Sinesio López Jiménez
Una de mis preocupaciones intelectuales y políticas desde hace cuatro décadas ha sido la cuestión del Estado en el Perú y en AL. A fines de los 70 publiqué El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación (Revista Mexicana de Sociología, Año XL/vol.XL/n.3, Julio set. l978) que se discutió mucho en los medios académicos de AL. En la misma línea de preocupación publiqué después otros artículos y dos libros (El Dios mortal, IDS, 1991; Ciudadanos reales e imaginarios, 1997). En la PUCP tengo a mi cargo el curso de Teoría del Estado en el que reviso las ideas de los principales autores de las diversas corrientes del pensamiento actual sobre el tema.
En mis reflexiones sobre el Estado hay algunos temas centrales que me han preocupado y me siguen preocupando. En primer lugar, el patrimonialismo que permite a los que acceden al Estado apropiarse de sus aparatos e instituciones y administrarlos como si fuera su chacra, apelando a un derecho. Este es un viejo concepto weberiano que fue retrabajado en forma creativa y brillante por Julio Cotler en su libro ya clásico Clase Nación Y Estado (IEP, 1978) y que sobrevive aún como un componente de la cultura política en Perú y en AL. En los estados neoliberales actuales de AL, el patrimonialismo reaparece como captura del Estado por parte de los operadores de los grandes grupos empresariales, esto es, como patrimonialismo moderno para usar los términos del ex presidente Fernando H. Cardoso.
En segundo lugar, la modernización de algunos aparatos estatales y el atraso de otros, que es una característica de los Estados de los países heterogéneos de AL (Guillermo O´Donnell), producen lo que yo he llamado un Estado hemipléjico: Los aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales son un desastre. Las reformas económicas neoliberales produjeron islas estatales de modernidad pero han sido incapaces por producir un aparato estatal moderno y eficiente. Han faltado y faltan las reformas de segunda generación que llamó Moisés Naim en su momento.
En tercer lugar, el carácter antidemocrático de algunos estados de AL hace que las políticas públicas (especialmente las sociales de educación y salud, la seguridad y la justicia) no lleguen a todo el territorio y a toda la población por igual. En los Estados de los países homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica), en cambio, las políticas públicas llegan a todo su territorio y a toda su población. En los países andinos, son las poblaciones serranas rurales pobres y muy pobres adonde no llega el Estado. Son las zonas con poca o ninguna densidad del Estado (PNUD). Todo esto forma parte del divorcio histórico no superado entre el Estado y la sociedad andina y amazónica.
En cuarto lugar, el carácter discriminatorio de los Estados andinos ha determinado que ellos no reconozcan la pluriculturalidad de sus respectivas sociedades. En el caso peruano, el Estado no considera la situación multicultural compleja que caracteriza al país. Los quechuas y aymaras demandan, por ejemplo, mejores formas de integración y de respeto a ciertos derechos específicos (acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la seguridad en su propia lengua) y a sus tradiciones y cultura. Las etnias de la selva, en cambio, demandan el reconocimiento de su identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. Nuestro Estado no está organizado en función de una nación pluricultural compleja.
En quinto lugar, las burocracias (civiles, militares y policiales) de los estados latinoamericanos no son siquiera weberianas, esto es, no son eficientes, racionales, objetivas, impersonales. Todas estas características de los Estados de AL y del Perú constituyen el punto de partida para formular las orientaciones básicas de una adecuada reforma del Estado: Desprivatizar, modernizar, democratizar, nacionalizar (adecuar el Estado a la nación pluricultural) y gerenciar el Estado para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país.
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Sinesio López Jiménez
Cada vez que se produce un cambio democrático de gobierno aparecen en el escenario dos errores más o menos conocidos. Por un lado, los que triunfan en las elecciones generales creen que han obtenido el Estado como parte del botín. Esto ha sucedido especialmente con los partidos más organizados como el Apra que, en sus dos gobiernos anteriores, llenó el barco estatal de compañeros: una expresión clara de nuestra acendrada tradición patrimonialista. Por otro, los que pierden las elecciones niegan a los triunfadores el derecho a gobernar y a ocupar los puestos de mando del Estado. Eso hace parte de nuestra escasa tradición democrática de la alternancia en el poder.
El partido que triunfa en las elecciones obtiene, no el Estado, sino el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el Estado y qué es el gobierno?. El Estado es una macroestructura (integrada por el sistema legal, la burocracia, el monopolio de la violencia, la distribución del poder en el territorio y un sistema de referencia política para la nación) organizada para ejercer el dominio político y construir el orden legítimo. Cuando la ley domina y limita a todos los elementos que integran el Estado, este se llama Estado de derecho. Este no es totalmente el caso peruano. Tenemos normativamente pero no efectivamente un Estado de derecho en la medida que la ley no llega realmente a todo el territorio ni a todos los peruanos por igual. Tampoco la seguridad, la educación, la salud y la nutrición llegan a todos los peruanos por igual. El Estado en el Perú es más chico que la sociedad y que el territorio peruano en el que ejerce su jurisdicción.

El gobierno es, en cambio, una parte del Estado constituida por el conjunto de puestos de mando que lo pone en marcha. Esos puestos de mando son ocupados legítimamente por el elenco gubernamental del partido ganador. En las últimas elecciones, el triunfador fue Ollanta Humala respaldado por una corriente nacionalista, una corriente de izquierda y otra democrático-liberal. Es legítimo, por consiguiente, que los representantes de estas corrientes gobiernen y es legítimo también que el presidente Humala invite a representantes de otras corrientes (que no triunfaron) a participar en un gobierno de concertación. Lo que no es justo es que los que perdieron las elecciones cuestionen la legitimidad de los triunfadores y sus representantes para gobernar.

