Sinesio López Jiménez
El único impuesto que todos los peruanos pagamos es el IGV. El impuesto a la renta lo pagan pocos: Los empresarios formales y los trabajadores que figuran en las planillas. Los informales (cerca del 70% de la PEA) no pagan impuestos a la renta. La mayoría de ellos (alrededor del 50%) porque son pobres o muy pobres, pero existe probablemente un 20% de la PEA que puede y debe pagar impuestos a la renta, pero no los paga. El 60% de los ingresos que recibe el Estado provienen del IGV. La mayor parte del impuesto a la renta proviene de las empresas, pero el impuesto al trabajo no es moco de pavo. Muchas empresas no pagan los impuestos que debieran pagar porque tienen exoneraciones tributarias, han firmado convenios de estabilidad tributaria o por otras razones. No es justo que el grueso de los impuestos repose en el IGV porque eso significa que los pobres pagan más (en relación con los ingresos que perciben) y que el peso del Estado reposa también sobre sus hombros. La presión tributaria fluctúa entre 13 y 15% y está por debajo de la media de AL (19%).
La mayor parte de los ingresos que recibe el Estado se transforman en sueldos de la burocracia civil y militar y en gastos de administración. Son los gastos corrientes. El monto dedicado a la inversión pública es menor. De ese monto, la parte del león se dedica a la promoción de la acumulación privada a través de las políticas económicas y de la inversión en infraestructura. A eso hay que añadir diversos tipos de subsidios (convenios de estabilidad tributaria) y exoneraciones tributarias que reciben las grandes corporaciones. La inversión en ciencia y tecnología para promover el desarrollo es prácticamente inexistente en el Perú, si se le compara con algunos países de AL y sobre todo con los países desarrollados que destinan a ese rubro el 1% del PBI. El porcentaje del presupuesto dedicado a atender los servicios sociales de la educación y la salud es menor y tiende a bajar, incluso en épocas de bonanza económica. El porcentaje del PBI dedicado a la educación, por ejemplo, ha pasado del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010.
Si se mira el gasto fiscal desde otro ángulo, se puede percibir mejor la orientación y los sesgos sociales y políticos del Estado. La mayor parte (incluidas las exoneraciones y los convenios de la estabilidad tributaria) es dedicada la promoción de la acumulación privada y al blindaje de los aparatos económicos del Estado para proteger al capital. Otra parte igualmente importante del presupuesto se orienta a mantener los aparatos coercitivos del Estado para defender el orden externo e imponer el orden interno. ¿Cuánto del gasto fiscal se dedica al apoyo del capital y al mantenimiento de la coerción?. Mi hipótesis es que más del 70% y que sólo un escuálido 30% se dirige a mantener los aparatos hegemónicos del Estado que tienen que ver con la producción del consenso de los ciudadanos (la educación, el derecho y la ley). Si esto es así, este tipo de estado confirma las tesis más pesimistas del viejo Marx sobre el Estado: Un aparato coercitivo al servicio del capital.
Un rápido balance de ingresos y gastos fiscales muestra que los ricos reciben del Estado más de lo que dan y que los trabajadores y la sociedad reciben menos de lo que aportan. El desbalance es mayor en las clases medias. Dan sin recibir nada a cambio. Pagan por nada. Considerando todos los impuestos que pagan al Estado en sus diversas instancias, algunos sectores medios trabajan medio año para el Estado. No habría problemas si este funcionara bien para todos, pero eso es pedir peras al olmo. El Estado promueve agresivamente la acumulación privada, esta aporta poco al mantenimiento de los aparatos estatales que, a su vez, no tienen los recursos suficientes para brindar a la sociedad educación, salud y seguridad de calidad. Como respuesta, la sociedad no le otorga al Estado legitimidad. Se generan entonces problemas estructurales de gobernabilidad.