Sinesio López Jiménez
El Perú alberga el caso típico (en AL) de un Estado predatorio. El Estado neoliberal peruano es “clepto-patrimonialista”. Dados los altos niveles de corrupción que permite, mi hipótesis es que fue organizado para saquear el país y para robar. Eso pasa por una operación previa: el secuestro de los aparatos económicos del Estado en los que operan la cúspide del poder, la alta burocracia y los poderes fácticos. Los organismos financieros internacionales y los países desarrollados querían cobrar naturalmente sus acreencias, los grandes inversionistas buscaban extraer la máxima renta posible a través de la explotación de los recursos naturales y las élites políticas y la alta burocracia anhelaban parte del botín. Todas estas voracidades juntas han bloqueado y bloquean la posibilidad de orientar la enorme renta que ha producido el país en los últimos 20 años de neoliberalismo (y de bonanza internacional en la última década) a la inversión productiva de largo plazo (que conduce al desarrollo) y han impedido la formación de una burguesía desarrollista y de una burocracia weberiana.
El colapso económico y estatal (producido por García a fines de los 80) y la crisis de los partidos políticos abrieron las puertas a los poderes fácticos (los organismos financieros internacionales, la inversión extranjera, la burguesía local, las FF.AA. y los medios) para reordenar la economía y el Estado en sus propios términos: la instauración de un modelo económico neoliberal extremo y de un Estado predatorio a su servicio, utilizando a los altos mandos de las FF.AA. como socio y soporte. Luego entraría la jerarquía conservadora de la Iglesia para bendecir esa nada santa coalición social y política. El modelo neoliberal extremo y el Estado predatorio son hermanos mellizos alumbrados en el mismo parto. Ellos nacieron de las agresivas reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de todos los mercados y privatización de las empresas públicas) cuyo objetivo fundamental era destronar al Estado y entronar al mercado como mecanismo asignador de recursos para el crecimiento económico.
Los poderes fácticos necesitan a la cúspide del poder para canalizar e imponer sus intereses a todos los peruanos a través de las instituciones (el sistema legal, la burocracia, la coerción). El espacio en donde se articula esa coalición dominante es el conjunto de los aparatos económicos secuestrados (anillos burocráticos los llamó alguna vez F.H. Cardoso) y los operadores de los mismos son la alta burocracia reclutada por los presidentes de la república y por los poderes fácticos que se reservan frecuentemente para sí el llamado ministro de Economía que, en realdad, es el ministro del gran capital. Desde 1990 en adelante ninguno de “los ministros de economía” proviene de las filas del partido de gobierno que ha triunfado en las elecciones. Todos ellos provienen de los organismos financieros internacionales, de los bancos o de la gran empresa. Una vez cumplida “su misión” depredadora vuelven a sus antiguos puestos o son premiados con otros mejores. Esos anillos burocráticos son islas de modernidad, no al servicio de un proyecto nacional y de un estado autónomo, sino de la coalición depredadora. Constituyen una élite estatal al servicio de las élites privadas (locales y extranjeras).
La coalición neoliberal no está interesada obviamente en forjar una coalición nacional ni desplegar, por eso mismo, las adecuadas políticas públicas que satisfagan los intereses, las necesidades, los derechos y las aspiraciones de las clases populares. El estado predatorio ha institucionalizado la discriminación social a través la aplicación de políticas sociales (educación, salud y seguridad públicas) de pésima calidad y de un supuesto dominio de la ley que no llega a todos. Para los pobres se entregan las migajas del banquete a través de un neopopulismo elemental: reducir la pobreza con dádivas.