Sinesio López Jiménez
Más allá de los discursos universalistas e integradores de las élites, el peruano es un estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él. El conjunto de las instituciones que lo definen (los poderes del Estado, la distribución del poder en el territorio, los aparatos coercitivos, la burocracia, el sistema legal) constituyen una estructura parcializada que sólo llega a una parte muy limitada del territorio y apenas cubre a las clases medias y altas. La mayor parte del territorio y la mayoría de los peruanos son atendidos en forma muy deficiente o quedan fuera de su alcance y cobertura. Todo esto es parcialmente revelado por el importante y novedoso Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD que examina el alcance y los límites de las políticas sociales.
El PNUD constata que la educación no llega a todo el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. No todos asisten ni concluyen la secundaria. El 40% abandona sus estudios secundarios y no logra, por consiguiente, adquirir una de las herramientas que le permite romper el círculo vicioso de la pobreza. El gobierno de García, sin embargo, ha disminuido el porcentaje del PBI dedicado a la educación (del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010). Algo parecido sucede con la salud medida en términos de número de médicos por habitante. El 79% de las provincias no supera el mínimo de médicos señalado por el estándar internacional en salud. Como es obvio, las provincias de la costa son las mejor atendidas tanto en la educación como en la salud en desmedro de las de la sierra y de la selva. En estas últimas regiones el estado es más delgado e inoperante, a diferencia de la primera en donde es más denso.
El Informe del PNUD es exclusivamente cuantitativo. No entra al análisis de la calidad de las políticas públicas en salud y en educación. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y la salud públicas en Perú?. Mi hipótesis es que, en términos cualitativos, la educación y la salud públicas en Perú y en América Latina son un desastre y que, lejos de ser mecanismos de igualación de oportunidades, constituyen espacios de discriminación. ¿Puede acaso compararse la calidad de una escuela fiscal con la de una escuela privada en donde se educan los hijos de las clases medias y altas?. No. De ninguna manera porque en ella se educan los pobres, los indios y los cholos. No es el caso europeo en donde la atención en estos servicios públicos es de alta calidad porque todas las clases sociales sin discriminación asisten a los mismos centros educativos y a los mismos centros de salud. Esto genera, más allá de las jerarquías sociales y las diferencias culturales, un sentimiento de comunidad política que todos comparten y que en Perú casi no existe.
¿Qué sucede con el sistema legal y con los aparatos de justicia?.¿Qué pasa con la efectividad legal?. ¿A quienes llega efectivamente la justicia en el Perú?. El Informe del PNUD no examina estos temas que son decisivos para la vigencia y la calidad de la democracia. Mi hipótesis es que no existe efectivamente igualdad ante la ley y que la justicia no llega por igual a todo el territorio ni cubre a todas las clases sociales. No se trata, por cierto, de la normatividad ideal (en el papel) en donde mal que bien se ha avanzado en forma significativa sino de la efectividad legal. Los aparatos de justicia no tratan a todos por igual y no aplican la ley de la misma manera a todos. Están sometidos a los poderes económicos, políticos, mediáticos y religiosos. La gente se siente discriminada en la aplicación de la ley y la expresa claramente en las encuestas: Más del 90% afirma que en el Perú no hay igualdad ante la ley ni hay justicia para todos. Estas brechas estatales son una requisitoria feroz contra las élites económicas, los militares y los caudillos que han participado en la construcción del Estado peruano.

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Sinesio López Jiménez
No deja de ser simbólico que, en el mismo día que Cipriani defendía a los corruptos, recibiera del TC la sentencia sobre la PUCP que lo favorecía. Cipriani es un zoon politicon que hace parte de la argolla política que, con voracidad, corta el jamón. Con sus declaraciones a favor de los corruptos ha cometido probablemente el error de su vida. De la misma dimensión o peor que aquella que calificó a los organismos de defensa de los derechos humanos como una cojudez. La sentencia gratuita que ha recibido del TC no constituye un boccato di cardinale sino un hueso duro de roer. La PUCP va a resistir, sin duda. Cipriani no la tiene fácil. ¿ Con qué cara, con qué derecho y con qué moral un defensor de los corruptos pretende administrar los bienes de la institución universitaria más prestigiosa del país?.
