Sinesio López Jiménez
Reducir la pobreza al 10% y alcanzar la comprensión lectora en el 70% de los escolares. Esas son algunas metas que, según García, el Perú debe alcanzar en el 2021 para celebrar con orgullo y dignidad el segundo centenario de su independencia. No termina aún su segundo gobierno, pero ya está soñando con el tercero. García está seguro que puede volver el 2016 porque está convencido que esta vez le ha ido bien. No deja de tener razón si lo compara con su desastroso primer gobierno. Eso no obstante, fue reelegido el 2006. ¿Por qué entonces no puede volver el 2016? García está pensando, desde luego, no en su partido, sino en él. Para alcanzar sus propios fines no desea que el Apra continúe en el gobierno el 2011como desearía cualquier militante leal de su partido. Tampoco quiere que triunfen Ollanta Humala y Alejandro Toledo porque éstos están dispuestos a levantar la alfombra apenas García abandone Palacio. Ollanta, además, significa el fin de fiesta del neoliberalismo. Le interesa que triunfen los candidatos amigos, complacientes, continuistas y débiles como Castañeda o Keiko Fujimori. Por eso es poco creíble la neutralidad de última hora que ofrece en las elecciones del 2011.
¿Es García un presidente exitoso como él cree?. La respuesta depende de los criterios que se utilicen para evaluarlo. Si se comparan los resultados obtenidos con el programa de la primera vuelta, su gobierno es un fracaso: ninguna reforma importante y ningún ajuste al modelo neoliberal extremo. En realidad, su gobierno es una traición a los que votaron por García en la primera vuelta. Si se utiliza el criterio de justicia distributiva, su gobierno es también un fracaso. Basta tomar en cuenta dos criterios de distribución del ingreso para demostrarlo: la política tributaria y la distribución funcional del ingreso. Los ricos no pagan los impuestos que debieran pagar y gozan de diversas formas de subsidio. El Estado es financiado básicamente, no por los impuestos a la renta empresarial, sino por el IGV que pagamos todos los peruanos. Por eso la presión tributaria está muy por debajo de la media latinoamericana. La boca del cocodrilo sigue abierta (Campodónico dixit): los excedentes del capital ha subido del 52.7% en 1991 al 62.8% en el 2009 mientras los ingresos de los trabajadores han descendido del 30.1% al 22.0% en el mismo período.
Si se comparan los resultados del gobierno de García con los del gobierno de Toledo, la diferencia no es cualitativa sino meramente incremental. Ella no es producto de una política diferente ni de una mejor gestión estatal sino de cambios en los tiempos y en las circunstancias internacionales. Un mérito que hay que reconocerle a García es la reacción adecuada, aunque tardía, frente a la crisis internacional de fines del 2008: el establecimiento de una política anticíclica. ¿Es el gobierno de García un gobierno eficaz y eficiente?. Los mejores criterios para evaluarlo en este caso son la eficacia (la cobertura y la calidad) de las políticas públicas y la efectividad del sistema legal. Las políticas públicas no llegan a todo el territorio nacional ni a todas las clases sociales. Ellas cubren sólo la costa y las grandes ciudades de la sierra y de la selva y alcanzan a las clases altas, medias y un pequeño sector popular. Todo el resto del territorio y de las clases populares y pobres queda excluido.
La calidad de la educación, de la salud y de la seguridad públicas es deplorable. Ellas no son mecanismos de igualación de oportunidades de las clases populares y pobres, sino espacios institucionalizados de discriminación social y étnica. La ley y la justicia tampoco llegan a todo el territorio y a todas clases sociales. Para la sierra y la selva rurales y para los pobres de las grandes ciudades no hay dominio de la ley ni justicia. La mejor evaluación, sin embargo, es la de los ciudadanos: Sólo el 26% de los peruanos (de las ciudades) y el 56% de las clases alta aprueba a García.
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Sinesio López Jiménez
Fue en búsqueda de la política y se encontró con la historia. Es inusual que un aprista del cogollo (que es también presidente de la república) visite al decano de la prensa nacional y dialogue con su estado mayor en una entrevista más que cortés: complaciente. La historia de los agravios no se ha disipado del todo, sin embargo. Ha habido y hay voluntad de los protagonistas para cerrar las heridas. Un gesto de El Comercio en esa dirección fue el alojamiento de El perro del hortelano de García en sus páginas, pero el indulto de Crousillat (para que recupere el canal 4) por iniciativa del presidente las reabrió. El recuerdo de García del asesinato de Antonio Miró Quezada y de su esposa cometido por un joven aprista tiene el sabor del desagravio: “Para mí es una jornada histórica que estemos bajo la cúpula de El Comercio hablando de Haya de la Torre. Quiero aprovechar las circunstancias para decir lo que a título humano, confesional y personal, que del hecho horroroso del asesinato del director de El Comercio, Haya de la Torre no tuvo nada que ver” (sic).
