Sinesio López Jiménez

Ni Maduro es dictador, ni la oposición movilizada es fascista. Los calificativos son gritos de guerra de la aguda polarización sociopolítica de Venezuela. ¿Pueden llegar a serlo?. Eso depende de la evolución de la actual situación política venezolana. Si la polarización movilizada continúa (en el contexto de una desastrosa situación económica) y no se abren las puertas del diálogo, Maduro podría dar un autogolpe (a lo Fujimori de 1992) y pasar de una democracia defectuosa con rasgos autoritarios a una dictadura totalitaria de izquierda. Un cambio drástico de régimen político. Si las movilizaciones anti-chavistas logran dividir a las FFAA. venezolanas podría producirse un golpe de Estado a lo Pinochet (con rasgos fascistas) para instaurar a la mala el modelo neoliberal. Tengo la impresión que el intento golpista de un sector de la oposición ha fracasado. Por ahora.

Si no hubiera polarización social y política y solo existiera una movilización masiva de los opositores de derecha frente a un gobierno aislado podría producirse un golpe ciudadano que abra las puertas a una transición política (y neoliberal) como en Ukrania (que, además, presenta especiales características culturales y geopolíticas). Este no es caso venezolano. Las guerras social, política, económica, mediática y diplomática también han llegado a la academia. En estos momentos se despliegan encendidos debates sobre la crisis del régimen político venezolano y sus probables salidas en las universidades y centros de investigación del mundo.

Quizá el más interesante y de más alto nivel académico enfrenta a dos destacados politólogos que, por lo demás, fueron compañeros de estudios en la misma universidad (Berkeley) y bajo la misma dirección de estudios (David Collier): Steven Levitsky (Harvard) y Maxwell Cameron (British Columbia Vancouver).  Levitsky y Lucan A Way escribieron el libro “Competitive autoritarianism. Hybrid Regimen after the Cold Ward” (2010) en el que sostienen que las elecciones por sí solas no hacen a un régimen democrático. Las elecciones pueden ser libres de todo fraude, pero al mismo tiempo injustas porque usan los recursos del Estado, monopolizan los medios y hacen mal uso de la ley. La forma como gobiernan importa mucho para etiquetar a los regímenes políticos. Un gobierno elegido libremente no puede reprimir a sus opositores ni formar escuadrones de la muerte y llamarse democrático.

Max Cameron ha escrito un artículo crítico aún no publicado (The myth of Competitive Autoritarianisme in the Andes) en el que afirma que el concepto de autoritarismo competitivo se ha utilizado para etiquetar erróneamente varias de las democracia latinoamericanas. Sostiene que Venezuela está en el límite del autoritarismo competitivo, pero no es tal porque no existe un núcleo duro y mafioso (como en el fujimorismo) que busque perpetuarse en el poder (característica central del autoritarismo, según Juan Linz). Venezuela es un régimen democrático defectuoso cuyas tendencias plebiscitarias han producido una democracia de muy baja calidad.

Luego de la caída del muro de Berlín Sartori escribió un libro (La democracia después del comunismo) en el que sostiene que el triunfo de la democracia en el mundo es parcial porque ella se impuso como principio de legitimidad, pero no como forma de gobierno. El único criterio que autoriza gobernar es la elección libre y justa de las autoridades. El problema en este caso es cuanta inequidad debe tener un proceso electoral para considerar al régimen resultante como no democrático.  El  gobierno de un régimen democrático puede presentar algunos rasgos autoritarios, como es el caso de muchos gobiernos de AL, sin que pierdan por eso su carácter democrático.

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                                   Sinesio López Jiménez

Venezuela vive una aguda confrontación entre el chavismo y las fuerzas de oposición de derecha que se despliega en diversos planos interconectados: la movilización de masas, la guerra mediática, la guerra económica y los alineamientos diplomáticos. Las fuerzas internas de poder del chavismo son más o menos sólidas: el partido (PSUV), las FF.AA. y los “colectivos” paramilitares. Las pugnas de liderazgo entre Maduro y Diosdado son menores que las existentes entre Capriles y López y Machado en el MUD de derecha, cuya fuerza proviene del movimiento de los jóvenes, del mundo empresarial, de los medios y del apoyo externo. El talón de Aquiles del chavismo es al mismo tiempo la fortaleza de las fuerzas derechistas: la aguda crisis económica y las políticas que despliega para enfrentarla, el modelo de desarrollo y el tipo de relación con la economía globalizada.

En el MUD se han venido desplegando dos estrategias en conflicto: la constitucional de Capriles y la anticonstitucional de López y Machado (explicitada en las movilizaciones y morigerada en la hora de la entrega a la justicia) que busca la renuncia de Maduro a través de un golpe ciudadano que abra fisuras en las FF.AA para instaurar un gobierno de transición. Tengo la impresión que, con la entrega de López, la estrategia golpista ha sido temporalmente derrotada. La guerra mediática está encabezada por la CNN y Telesur y consiste en que una muestra lo que la otra oculta. Uno de los temas que suscita apasionados debates políticos y académicos es el tipo régimen venezolano que algunos combaten y otros apoyan. ¿Es una democracia?¿Es un régimen autoritario?, ¿es una dictadura?.