La sentencia del TC sobre la PUCP puede ser vista desde dos ángulos: el jurídico y el político. La diferencia es puramente analítica porque, en puridad de verdad, el TC toma decisiones políticas revestidas de juridicidad. ¿Puede un organismo que ha sido elegido por cuoteo y a través de negociaciones intensas entre los diversos partidos en el Congreso actuar de diferente manera?. ¿Puede actuar en forma neutral un organismo que ha sido copado por el Apra y que está sometida a las presiones de los poderes fácticos? Podría si tuviera los blindajes necesarios que le permitieran actuar con cierta imparcialidad como es el caso de los directores del BCR. Pero no los tiene y eso lo expone al juego abierto de las presiones que vienen de todos lados (los poderes del Estado, los poderes fácticos, los partidos e incluso las influencias personales y amicales).
Es ingenuo pensar que el TC actúa con criterios puramente jurídicos y creer que sus decisiones son imparciales y justas. En el Perú y en AL los TC (o instituciones similares) y las instituciones del Estado son estructuras parcializadas. No estamos en los estados europeos en donde la positivación del derecho ha penetrado toda la vida social y la ley es, por eso mismo, igual para todos. La decisión del TC busca darle todo el poder a Cipriani sobre la PUCP a través de la administración de sus bienes como si todos ellos constituyeran la herencia dejada por Riva Agüero.
La PUCP es la mejor universidad del país y eso es producto del trabajo persistente, esforzado y creativo de varias generaciones que han actuado desde su fundación hasta ahora, de sus autoridades, de sus profesores, de los estudiantes que han pasado por sus aulas y de los egresados que, con su excelente desempeño profesional, la prestigian. La herencia dejada por Riva Agüero es importante, sin duda, pero es mucho más importante el trabajo acumulado de las múltiples generaciones de peruanos que han trabajado y han estudiado en ella y que se expresa en el campus universitario, en sus edificios, en sus riquísimas bibliotecas, en sus laboratorios, en su tradición académica, en la calidad de sus investigaciones y publicaciones y en su prestigio que sobrepasa las fronteras.
Una de las virtudes de la PUCP es la apertura al debate plural de su comunidad académica. El hecho de ser católica no le ha impedido abrirse, como lo hacen las mejores universidades del mundo, a las diversas corrientes del pensamiento sin censura ni autocensura. Se discute dentro y fuera del aula con el debido y mutuo respeto a las ideas y a las personas discrepantes. Todos los saberes y las diferentes actitudes con respecto a la fe tienen su lugar. Los creyentes pueden combinar la autoridad de la fe con la crítica de la razón; los no creyentes y escépticos pueden expresarse también con libertad. La regla de oro es la tolerancia cultivada con esmero por todos los integrantes de la comunidad universitaria. Todas estas virtudes son impensables en una universidad del Opus Dei en donde imperan el autoritarismo, la intolerancia y el index.
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Sinesio López Jiménez
La señora Giannotti, ex-analista de BTR, ha lanzado una bomba de varios megatones contra algunos ex-ministros de García, contra la Fiscalía y contra la policía, pero su onda expansiva puede llegar hasta palacio de gobierno. ¿Qué ha revelado la señora Gianotti en una reciente entrevista con La Primera y en una larga y anterior entrevista con El Comercio publicada, sin embargo, el 14 de abril del 2010? Varias cosas. En primer lugar, ha señalado que en los primeros días de su detención los oficiales encargados de la investigación de los petroaudios, entre ellos el general Hidalgo, actual director de la PNP, la conminaron a acusar a Petro-Tech y a algunos de sus altos funcionarios de haber financiado el chuponeo. En segundo lugar, ha dicho que por esos mismos días los fiscales Walter Milla y Mateo Castañeda le pidieron que hiciera la misma acusación a cambio de su libertad. En tercer lugar, ha afirmado que el fiscal Castañeda actuó en esa diligencia por encargo de Jorge del Castillo, ex-primer ministro, y de Hernán Garrido Lecca, ex-ministro de salud.
