Sinesio López Jiménez
El nombramiento de los nuevos ministros revela que Humala ha perdido definitivamente el horizonte del cambio, que deambula temporalmente sin rumbo (hasta la hoja de parra se le ha caído) y que ya no tiene cuadros de calidad para el manejo de la cosa pública. Confirma también que el camino autoritario y pro-fujimorista abierto por Valdez se acentúa y que los representantes del capital ganan una pieza más en el juego del poder en el Ejecutivo. Mientras tanto la derecha sigue presionando a Humala para que desaloje a lo que queda de la izquierda, de los nacionalistas descontentos y de los progresistas en el gobierno e incorpore a los cuadros orgánicos de sus propias filas.
El viraje de Ollanta de la centro-izquierda a la centro-derecha es ya indiscutible. Lo que se debate es si ese desplazamiento llegará hasta la derecha pura y dura. Y lo que es más discutible aún es la explicación de ese viraje. Los comentaristas y los analistas (que no son lo mismo) han sugerido dos tipos de explicación: Políticas y estructurales. Entre las políticas se han esgrimido razones de tipo subjetivo del Presidente Humala, y otras de tipo institucional, organizativo y de relaciones de fuerza. Los que creen que la persona de Ollanta explica todo sostienen que él no es de izquierda, que no sabe lo que quiere, que es una persona influenciable (sobre todo por Nadine), que es un hombre pragmático, que es un traidor, que desconfía de los políticos de izquierda, que es un timorato frente a los cambios. Los rasgos personales de los que tienen y manejan el poder cuentan mucho, sin duda, en situaciones caracterizadas por la ausencia de partidos políticos institucionalizados, pero no tienen la fuerza suficiente para explicar un viraje político de enormes consecuencias políticas e históricas.
Un mayor peso explicativo tienen las argumentaciones basadas en la relación de fuerzas (económicas, sociales y políticas) existentes en el país. La derecha controla la política a través de los medios, la vida social mediante una serie de organizaciones conservadoras (la CONFIEP, las iglesias, asociaciones etc.) y la economía a través de las grandes empresas y de los grupos empresariales. Las fuerzas del cambio, por el contrario, carecen del respaldo organizativo e institucional suficiente para impulsar, sostener y defender una propuesta de profundas transformaciones en el país. Para reforzar esta explicación basada en la capacidad política de los actores organizados e institucionalizados, se apela a argumentaciones de tipo estructural.
La teoría de la dependencia estructural sostiene que a los gobiernos de los países capitalistas, incluidos los que buscan gobernar para los de abajo de la escala social, no les queda otra cosa que someterse a la lógica que imponen los dueños del capital. A través de la inversión que determina la producción, el empleo y el consumo de todos, los capitalistas construyen una jaula de hierro de la que no pueden escapar ni la sociedad ni el Estado. Los diversos grupos sociales tienen que modular sus demandas, aspiraciones y acciones de acuerdo al nivel de voracidad de los dueños del capital. La estructura paquidérmica del Estado se mueve también al ritmo de la inversión y de su tasa de rentabilidad. El trade-off que enfrentan los gobiernos entre los impuestos y la inversión es idéntico a la relación entre esta y los salarios. El Estado es colocado en la misma situación de los asalariados.
Los capitalistas que buscan maximizar sus utilidades responden a los aumentos de impuestos con una menor inversión. Pero los gobiernos pueden adoptar políticas que alteran el equilibrio entre la inversión y la distribución del ingreso. De hecho, todos los gobiernos en los países capitalistas desarrollados gravan, a un ritmo diferente, a la parte de las rentas del capital que se invierte y a la parte que se consume. Si el gobierno adopta un impuesto al consumo puro, el efecto más importante es que la tasa de inversión no se ve afectada por este tipo de gravamen, cualquiera que sea su nivel, siempre y cuando los salarios sean constantes. Con este instrumento fiscal, los gobiernos mantienen la tasa de inversión determinada por el mercado, distribuyen el resto de los ingresos de los accionistas a los asalariados y, sobre todo, ponen un pie fuera de la dependencia estructural.
Según Wallerstein y Przeworski el bienestar de los trabajadores se puede lograr tanto bajo el socialismo como bajo el capitalismo democrático siempre y cuando haya una negociación centralizada de los trabajadores y exista un gobierno de la misma orientación que tome las medidas adecuadas sobre los impuestos al consumo de los accionistas y sobre la transferencias de los ingresos a los trabajadores sin afectar la inversión privada e incluso incrementándola. De ese modo queda rota la jaula de hierro de la dependencia estructural y se abre una posible ruta hacia el desarrollo con justicia. Si Humala no hubiera tirado la toalla antes de pelear, el Estado y la mayoría del país estarían en capacidad de recorrer ese camino.