Para la mayoría de los venezolanos es una democracia. Venezuela con el 71% y Uruguay con el 78% ocupan los primeros lugares de apoyo a la democracia como la mejor forma de gobierno y un 42% de los venezolanos está satisfecho con la democracia que tiene, cifra que es relativamente alta si se la compara con el 26% del Perú que está en los últimos lugares de satisfacción con la democracia (Latinobarómetro, 2013). Lo que piensan los académicos es, sin embargo, bastante diferente. Desde la perspectiva de la calidad de la democracia que toma en cuenta el funcionamiento de las instituciones, Venezuela ocupa el puesto 13 frente al Perú que está en el puesto 9 y Uruguay en el primer lugar de 17 países de AL (Levine y Molina,2006).

Desde la perspectiva del desempeño de la democracia (que considera instituciones, políticas y resultados), Venezuela alcanza 50 puntos frente a 60 del Perú y 85 de Chile que ocupa el primer lugar (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2011). Lo que echa más leña al fuego de la crisis venezolana es la deplorable situación económica de alta inflación, de escasez de los productos básicos de consumo, de fuga de capitales, de estatizaciones, de control de las ganancias y las divisas (guerra económica). ¿Es esta una situación límite que sólo deja espacio a salidas golpistas y a dictaduras de diverso signo?.  Pienso que, además de una dictadura chavista a la cubana del siglo XXI (Mirko Lauer dixit) y de una dictadura neoliberal a lo Pinochet, cabe también la posibilidad de una cierta continuidad del rentismo  petrolero que se apoye agresivamente en los BRICS y que, a partir de ese apoyo, se inicie una política de diversificación económica y de mantención de la democracia con la lenta corrección de los rasgos autoritarios que actualmente tiene. En esto pueden coincidir competitivamente Maduro y Capriles. Políticamente esta salida no sólo es posible sino también la más deseable. Me parece que esta sería una salida de izquierda democrática en las actuales circunstancias que evite confrontaciones y asesinatos a todas luces condenables.

El limite mayor del chavismo actual está, por un lado, en el modelo de desarrollo basado en rentismo petrolero que, si bien ha permitido aplicar agresivas políticas sociales de igualdad, ha impedido la diversificación económica y un desarrollo sostenible y, por otro, en la relación confrontacional con la globalización que lo coloca en el límite de la viabilidad económica y política.

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Sinesio López Jiménez

Ante el mayoritario rechazo ciudadano de la duplicación de los sueldos de los ministros y de la alta burocracia, los promotores de la medida (Villanueva y Castilla) la han presentado como parte fundamental de la reforma del Estado. El sustancioso autoaumento de sueldos coloca al Perú en el tercer país que paga mejor a su alta burocracia, después de Chile y Brasil y en el primer país que tiene la distancia mayor entre los sueldos de alta burocracia y el salario mínimo (40 veces). Esta brecha escandalosa puede ser un indicador, entre otros, de la distancia  entre el Estado y la sociedad en el Perú.

La decisión de Castilla puede tener diversas lecturas. ¿Ella busca tener una alta burocracia competitiva con la élite privada o más bien quiere tender literalmente un puente de plata entre una y otra?. ¿Pretende tener una tecnocracia autónoma frente a los intereses privados? ¿Pretende romper con la captura del Estado por los poderes fácticos o solo hacer más eficiente esa captura? ¿Busca que los altos burócratas dejen de ser los fieles servidores de los poderes fácticos que trabajan en el Estado y que se dediquen más bien a gobernar para todos los ciudadanos? Estas son algunas de las preguntas que los promotores del aumentazo deben responder para justificarlo, si es que tiene alguna justificación.

Si se tiene en cuenta la trayectoria de las élites políticas y de la alta burocracia en las dos últimas décadas, las posibles respuestas a estas preguntas no alimentan para nada el optimismo de contar con un mejor Estado en el Perú. La actual tecnocracia peruana no es una élite estatal de primera, capaz de competir de igual a igual con la élite privada y de defender la autonomía del Estado frente a los intereses privados nacionales y extranjeros. Ella no encarna el espíritu público ni defiende el interés general y el bien común de los peruanos. Se pueden encontrar, sin embargo, situaciones en que se producen tensiones entre el interés privado y el interés general, pero ellas no proceden de las políticas de la burocracia sino de las presiones ciudadanas y del escrutinio público.