Se cuestiona, por ejemplo, que el Presidente Humala coloque a militares retirados en algunos puestos de gobierno. Cuando los nombra el Presidente Humala está mal, pero cuando los nombraba García estaba muy bien. Si los militares retirados son fujimoristas la derecha les da la bienvenida, pero cuando no lo son se irrita y grita contra el militarismo que supuestamente nos amenaza. Algunos críticos, autoerigidos como sumos pontífices de la gobernabilidad, se han atrevido incluso a descalificar a destacados oficiales retirados antes de haber ejercido sus funciones. Lo mismo sucede con la izquierda y sus cuadros. A la derecha le duele que los intelectuales y tecno-políticos de izquierda, que apoyaron la candidatura de Ollanta Humala, que se han formado en las mejores universidades del Perú y del extranjero y que tienen experiencia de gestión, participen en el gobierno.
La ultraderecha transforma la discrepancia en discriminación y, si pudiera, la transformaría en muerte. Entonces sería feliz. El Perú sería un paraíso sin izquierdistas. Señores de la derecha y la ultraderecha: Salvo en dos o tres ocasiones, Uds. han gobernado durante dos siglos y lo han hecho muy mal. Si quieren volver a gobernar, esperen cinco años, compitan y ganen las elecciones. No chantajeen ni esperen que les regalen el gobierno, habiendo perdido la contienda electoral. Acabo de ver la genial caricatura de Carlín (La República, 12 de Agosto) en la que connotados personajes de la derecha quieren atarantar al Presidente Humala gritándole: ¡Dobla a la derecha!, ¡No mires al retrovisor!, ¿Por qué no hablas?, ¡Más despacio!, ¡No toques los cambios!, ¡No me das confianza!, ¡Eres oscuro!. Caricaturistas como Carlín son los mejores analistas de la coyuntura política.
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Sinesio López Jiménez
Si se relaciona la densidad del Estado con el índice de desarrollo humano en el Perú, el resultado es el siguiente: A más Estado, más desarrollo humano y a menos Estado menos desarrollo humano. Para decirlo con más precisión: Aquellas regiones, provincias y distritos que tienen más y mejor Estado tienen también un mayor nivel de desarrollo humano. El año pasado el PNUD publicó los resultados de una investigación revolucionaria (que comenté oportunamente en esta columna) sobre lo que ese organismo internacional denomina densidad del Estado.
Con este concepto y sus respectiva operacionalización el PNUD medía la presencia del Estado y de sus políticas sociales en las diversas regiones y provincias del país. Se utilizaron diversos indicadores de educación, salud, saneamiento (agua y desagüe) y electricidad, pero se dejaron de lado otras políticas igualmente importantes (seguridad y justicia) probablemente porque son difíciles de cuantificar. Mi hipótesis es que, si hubieran tomado indicadores de justicia (legalidad efectiva) y de seguridad para los ciudadanos el mapa de la densidad estatal habría presentado contornos más acentuados y precisos.
Desde hace más de una década el PNUD publica anualmente el índice de desarrollo humano que mide el nivel de bienestar de la población utilizando diversos indicadores de educación, salud (esperanza de vida) y economía (PBI per capita). Debido a que se repiten los indicadores de educación en ambas mediciones, es mejor relacionar la densidad del Estado con los ingresos familiares per cápita y el resultado es más intenso: A más Estado, más ingresos familiares per capita, esto es, más desarrollo, y a menos Estado, menos desarrollo. Sociológicamente se puede sostener fundadamente lo siguiente: el nivel de densidad del Estado acompaña la estratificación social, esto es, las clases sociales acomodadas tienen más Estado (salud, educación, justicia y seguridad) que los pobres (con muy bajos ingresos familiares) que han sido abandonados también por el Estado.
¿Indica la relación entre la densidad del Estado y el nivel de desarrollo (ingresos familiares per capita) algún tipo de causalidad?. Mi hipótesis es que existe entre ambos fenómenos una relación causal que no es lineal sino circular. Es probable, sin embargo, que el primer impulso (para escándalo de los trogloditas) haya sido lineal y haya provenido del Estado. En efecto, sin seguridad jurídica y sin promoción estatal (políticas económicas monetarias y fiscales, estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura, calificación de la mano de obra, inversión en ciencia y tecnología) a la acumulación privada (capitalista) no hay crecimiento económico. Esta es la parte del Estado que les encanta a los grandes grupos empresariales y a la derecha. Es su paraíso estatal.
Hay otras partes del Estado que no les gusta para nada (los impuestos para sostener el Estado) y hay otras que francamente rechazan (el reconocimiento de los derechos sociales universales y las políticas de igualdad de oportunidades: educación, salud, justicia y seguridad de calidad para todos). Quieren un estado sólo para ellos. Ese que actualmente existe, según el mapa de densidad estatal del PNUD. Que los pobres se mueran sin mercado y sin estado. Y si el Estado pretende asumir un rol promotor del desarrollo de algunos sectores deprimidos de la economía lanzan alaridos como posesos en defensa de la sagrada constitución de 1993 (promovida por los organismos financieros empresariales, por asaltantes del fisco y por golpistas que querían perpetuarse en el poder).
Tengo la impresión que la grita proviene más de la derecha política (ignara y primitiva) que de los grandes grupos empresariales que son pragmáticos. A ellos el actual gobierno les ha garantizado no sólo reglas de juego claras y precisas (el Estado que les gusta) para que inviertan y acumulen sino que también les ha aceptado representantes en el gabinete y en los aparatos económicos. La relación entre el Estado y el mercado (y el desarrollo) depende de la correlación política de fuerzas en el país. Si éstas han cambiado, es normal que esa relación cambie de igual modo. Así de simple.

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