Sinesio López Jiménez

La ley universitaria es una reforma que nace con fórceps. Ha demorado mucho en ser aprobada y ha sido más resistida que apoyada. La oposición a la ley ha sido muy estridente  porque ha tenido como vocero a la prensa concentrada. El debate fue demorado por la existencia de lobbies opositores. Finalmente ha sido aprobada por una mayoría no tan contundente en el Congreso. Ahora los opositores han desplegado una campaña para que Humala la observe y no la promulgue y, una vez que sea promulgada, presentarán seguramente todas las acciones de amparo necesarias para que sea declarada inconstitucional.

La ley trae, sin embargo, algunas buenas noticias. Preserva la autonomía universitaria (normativa, de gobierno, académico, administrativa y económica); defiende la educación universitaria como un bien público que debe ser regulado por el Estado como ente rector, aunque en algunos casos sea un negocio privado; exige condiciones de calidad (locales universitarios, bibliotecas, laboratorios, docentes universitarios con alta calificación) para otorgar licencias de funcionamiento a las universidades públicas y privadas; obliga a pagar impuestos a las universidades societarias (de lucro), descontando un porcentaje en caso de reinversión en la mejora de la misma universidad; promueve la investigación científica y tecnológica; democratiza la universidad pública y la libera de argollas perniciosas.

Toda reforma suscita resistencias en los grupos de interés que se sienten afectados y despierta simpatías en los grupos que se sienten favorecidos. ¿Cuáles son los grupos de interés que se sienten perjudicados? En primer lugar, las pequeñas argollas de muchas universidades públicas que las manejan con métodos mafiosos; en segundo lugar, las camarillas (enquistadas por años)  de algunas universidades asociativas que manejan arbitrariamente los fondos de sus respectivas universidades y en tercer lugar, muchas universidades privadas cuya calidad académica es deplorable. Todos estos grupos opositores se han expresado con estridencia en la agonizante ANR cuyo presidente ha llegado a decir exageradamente que la nueva ley resucitará a Sendero Luminoso.

La crítica más descalificadora de la ley ha sido formulada por García y Fujimori. Este ha dicho que tiene un “tinte velasquista” y García, que es chavista humalista. Se ve que han opinado sin conocerla. En los medios universitarios, opuestos mayoritariamente a estos cuestionados políticos, sus opiniones críticas terminan legitimando la ley. Las opiniones y los puntos de vista de la prensa concentrada, que consideran a la educación como una mercancía cualquiera y que buscan, por eso mismo, transformarla en un negocio privado muy lucrativo y sin regulación, merecen una crítica especial.

La crítica más fundada se dirige a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) cuyo superintendente es nombrado por el Ministro de Educación y no es docente ni investigador. Mejor hubiera sido que lo eligiera el Consejo Directivo de la SUNEDU sin que el mencionado ministerio pierda su rol rector. Finalmenete, me permito una reivindicación generacional. La ley jubila (en la universidad pública) a los profesores de más de 70 años. En la educación universitaria, los viejos y destacados profesores son como el buen vino: mientras más viejo, mejor.