Desde 1990 en adelante los ministros de Economía y Finanzas –hay que repetirlo hasta la saciedad- no provienen de los partidos que triunfaron en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de la banca. El actual titular del MEF y el presidente del BCR fueron puestos donde están por presión de la CONFIEP y de los medios de derecha. Castilla se las ha ingeniado después de cada crisis de los gabinetes para sumar poco hasta llegar a contar con la mayoría de ministros y viceministros de la argolla neoliberal. ¿Será el aumentazo la varita mágica que transforme a los ministros y a la alta tecnocracia de leales servidores de los intereses privados en una burocracia weberiana, objetiva, impersonal y eficiente?

La alta tecnocracia peruana puede tener los mismos sueldos de las tecnocracias chilena y brasileña, pero no tienen la misma calidad.  Brasil tiene, por ejemplo, una élite estatal casi en la misma línea que las élites estatales de los tigres asiáticos. La peculiaridad brasileña es que, si bien ella no ha logrado que todos los aparatos del Estado tengan un alto nivel de eficiencia, ha construido vigorosas islas de modernidad que les permite responder a los desafíos de la globalización (Competencia en el mercado globalizado, democracia y búsqueda de la igualdad)  con eficacia.

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                                   Sinesio López Jiménez

El fallo de la CIJ es de obligatorio cumplimiento, pero su contenido no es indiscutible. Por más que busque ser equitativo no logra satisfacer a todos y aparecen entonces las opiniones divergentes. Algunos lo verán menos equitativo que otros y discutirán incluso las bases y criterios de la equidad en las que se funda. Lamentablemente las encuestas no indagan sobre la percepción de equidad de los peruanos y chilenos sobre el fallo. Se preguntan más bien sobre la objetividad que no se sabe, a ciencia cierta, a que se refiere. Puede tener un componente de equidad, pero puede aludir también a sus fundamentos jurídicos, a la ausencia de arbitrariedad de los jueces o a todos ellos a la vez.

Según la encuesta de Datum y NovoMerc-Chile (Peru21, 31/01/14) el 64.1% de los peruanos y el 57.3% de los chilenos consideran objetivo al fallo. Este alto porcentaje de valoración de la objetividad del fallo en ambos países, independientemente de su sentido, puede ser la base de su cumplimiento, aunque no estén conformes con la sentencia: el 52.2% en Chile y 29.1% en Perú no están contentos con ella. No es nada desdeñable el porcentaje de chilenos que están de acuerdo con el fallo: 44.6%, 22 puntos menos, sin embargo, que los peruanos conformistas. Tanto los chilenos como los peruanos coinciden en considerar al Perú como ganador en porcentajes parecidos: 55.5% de los peruanos  y 58.5% de los chilenos.

Lo que más llama la atención es la enorme desconfianza de los peruanos en que Chile cumpla el fallo : 52.3% opina que Chile no cumplirá mientras el 33.3% cree que sí cumplirá. La mayoría de los chilenos (73.1%) cree, en cambio, que Chile cumplirá el fallo. Estas opiniones contrastan con las que refieren al cumplimiento de la sentencia por parte del Perú: el 89.3% de  los peruanos y el 88.2% de los chilenos creen que Perú  lo ejecutará . ¿A qué se debe la gran desconfianza de los peruanos en Chile?. Ella parece fundarse no sólo en la desconfianza histórica, producto de la guerra del Pacífico en la que Perú perdió territorios y otros bienes, sino también en la reticencia del gobierno chileno saliente y del entrante a cumplir el fallo y en el señalamiento de la gradualidad y de los condiciones para su aplicación.

Más allá de las diferencias de opinión sobre el fallo, la encuesta revela que no hay una polarización fuerte ni entre Chile y Perú ni dentro de cada país, salvo la fundada desconfianza peruana,  que haga inviable su aplicación. En el caso peruano no son nada desdeñables, sin embargo, el casi 30% que no está de acuerdo con el fallo y el 20% que considera que Chile ha ganado. ¿Qué explica este significativo porcentaje de peruanos descontentos con el fallo?. Además de los viejos y conocidos resquemores históricos, asoma en ellos una crítica a la política exterior de los gobiernos peruanos y de la Cancillería, en particular a los que cortaron el jamón antes de 1980. La errónea política exterior antes del 80 ha dado pie a las decisiones poco equitativas de la Corte de La Haya.

¿Puede el gobierno conquistar la confianza de los peruanos descontentos con el fallo?. Eso depende de la conducta del gobierno. Si se muestra firme, sagaz y no acepta condiciones en la aplicación del fallo, podría superar la desconfianza de los escépticos.  El gobierno y los partidos de derecha parecen haber escogido más bien otro camino: transformar la mayoría en unanimidad a palod e imponer la unidad tapando la boca de los disidentes. El congresista Rimarachin tiene legítimo derecho a expresar su opinión discrepante y es probable que, en este caso, represente al 30% de peruanos descontentos con el fallo de la CIJ. ¿Por qué entonces sancionarlo?.

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