En cuarto lugar, ha sostenido que la policía, en el momento que la interrogaba, estaba desesperada “por encontrar las grabaciones de la suite del hotel Country, en donde Fortunato Canaan recibió a la plana mayor del gobierno, a casi todos los políticos apristas. (El Comercio, 14-10-2010). En quinto lugar, ha declarado que los archivos de los USB requisados aludían a los aranceles del cemento, a los hospitales por construir, al Banco Azteca, a los patrulleros del Ministerio del Interior (Alva Castro) y mencionaban al secretario del presidente García (Nava). En sexto lugar, ha dicho que los 4 USB requisados por la policía han sido sustituidos por otros, que dos de ellos están vacíos y que sus tres computadores que corrían con Lynux ahora corren con Windows, esto es, se ha producido un cambiazo. Finalmente ha concluido diciendo que los archivos borrados de sus USB son irrecuperables y que la copia-espejo de sus archivos originales es un chiste de mal gusto.
¿Qué hay de verdad y qué de mentira en las aseveraciones de la señora Giannotti?. Sólo una investigación a fondo de la prensa seria puede responder esa pregunta. No pueden investigar el Congreso, el poder judicial, la fiscalía o la policía porque todos ellos están en la picota. Si lo que dice Giannotti es verdad, entonces el Perú está gobernado por una gavilla de políticos y funcionarios corruptos y el Estado peruano está podrido. En este embrollo armado a propósito hay más preguntas que las tres formuladas por García. ¿Quién ordenó a la policía y a los fiscales incriminar a Petro-Tech y a sus altos funcionarios como financistas de los petroaudios?. ¿Qué se buscaba con la acusación?. ¿Se buscaba sólo señalar a los culpables o se pretendía también (por carambola) cerrar Prensa Libre del canal 4, un programa crítico del gobierno, como lo ha sostenido su conductora, esposa de un alto funcionario de Petro-Tech?. ¿Quiénes hicieron el cambiazo de los USB, quienes borraron los archivos de los mismos, qué archivos se borraron y quien ordenó la realización de esa tarea?.
Las preguntas siguen. ¿Por qué los poderes del Estado se disputaban a brazo partido y se arranchaban los petroaudios?. ¿Cuál es la lista completa de los delitos o supuestos delitos y la de los funcionarios públicos que los cometieron o pretendían cometerlos?.¿Cuál fue el motivo de la reunión del Presidente de la República con el Presidente del Poder Judicial y con el Presidente del Congrego a propósito de los petroaudios?. ¿Qué discutieron y a qué acuerdos llegaron?. Como ninguno de ellos va a decir la verdad por razones obvias es legítimo preguntarse: ¿Hay o no un pequeño video o una grabación al paso de esa reunión en la cumbre?. Con un trabajo serio de la prensa sólo sabremos la verdad, pero no tendremos justicia. El país, sin embargo, quiere saber la verdad y quiere también justicia

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Sinesio López Jiménez
Uno de los grandes problemas de la democracia que es difícil resolver es el papel de los medios en los procesos electorales. Ollanta Humala ha tenido la valentía de plantearlo, pero la reacción de algunos medios ha sido hepática cuando lo que necesitan es serenidad y objetividad para discutir este tema complejo que, por lo demás, se debate en AL y en el mundo. En realidad ese problema hace parte de otro mayor: el problema de financiamiento de los partidos en los procesos electorales. Dejo el problema mayor para otro comentario y ahora quiero concentrarme en el rol de los medios en las contiendas electorales. La democracia como procedimiento exige ciertas características para que las elecciones sean consideradas legítimas: que ellas sean generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. ¿En qué medida los medios pueden contribuir a que exista un justa competencia electoral entre los partidos?. Se trata de tomar en cuenta dos principios básicos: la equidad y el derecho a la información.
Por un lado, todos los partidos y candidatos deben tener igual acceso a los medios para presentar su oferta electoral a los ciudadanos. Por otro lado, los electores deben tener la posibilidad de informarse a través de los medios de todas las ofertas electorales en competencia para tomar una decisión informada sobre los candidatos que van a elegir. La equidad es el principio más difícil de garantizar. Sucede que la mayoría de los medios privados están vinculados a poderosos intereses económicos que obstaculizan el acceso igualitario de los partidos a “sus” medios. En América Latina, el Estado ha intervenido para compensar con diversas políticas las desigualdades existentes, muchas veces sin lograrlo. Predomina una fórmula que combina el acceso gratuito en los medios del Estado con la contratación poco regulada de los medios privados. La medida no es tan eficaz porque el rating de medios estatales es muy bajo (como es el caso del canal 7 en el Perú) y los candidatos se ven obligados a recurrir a los medios privados, pero no todos tienen los recursos necesarios para acceder a ellos.
