Sinesio López Jiménez

Es una ironía de la historia que García apele hoy al respeto al debido proceso que no observó  cuando fue presidente de la República. El caso más dramático  tiene que ver con el conjunto de decretos legislativos que dio García para facilitar las inversiones en la selva sin respetar el debido proceso que lo obligaba a consultar previamente a los nativos. Todo comenzó con la insidiosa “teoría” del perro del hortelano y culminó trágicamente con  la muerte de  33   peruanos y un desaparecido en el baguazo, un número ligeramente menor (perpetrado en un día) que el producido en más de un mes  en el conflicto político venezolano que tanto escandaliza a los medios de derecha.

El primer responsable de esa tragedia fue, sin duda, García. A propósito, ¿cuáles son los efectos políticos y penales de las investigaciones que realizaron el Congreso y otras instancias del gobierno sobre este trágico acontecimiento?. ¿Qué ha hecho el poder judicial para sancionar esta violación evidente al debido proceso que trajo consecuencias trágicas?. ¿Acaso un presidente de la República, según el poder judicial, está eximido de atenerse al debido proceso?. El debido proceso obliga a todos los que toman decisiones en las diversas instancias del Estado, también, por supuesto, al poder judicial que, por ser uno de los poderes más corruptos, es el que más lo viola.

El parlamento está obligado a someterse también al debido proceso que fijan las leyes y su propio reglamento en el desempeño de sus múltiples funciones. Si al juez le parece que el término “vinculado” (a los hechos investigados) con el que la Megacomisión cita a García no es sinónimo de “investigado”, el Congreso tiene que atender sus exquisiteces semánticas. En todo caso, el término “vinculado” que usa la Megacomisión para citar a García es menos grave que la frase “nuestro patrocinado” que usa el juez para aludir al “vinculado” García a los hechos investigados. El inconsciente traiciona al juez pro-García. ¿O es una confesión sincera?.

García y sus leales celebran la decisión del juez en la creencia de que la falla en una formalidad jurídica, subsanable por lo demás, borra las graves acusaciones de fondo (especialmente las que se refieren a los narcoindultos) que le hace la Megacomisión a García. La imprecisión en la forma de citación al investigado García no borra los resultados y hallazgos de la investigación. García ha desplegado una estrategia de confrontación con Humala para defenderse de las acusaciones de la Megacomisión señalándolo como el verdadero jefe que la digita para acusarlo constitucionalmente e inhabilitarlo políticamente.

En la medida que el oficialismo no va a tener un candidato propio en el 2016, la inhabilitación de García no parece estar en los planes de Humala. Estaría más bien dentro de los intereses de Keiko Fujimori que va a ser candidata segura en el 2016 y a quien García hace demasiada sombra. En este caso García no está jugando bien sus fichas porque empuja al nacionalismo a los brazos del fujimorismo que estaría más interesado en sacarlo de la competencia política. En este sentido, el juego político de García parece hacer parte más bien de una estrategia de encubrimiento de las graves acusaciones de la Megacomisión.

La estrategia de confrontar con Humala coloca a García, sin embargo, en el primer plano de la escena que atrae todos los reflectores de los medios, la mayoría de los cuales lo miman. En este aspecto Humala y el oficialismo flaquean. Humala no es un experimentado político ni un destacado esgrimista verbal. Apenas balbucea y ensaya algunas respuestas. Y el gabinete de “técnicos” es una nulidad en el campo de la política. En realidad, quienes deben enfrentar a García son el Primer Ministro o los ministros que debieran ser todos políticos. Para técnicos bastan los viceministros y el cuerpo de funcionarios que los secundan.