Sinesio López Jiménez

Ancash es sólo la punta del iceberg. Debajo de sus señales se mueve un conjunto de fallas estructurales  que agobia al Perú  (y a algunas regiones en particular) desde hace mucho tiempo. La peculiaridad de la situación actual es que esos viejos problemas  se han fusionado y han estallado en esa región (y en otras como Tumbes) apareciendo como asesinatos políticos, sicarios al servicio del mejor postor,  caudillos locales que disputan un botín, corrupción, crimen organizado, sindicatos asociados al delito, incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a los ciudadanos y poner orden, inoperancia  (¿o inexistencia?) de los partidos políticos nacionales.  La situación es compleja y pone en la picota no sólo a la política y al Estado  sino también a otras dimensiones (económica, social, cultural) de la vida social.

Desde la perspectiva política existen, por lo menos, cuatro problemas que están en la base de lo que pasa en Ancash y en otras regiones. En primer lugar, la ancestral debilidad del Estado explica su ausencia o presencia marginal en varias regiones, su incapacidad para sostener la vigencia de la ley y de la igualdad de esta para todos, su impotencia para ofrecer seguridad y orden y sus dificultades para llevar las políticas públicas (especialmente las políticas sociales) a muchas regiones del país. El Estado es más chico que la sociedad y el territorio sobre los que supuestamente ejerce jurisdicción. Las élites militares, las élites señoriales y empresariales y los caudillos políticos han sido incapaces de construir un Estado peruano en forma. Tenemos por eso el Estado modesto y maltrecho que nuestras elites enclenques han podido construir a lo largo de la historia.

En segundo lugar, el colapso de los partidos nacionales (que se llaman así sólo porque pueden elegir candidatos para que compitan a nivel nacional) explica su ausencia en las elecciones regionales y locales, la fragmentación política nacional y regional, la volatilidad electoral y partidaria, la presencia de poderes fácticos, la competencia exacerbada (apelando al sicariato y al asesinato) entre caudillos regionales y locales por el botín del canon en las regiones que lo tienen. La debilidad de los partidos nacionales ha dado origen (y fortalecido) a los caudillos nacionales y regionales y a los poderes fácticos y estos, a su vez, agudizan la inoperancia de los partidos.  Se ha producido un círculo vicioso que es necesario romper con la formación de nuevos partidos y frentes políticos.

El tercer lugar, el diseño actual de la descentralización por departamentos ha agudizado la debilidad del Estado,  ha acentuado la fragmentación territorial y ha reinstaurado la vieja relación indirecta del Estado central con los ciudadanos, mediada ahora por los caudillos regionales. Lima, sin embargo, no ha perdido poder. La principal virtud de la descentralización es el desplazamiento de recursos a las regiones. Eso está bien, pero la distribución de esos recursos ha sido mal diseñada. El canon no llega a todas las regiones. Sólo seis o siete regiones lo perciben. Es necesario redistribuirlo estableciendo políticas de compensación para las regiones más pobres del país.

Finalmente, la captura de algunos aparatos de control estatal (la fiscalía, el poder judicial y otros) por los corruptos impide la vigencia de la ley y de la justicia  y genera incredibilidad en el Estado. La Republica ha revelado en varias ediciones que el poder judicial de algunas regiones se ha convertido en un paraíso de las acciones de amparo de los corruptos y que algunos fiscales que cumplieron con su deber de investigar la corrupción fueron destituidos por sus jefes. La solución política de lo que pasa en Ancash y en otras regiones es compleja y requiere enfrentar varios problemas a la vez, pero por alguno de ellos hay que comenzar.