Lo que sorprende es la forma como los protagonistas quieren borrar los agravios históricos. García responsabiliza a la mano del diablo (cuando en realidad fue un militante aprista) y El Comercio (fuera de la entrevista) señala que su director de entonces “consideraba la posición política del Apra extremadamente radical, casi comunista”. Olvidan que el trágico acontecimiento se produjo en un contexto en el que la oligarquía y el ejército creían que la única manera de mantener el orden (oligárquico) era acabando con el Apra y ésta pensaba que la única forma de hacer los cambios era acabando con aquellos. Esa era la lógica de guerra impuesta por la oligarquía y apoyada por las fuerzas armadas entre 1930 y 1956. Esa lógica se expresó en la exclusión del Apra y del Partido Comunista acusados de ser partidos internacionales (de acuerdo al art. 53 de la Constitución de 1933). El Apra respondió con intentos subversivos de sus bases y con alientos a golpes de estado por parte de sus dirigentes. Los protagonistas quieren borrar esa historia y han optado, no por el perdón, sino por el olvido con todos los riesgos que eso implica: repetirla.
¿Qué razones políticas han llevado a García a visitar al decano?. Mi hipótesis es que el líder aprista busca recomponer su relación con los propietarios del canal 4 que fue maltratada con el indulto de Crousillat. García buscó debilitar al decano, pero fracasó. Este salió más bien fortalecido. La maniobra de García deterioró su alianza con los poderes fácticos en una coyuntura en la que su unidad era necesaria para definir las candidaturas a la presidencia de la republica. Durante más de cuatro años todos los poderes fácticos estuvieron de acuerdo en demoler a Ollanta y desplazar de escenario a Lourdes Flores. No había acuerdo, sin embargo, sobre Alejandro Toledo. Los empresarios lo apoyaban, pero García lo vetaba. Luego del indulto a Crousillat, Toledo se convirtió en el candidato favorito del grupo El Comercio poniendo en peligro los planes políticos y electorales de García. ¿Ha logrado García lo que buscaba?. ¿Cambiará El Comercio su apuesta con miras a las elecciones del 2011?. El tiempo lo dirá.
Tres cosas sorprenden en la extensa entrevista de García al decano. En primer lugar, el desplazamiento semántico del término anti-sistema: de enemigo del modelo económico neoliberal a enemigo del modelo y de la democracia. En segundo lugar, su pragmatismo radical y su carencia de apuestas éticas, la justica social por ejemplo. En tercer lugar, el pase inesperado a Ollanta Humala: “Sin cambiar mis puntos de vista he escuchado de él alentadoras ideas respecto a que mantendrá una política, quizás siendo más restringido en el tema del medio ambiente o las regalías, pero ya comenzamos por un buen camino”. Estas declaraciones de García deben preocupar a Ollanta.
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Sinesio López Jiménez
El Perú alberga el caso típico (en AL) de un Estado predatorio. El Estado neoliberal peruano es “clepto-patrimonialista”. Dados los altos niveles de corrupción que permite, mi hipótesis es que fue organizado para saquear el país y para robar. Eso pasa por una operación previa: el secuestro de los aparatos económicos del Estado en los que operan la cúspide del poder, la alta burocracia y los poderes fácticos. Los organismos financieros internacionales y los países desarrollados querían cobrar naturalmente sus acreencias, los grandes inversionistas buscaban extraer la máxima renta posible a través de la explotación de los recursos naturales y las élites políticas y la alta burocracia anhelaban parte del botín. Todas estas voracidades juntas han bloqueado y bloquean la posibilidad de orientar la enorme renta que ha producido el país en los últimos 20 años de neoliberalismo (y de bonanza internacional en la última década) a la inversión productiva de largo plazo (que conduce al desarrollo) y han impedido la formación de una burguesía desarrollista y de una burocracia weberiana.
El colapso económico y estatal (producido por García a fines de los 80) y la crisis de los partidos políticos abrieron las puertas a los poderes fácticos (los organismos financieros internacionales, la inversión extranjera, la burguesía local, las FF.AA. y los medios) para reordenar la economía y el Estado en sus propios términos: la instauración de un modelo económico neoliberal extremo y de un Estado predatorio a su servicio, utilizando a los altos mandos de las FF.AA. como socio y soporte. Luego entraría la jerarquía conservadora de la Iglesia para bendecir esa nada santa coalición social y política. El modelo neoliberal extremo y el Estado predatorio son hermanos mellizos alumbrados en el mismo parto. Ellos nacieron de las agresivas reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de todos los mercados y privatización de las empresas públicas) cuyo objetivo fundamental era destronar al Estado y entronar al mercado como mecanismo asignador de recursos para el crecimiento económico.
