayudó a enfrentar con éxito la revocatoria. Esa brújula les señalaba que los enemigos a combatir eran los revocadores derechistas y sus mafias y para ello era necesario organizar la unidad de las izquierdas (el Frente Amplio) y una vasta coalición de centro-izquierda que les garantice el éxito.

En combate con la derecha que quiere eliminarlas, las izquierdas tienen que reivindicar su derecho a existir, a representar a los sectores contestatarios y a gobernar. Tienen 15  días para recuperar la brújula, entrar al combate contra la derecha y sus mafias y respaldar a Susana (pese a sus errores) y a todos los candidatos de izquierda en las diversas regiones del país. No todo está dicho: Ni las encuestas son la biblia en una situación de alta volatilidad política ni la prensa concentrada y sus candidatos son imbatibles.

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Sinesio López Jiménez

Los neoliberales vienen manejando el Estado  hace más de dos décadas. Ellos son, por consiguiente, responsables del Estado que actualmente tenemos. Sería más que un despropósito afirmar que el deficiente Estado actual es obra del primer gobierno de García o de Velasco. ¿Qué Estado han construido los neoliberales en estos casi 25 años de captura?.  Un estado débil (incapaz de ejercer su autoridad sobre toda la población en todo el territorio), antidemocrático (con poca capacidad para desplegar políticas públicas iguales para todos e impartir una justicia igual para todos), hemipléjico (los aparatos económicos al servicio del capital funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales al servicio de los  ciudadanos funcionan pésimo), ineficiente (el grueso de la burocracia civil y militar no se basa en el mérito sino en la clientela).

¿Era posible organizar en estos 25 años un Estado que maneje con eficiencia y calidad los bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia, agua, etc) para todos los ciudadanos sin discriminación?. Mi respuesta es positiva, pero eso hubiera requerido que los gobernantes y las élites económicas y políticas (que manejan el gobierno y el Estado)  revaloricen los bienes públicos, entreguen más recursos a los ministerios sociales encargados de administrarlos, inviertan más en infraestructuras de calidad, paguen mejor a los cuadros profesionales que los administran (como lo hace con los cuadros de los aparatos económicos), impulsen la meritocracia también en esos sectores, etc.

¿Por qué no lo han hecho?. Mi hipótesis es que los gobiernos y las élites neoliberales (que han capturado el Estado desde 1990 en adelante) aplican una estrategia deliberadamente perversa de devaluación de los bienes públicos que administra el Estado,  manejan a pan y agua a los ministerios sociales (García, por ejemplo, bajó los gastos en educación de 3.2% del PBI a 2.8% en su segundo gobierno), los acusan de ineficientes y justifican de ese modo su entrega a los negocios privados. Todo eso requiere, desde luego, que el Estado tenga más recursos y que pase del 15% o 16% de presión tributaria siquiera a 20% que es la media de América Latina.

Todas las decisiones y las políticas que impulsan la devaluación de los bienes públicos que administra el Estado y su entrega a los negocios privados se toman en el MEF, el buque insignia de la captura estatal. Allí se toman las decisiones a favor del capital y en contra de los ciudadanos de a pie. Allí operan los lobbies a sus anchas. Los llamados cornejoleaks constituyen solo una pequeña muestra de una modalidad de operación de los negocios privados en el corazón del Estado. Hay, sin duda, otras más secretas, más eficaces y de mayor envergadura y que solo conocen los interesados y los sabuesos de la investigación. Que no salgan a la luz pública no significa que no existan.

No es fácil el tránsito de bien público a negocio privado. La dificultad es sobre todo política: la resistencia y el rechazo de los ciudadanos por los perjuicios que les ocasionan. Por eso la privatización comienza tímidamente con las alianzas público-privadas (APP) en las que el Estado define la cobertura social del servicio público, mantiene su financiamiento, pero la ejecución es entregada a las empresas privadas.

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                                               Sinesio López Jiménez

La apropiación de los bienes públicos para convertirlos en negocios privados tiene una vieja historia conflictiva que se inicia con la difusión del capital comercial dentro de las ciudades república (que defendían el bien común y la virtud cívica) en Europa desde el siglo XIV en adelante. Maquiavelo, el más insigne republicano de todos los tiempos,  le dio un estatuto teórico a este conflicto abriéndose otro frente con la historia del comercio (protoliberalismo), además de los que ya tenía (la historia de la Providencia  y la historia clásica de la Fortuna) para afirmar una historia hecha por los hombres a través de la política. Pese a que Maquiavelo fue derrotado en la larga coyuntura del Renacimiento, el republicanismo cívico obtuvo algunos triunfos hasta la conquista de la independencia norteamericana.

Es cierto, sin embargo, que autores posteriores (Harrington y Montesquieu) demostraron, desde una perspectiva pluralista, que el comercio y la república eran compatibles y que existieron de hecho varias republicas comerciales a  lo largo de la historia. Eso explica quizá que ellos, especialmente Montesquieu, hayan sido vistos como adalides de un mundo que no es un universo sino un pluriverso en el que caben diversas apuestas culturales, económicas y políticas. La republica peruana, instalada con la independencia en el siglo XIX, no tuvo la capacidad para crear una nutrida red de bienes públicos porque el Estado era débil y casi inexistente y la sociedad señorial estaba desestructurada y fragmentada. Sólo desde comienzos del siglo XX, el civilismo impulsó agresivamente la educación como un bien público con la finalidad  de homogeneizar al país y de integrar a la población andina. Sus alcances, sin embargo, fueron limitados manteniéndose victorioso el analfabetismo hasta los 50 del siglo pasado.

En los años 30 los partidos populistas y de izquierda impulsaron la formación de un Estado fuerte y capaz de desarrollar una serie de bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia y otros) para integrar a todos peruanos frente a las políticas excluyentes de las élites oligárquicas. Algo se avanzó en particular en el campo educativo hasta los 60 del siglo pasado. Hasta esa década se tuvo una educación pública de calidad. Los mejores cuadros intelectuales y profesionales del país estudiaron en colegios públicos y en la UNMSM.

Luego vino la debacle. La educación pública llegó casi a todos en los niveles básicos y se masificó la educación universitaria, pero  el Estado no les dio los recursos necesarios para su desarrollo de calidad y las abandonó. Apoyó más bien a las universidades asociativas sin fines de lucro, algunas de las cuales han alcanzado excelentes resultados, pero se institucionalizó una especie de discriminación social en el campo educativo: Los hijos de las clases medias y altas estudiaron en las universidades asociativas mientras los pobres y los cholos siguieron en la educación pública devaluada y de baja calidad.

La hiperinflación y el mal manejo de las políticas públicas en el desastroso primer gobierno de García destruyeron la economía, el tejido social y el Estado y, lo que es peor, abrieron las puertas al ciclo privado y privatista que estamos viviendo. Desde entonces las élites neoliberales han capturado el Estado y despliegan agresivas políticas para transformar los bienes públicos en negocios privados.

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