Sinesio López Jiménez
Uno de los grandes problemas de la democracia que es difícil resolver es el papel de los medios en los procesos electorales. Ollanta Humala ha tenido la valentía de plantearlo, pero la reacción de algunos medios ha sido hepática cuando lo que necesitan es serenidad y objetividad para discutir este tema complejo que, por lo demás, se debate en AL y en el mundo. En realidad ese problema hace parte de otro mayor: el problema de financiamiento de los partidos en los procesos electorales. Dejo el problema mayor para otro comentario y ahora quiero concentrarme en el rol de los medios en las contiendas electorales. La democracia como procedimiento exige ciertas características para que las elecciones sean consideradas legítimas: que ellas sean generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. ¿En qué medida los medios pueden contribuir a que exista un justa competencia electoral entre los partidos?. Se trata de tomar en cuenta dos principios básicos: la equidad y el derecho a la información.
Por un lado, todos los partidos y candidatos deben tener igual acceso a los medios para presentar su oferta electoral a los ciudadanos. Por otro lado, los electores deben tener la posibilidad de informarse a través de los medios de todas las ofertas electorales en competencia para tomar una decisión informada sobre los candidatos que van a elegir. La equidad es el principio más difícil de garantizar. Sucede que la mayoría de los medios privados están vinculados a poderosos intereses económicos que obstaculizan el acceso igualitario de los partidos a “sus” medios. En América Latina, el Estado ha intervenido para compensar con diversas políticas las desigualdades existentes, muchas veces sin lograrlo. Predomina una fórmula que combina el acceso gratuito en los medios del Estado con la contratación poco regulada de los medios privados. La medida no es tan eficaz porque el rating de medios estatales es muy bajo (como es el caso del canal 7 en el Perú) y los candidatos se ven obligados a recurrir a los medios privados, pero no todos tienen los recursos necesarios para acceder a ellos.
Existen, además, algunas inequidades que es difícil superar. En primer lugar, el partido oficial resulta favorecido con los mensajes y avisos contratados por el gobierno de turno para transmitir sus supuestos logros y resultados. Es el caso de García que lo vemos todos los días hasta en la sopa. Lo mismo puede decirse de los alcaldes que, como el limeño, retrasan inauguraciones de obras públicas perjudicando a la ciudadanía con la sola finalidad de que ellas coincidan con su lanzamiento como candidato a la presidencia de la República o a otro cargo público. En segundo lugar, el tratamiento parcializado de las noticias en programas políticos y en noticiarios, que no distinguen entre la opinión del medio y de sus propietarios y la información sobre los acontecimientos políticos, favorece de hecho a unos candidatos y perjudica a otros.
Es diferente el acceso de los partidos a la TV, a la radio y a la prensa escrita. En AL hay cinco modalidades principales de acceso en el caso de la TV: franja diaria y gratuita (Brasil y Chile), sistema mixto que combina el acceso gratuito a medios estatales con la contratación publicitaria en medios privados sin límite (Argentina), acceso plural y permanente gratuito o pagado pero limitado (Colombia y México), acceso pagado sin topes (Guatemala y Honduras) y acceso pagado con topes máximos (Costa Rica, Ecuador y Bolivia).
El desigual acceso a los medios de los candidatos y los ciudadanos constituye un déficit político que afecta la legitimidad de los regímenes democráticos de AL. No puede ser legítimo un proceso electoral en el que todos los medios informan sobre la vida y milagros de su candidato favorito y desinforman con mentiras y calumnias sobre el candidato que a los propietarios de los medios y de las corporaciones les pone la piel de gallina.