Los poderes fácticos necesitan a la cúspide del poder para canalizar e imponer sus intereses a todos los peruanos a través de las instituciones (el sistema legal, la burocracia, la coerción). El espacio en donde se articula esa coalición dominante es el conjunto de los aparatos económicos secuestrados (anillos burocráticos los llamó alguna vez F.H. Cardoso) y los operadores de los mismos son la alta burocracia reclutada por los presidentes de la república y por los poderes fácticos que se reservan frecuentemente para sí el llamado ministro de Economía que, en realdad, es el ministro del gran capital. Desde 1990 en adelante ninguno de “los ministros de economía” proviene de las filas del partido de gobierno que ha triunfado en las elecciones. Todos ellos provienen de los organismos financieros internacionales, de los bancos o de la gran empresa. Una vez cumplida “su misión” depredadora vuelven a sus antiguos puestos o son premiados con otros mejores. Esos anillos burocráticos son islas de modernidad, no al servicio de un proyecto nacional y de un estado autónomo, sino de la coalición depredadora. Constituyen una élite estatal al servicio de las élites privadas (locales y extranjeras).
La coalición neoliberal no está interesada obviamente en forjar una coalición nacional ni desplegar, por eso mismo, las adecuadas políticas públicas que satisfagan los intereses, las necesidades, los derechos y las aspiraciones de las clases populares. El estado predatorio ha institucionalizado la discriminación social a través la aplicación de políticas sociales (educación, salud y seguridad públicas) de pésima calidad y de un supuesto dominio de la ley que no llega a todos. Para los pobres se entregan las migajas del banquete a través de un neopopulismo elemental: reducir la pobreza con dádivas.
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Sinesio López Jiménez
Lo que quieren, en realidad, los que hablan de una democracia boba es una democracia de pendejos. Incapaces de entenderla como un conjunto de equilibrios complejos entre el poder del estado y los derechos de la sociedad, buscan imponer el autoritarismo fácil. La expulsión de Paul Mc Auley y la amenaza de expulsar a más religiosos que hacen su trabajo pastoral en el Perú constituyen una arbitrariedad y un abuso del poder. ¿De qué se acusa a Mc Auley?. De hacer “marchas de protesta por las calles de Iquitos contra el Estado”. A eso se añade el delito de ser extranjero. Por su defensa de los recursos naturales y del medio ambiente y por su estrecha vinculación con los sectores populares, estos curas extranjeros son, sin embargo, más nacionales que quien entrega esos recursos a las transnacionales: García.
¿Desde cuándo las protestas pacíficas por las calles de una ciudad constituyen un delito?. La respuesta nos lleva de la política a la economía. Las protestas sociales no son compatibles con el modelo neoliberal extremo. Tampoco lo son los sindicatos y los derechos sindicales. Más incompatible aún es la intervención del Estado. Eso de poner límites a la propiedad de la tierra y a la voracidad del mercado, por ejemplo, es un delito. ¡Qué horror!, ¡Velasquismo!, ¡Reforma agraria!, gritan, escandalizados, los siervos voluntarios del mercado y del capital desde su caverna contra la reforma que liberó a los siervos forzados del gamonalismo. Para devorar a los ciudadanos, el mercado (del neoliberalismo extremo) requiere el silencio de la sociedad y la incuria del gobierno.
El neoliberalismo extremo impera sobre el vacío social y político. Como el que existió en el Perú entre 1990 y 2000, llenado sólo por el estallido de las bombas y las ráfagas de las metralletas del terror. Ese fue el terreno propicio para la instauración del capitalismo salvaje que no reconoció los derechos de los pueblos ni los de los trabajadores. La situación comenzó a cambiar con la transición democrática del 2000. El terror y la dictadura desaparecieron y la sociedad comenzó a moverse, a plantear demandas y a exigir los derechos negados. La reacción espontánea de los gobiernos ha sido y es la represión, y los gritos fascistas de la caverna han sido y son: ¡Métanles bala, carajo!. ¡Esta no es una democracia boba!. Casi desde los inicios del gobierno, García se propuso criminalizar la protesta social, controlar a las ONG y autorizar a la policía el uso de las armas contra las manifestaciones callejeras.
