Sinesio López Jiménez
García cree que Dios lo asesoraba cuando era presidente de la República. Los Awajún-wampis creen que el espíritu poderoso de Ajutab, que les da fuerza y valor, desciende de las cascadas de la Cordillera del Cóndor. La creencia de García es tan válida como la de Santiago Manuin, apu del pueblo awajún. García piensa, sin embargo, que su creencia es verdadera mientras que la de los awajún-wampis es “animismo primitivo”. ¿Qué diferencia existe entonces entre García y Francisco Pizarro o el cura Valverde de los tiempos de la conquista?. Parece que muy poca. En todo caso, es revelador del dominio discriminador de la cultura criolla que un hombre como García haya sido (dos veces) Presidente del Perú, un país de una indudable multiculturalidad compleja.
Si ese es el esquema mental de García entonces son explicables los discursos, las políticas y las decisiones que desembocaron en el Baguazo. García estuvo en el origen, en el proceso y en el desenlace de los acontecimientos luctuosos de Bagua. Todo comenzó con sus artículos (más que discutibles) sobre el perro del hortelano en los que anunciaba la venta de los recursos naturales a las transnacionales. Vino luego la delegación de facultades del Congreso para que el Ejecutivo legislara sobre los asuntos vinculados a la viabilidad del TLC con Estado Unidos. Se produjo entonces un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo apoyándose en el profesionalismo interesado de los grandes estudios de abogados, eludiendo el debate público que requiere toda propuesta legislativa y evadiendo, sobre todo, la consulta a las etnias de la selva como lo ordenaba el convenio 169 con la OIT.
En ese sentido, García y los ministros que tenían que ver con este tema no siguieron el debido proceso y sus decisiones eran y son ilegítimas. Sin estas decisiones del Ejecutivo, el Baguazo no se habría producido. Sus autores intelectuales son por consiguiente, no la Defensoría ni algunas ONG que trabajan con las etnias de la selva, como piensa ahora El Comercio (que tenía una opinión distinta cuando se produjeron los hechos), sino García, el Primer Ministro y la Ministra del Interior. Ahora sabemos que hubo también presión de la Embajada norteamericana en el Perú para que García actuara con firmeza y sin concesiones.
Los tribunales de justicia han excluido del juicio, sin embargo, a García, a Simons, Cabanillas y Araoz y se han concentrado en los supuestos autores materiales de la muerte de 33 personas y un desaparecido: 80 personas elegidas al azar, sin la individualización de sus responsabilidades y sin las pruebas necesarias para inculparlas. La justicia ordinaria es tuerta (sólo ve con un ojo la responsabilidad de los awajún), arbitraria (no sigue el debido proceso), unilateral (desconoce la justicia comunal, pese a que está reconocida en la Constitución) y discriminatoria (juzga a los supuestos responsables con las leyes, los procedimientos, la lengua y la cultura del mundo criollo-occidental).
La justicia criolla tiene problemas para resolver las injusticias de su propio mundo y, por lo que vemos en este caso, está incapacitada para resolver las injusticas históricas que el Perú arrastra desde hace varios siglos. Es necesario asumir la perspectiva de una justicia intercultural para resolver el Baguazo con equidad.