Sinesio López Jiménez
En los países andinos, a diferencia de los países homogéneos (Uruguay, Chile y Costa Rica), el Estado no llega a todo el territorio ni a toda la población, ni como estructura ni como gestor de políticas públicas. Ni por lo que es ni por lo que hace el Estado llega cubrir a todos los ciudadanos. En un tercio del territorio peruano hay una especie de vacío estatal, lo que abre la posibilidad de emergencia de otras formas de dominación (patriarcal, patrimonial, de bandas armadas, de grupos subversivos, etc) ajenas a la dominación moderna, racional, legal y burocrática.
La ausencia del Estado se siente en una gran parte del territorio de la sierra y de la selva. En varias centenas de distritos no hay comisarias, las escuelas son unidocentes, no existe personal médico ni centros de salud, no tienen agua potable ni desagüe, no hay luz eléctrica, no existen caminos rurales, la ley y la justicia no llegan a todos por igual. La ausencia del Estado arrastra otras ausencias: no hay mercado ni desarrollo. Existe una relación directa entre ausencia de Estado y falta de desarrollo. A más ausencia del Estado, menos desarrollo y a menos ausencia estatal, más desarrollo. Los pobres demandan la presencia del Estado como una forma de inclusión.
A otras centenas de distritos el Estado llega mal. Cada ministerio despliega sus políticas sin saber lo que hacen otros ministerios. Educación no sabe lo que hace Salud; ni Justicia, lo que hace Interior; ni Vivienda, lo que hace Transportes. Como no conocen las actividades mutuas, tampoco coordinan, no generan sinergias, ni abaratan costos ni potencian capacidades. Tampoco existe una integración vertical de sus actividades entre los distintos niveles de gobierno (central, regional y local). Todo eso genera una dilapidación de recursos y una política irracional del gasto público. La inversión pública per cápita es mayor en las regiones donde hay menos distritos pobres y es menor donde hay más pobreza. En este caso, como en otros, la inversión estatal es un monumento a la irracionalidad.
En las zonas en donde no está presente el Estado tampoco existe la ciudadanía. Existen electores, pero no ciudadanos. La ciudadanía civil (que tiene que ver con la libertad individual) es muy frágil y la ciudadanía social (que tiene que ver con el acceso al bienestar que produce el país) brilla por su ausencia. La mayoría de ellos demandan más Estado y más comunidad (son comunitaristas-estatistas) como formas de integración. En esas zonas no hay democracia o su calidad es muy baja. La mayoría de la población de las zonas en donde el Estado está ausente no apoya la democracia ni está satisfecha con ella.
¿Qué hacer?. Uno de los horizontes de cambio, propuestos el gabinete Lerner, era acercar el Estado al mundo rural para cerrar la brecha territorial. Con esta finalidad se diseñó el Estado Móvil como una estructura ágil que se proponía articular las políticas sectoriales de salud, educación, seguridad, justicia, saneamiento, electricidad, caminos rurales, agricultura; que se organizaba en redes y que se desplazaba permanentemente en las zonas rurales en donde no hay Estado o éste llega mal.
La articulación del Estado Móvil no era sólo sectorial sino también vertical por niveles de gobierno (central, regional y local). Se propuso un plan piloto en ocho regiones para que el Estado Móvil despegue y verlo en operación, evaluarlo, hacer los ajustes necesarios y extenderlo luego a todo el país. La propuesta quedó en el congelador del despacho presidencial. En su lugar, Humala ha sugerido la organización de los tambos rurales para atender algunas emergencias (friaje, sequías, etc), propuesta que, a todas luces, no tiene el punche necesario para cerrar la brecha territorial del Estado.
El Estado Móvil hacía parte de la propuesta de una Reforma del Estado en serio que buscaba desprivatizar el Estado para convertirlo en el espacio del bien común y del interés general, defender la soberanía y el Estado-nación como el lugar en donde se desarrolla la democracia y se ejerce la ciudadanía, modernizar todos sus aparatos para hacerlos eficientes y creíbles, democratizarlo para que todas las políticas públicas sean de calidad y lleguen a todos, convertirlo en un efectivo Estado de Derecho, hacer del Estado un promotor del desarrollo y de la competitividad, descentralizarlo, reconocer la situación multicultural del Perú dentro de la república unitaria, garantizar la seguridad externa e interna. Como se ve, una profunda reforma del Estado va más allá de una mera reforma burocrática y supone cambios drásticos en las relaciones de poder dentro de los aparatos del Estado y entre ellos, los poderes fácticos y los ciudadanos.