Los teóricos del neoliberalismo (Ludwig von Mises, Frederik Hayek y otros) creyeron ingenuamente, sin embargo, que la democracia brotaba espontáneamente del mercado y que el intervencionismo del estado, por el contrario, terminaba en el socialismo y en el autoritarismo. Para von Mises, la mejor sociedad es aquella que no existe. Para él sólo existen los productores y los consumidores regidos por las infalibles leyes del mercado. No existen la sociedad civil, ni las redes sociales ni las tradiciones culturales. Tampoco deben existir los sindicatos ni los movimientos sociales porque ellos, con la protección del Estado, tergiversan la marcha del mercado. El Estado sólo debe cumplir las funciones constitucionales básicas: la defensa del orden interno y externo y la aplicación de la justicia. Este economicismo burdo no provenía, sin embargo, de la creencia en la mano invisible del mercado (a lo Adam Smith) ni de supuestas leyes automáticas sino que surgía del proyecto de los individuos que consciente y racionalmente buscaban su bienestar.
Para desgracia de los neoliberales, el mercado no existe sólo. El coexiste con los ciudadanos, con la sociedad civil, con las redes sociales, con las tradiciones culturales, con los partidos y con las crecientes demandas de un Estado que ayude a resolver los problemas de la gente. Desconocer esas realidades, sólo conduce a la violencia y a una democracia de pendejos.
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Sinesio López Jiménez
Entre 1950 y 1970 se produjo un cambio político de una enorme proyección histórica. El Apra, que había nacido para hacer las grandes reformas anti-oligárquicos, pasó a ser un partido aliado de la oligarquía, y las FF.AA., que habían sido el firme soporte de esta, respaldaron e impulsaron las reformas. Las FF.AA hicieron lo que el Apra pensó hacer y no hizo. Las FF.AA. pretendían, sin embargo, que las nuevas élites empresariales y políticas se colocaran a la cabeza de esas reformas. Ese es el sentido claro del golpe anti-oligárquico y anti-aprista de 1962 y el de la elección de Belaúnde en 1963. Ante el fracaso de Belaúnde, las FF.AA. asumieron, como institución, el gobierno y el poder del Estado con el golpe del 3 de octubre de 1968.
A través de profundas reformas estructurales, de las cuales la reforma agraria fue sin duda la más importante, el gobierno militar liquidó a la oligarquía y al gamonalismo, puso límites a la dominación norteamericana, organizó un bloque nacional-popular, ofreció mejores condiciones de vida a las clases populares y reconoció a los indios y a los cholos. Como dictadura militar, sin embargo, concentró el poder en el Ejecutivo, sacó del juego a los partidos y disciplinó, controló y limitó la participación política para realizar los cambios en orden y evitar los desbordes populares. Los politólogos (Alfred Stepan entre ellos) han llamado corporativismo inclusivo a este tipo de bloque nacional-popular que, para integrar a los de debajo de la escala social, combina consenso y coerción al mismo tiempo.
El gobierno militar impulsó las reformas más importantes que acabaron con el Estado oligárquico-patrimonial, pero no logró construir un estado plenamente moderno y eficaz. Concentró toda la autoridad en el Estado; amplió el dominio burocrático a través de la creación de varios ministerios; modernizó y reforzó el poder de las FF.AA; descabezó y reformó el poder judicial; ensanchó el campo de la ciudadanía (al eliminar la servidumbre rural) y desplegó agresivas políticas sociales y culturales. Emprendió asimismo una audaz reforma educativa que amplió la cobertura pero no mejoró su calidad. Pese a estos cambios estatales importantes, el gobierno de Velazco no logró construir una burocracia weberiana: racional, eficaz, objetiva, impersonal. Tampoco logró que la ley llegue a todo el territorio. Las instituciones estatales no lograron funcionar con coherencia y eficacia, como toda burocracia moderna.
El Estado construido por los militares fue, sin embargo, más o menos autónomo. No se sometió a los poderes de las élites privadas ni a los poderes imperiales. Acabó más bien con las primeras y resistió a los segundos. Esa autonomía provenía de varias fuentes. Por un lado, de una cierta calidad de las élites militares que se habían formado en el CAEM desde los años 50 del siglo pasado y, por otro, de un amplio control de recursos económicos que le brindaba el capitalismo de estado. El Estado Velasquista no logró forjar, sin embargo, una élite tecnocrática de primera calidad que fuera capaz de elaborar un agresivo proyecto de desarrollo industrial y de comprometer a las élites empresariales a realizarlo. Se rodeó de ideólogos más que de tecnócratas educados en las mejores universidades del mundo.
El Perú carecía, además, de una élite empresarial importante capaz de llevar a cabo los posibles proyectos empresariales de una supuesta élite tecnocrática. De haber existido esa alianza público-privada en torno a un vigoroso proyecto de industrialización y de haber contado con una burocracia weberiana, como en el caso de los tigres asiáticos, el destino del Perú hubiera sido probablemente diferente. Ante tales carencias, el gobierno militar pudo construir algunas islas de modernidad, como los casos de Brasil y de la India, pero no hizo esa apuesta. En su lugar, apostó por un capitalismo de Estado basado en el control de los recursos naturales y en un débil desarrollo de la industria sobreprotegida.

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