Existen, además, algunas inequidades que es difícil superar. En primer lugar, el partido oficial resulta favorecido con los mensajes y avisos contratados por el gobierno de turno para transmitir sus supuestos logros y resultados. Es el caso de García que lo vemos todos los días hasta en la sopa. Lo mismo puede decirse de los alcaldes que, como el limeño, retrasan inauguraciones de obras públicas perjudicando a la ciudadanía con la sola finalidad de que ellas coincidan con su lanzamiento como candidato a la presidencia de la República o a otro cargo público. En segundo lugar, el tratamiento parcializado de las noticias en programas políticos y en noticiarios, que no distinguen entre la opinión del medio y de sus propietarios y la información sobre los acontecimientos políticos, favorece de hecho a unos candidatos y perjudica a otros.
Es diferente el acceso de los partidos a la TV, a la radio y a la prensa escrita. En AL hay cinco modalidades principales de acceso en el caso de la TV: franja diaria y gratuita (Brasil y Chile), sistema mixto que combina el acceso gratuito a medios estatales con la contratación publicitaria en medios privados sin límite (Argentina), acceso plural y permanente gratuito o pagado pero limitado (Colombia y México), acceso pagado sin topes (Guatemala y Honduras) y acceso pagado con topes máximos (Costa Rica, Ecuador y Bolivia).
El desigual acceso a los medios de los candidatos y los ciudadanos constituye un déficit político que afecta la legitimidad de los regímenes democráticos de AL. No puede ser legítimo un proceso electoral en el que todos los medios informan sobre la vida y milagros de su candidato favorito y desinforman con mentiras y calumnias sobre el candidato que a los propietarios de los medios y de las corporaciones les pone la piel de gallina.
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Sinesio López Jiménez
En el Perú, la política y los políticos no dejan de sorprendernos. Odría gana batallas después de muerto. Su famosa consigna “hechos y no palabras” es hoy por hoy una guía para la acción. Algunos políticos han sacado al vulgar dictador del fango del crimen y el robo y lo han elevado al eminente sitial de filósofo de la praxis. Fujimori, García, Castañeda, Kouri son los más connotados odriístas del momento. El discípulo más aprovechado de todos es, qué duda cabe, García. Escuchémoslo: “Otros en la tribuna de los devaneos y vanidades, otros en el globo inflado de sus propias frases…nosotros con obras, con trabajo concreto”. Castañeda, el más conocido mudo de la política peruana, habla con obras. Kouri dice que sus obras hablan por él. No quiere hablar de otra cosa. De sus malas juntas con Montesinos, por ejemplo. La mayoría de las autoridades (presidentes regionales, alcaldes) piensan que el último tramo de su mandato es el tiempo de las obras.
¿Qué expresa y qué oculta la llamada “filosofía de las obras”?. Francamente hay de todo. En unos casos, se busca alcanzar fines legítimos a través de las obras: atender una demanda ciudadana, satisfacer una necesidad sentida, buscar una reelección legítima. En otros, los fines son más discutibles: se trata de ocultar con migajas expresadas en obras el gobierno efectivo para los ricos. En la mayoría de los casos, por desgracia, ella busca fines abiertamente perversos: tras las obras se esconde la coima, el robo, los negociados, la corrupción en suma. Este fue el sentido primigenio de la consigna odriísta que la oposición democrática criticó en su momento. Se podría afirmar que los “faenones” (a lo Quimper) son aquellas obras que logran combinar todos los fines señalados. Es probable, sin embargo, que la corrupción más significativa (la de lluvia de millones) no se halle en lo que generalmente se llama “las obras” sino en la decisión y aplicación de las políticas públicas, particularmente de las políticas económicas.
Hay otros dos fines también perversos que “la filosofía de las obras” persigue. En primer lugar, ella busca consolidar la cultura política permisiva con la corrupción que existe en el Perú y en AL, especialmente en las clases populares. Esa cultura se expresa en la conocida frase frecuente y resignadamente repetida: Con tal que haga obra, no importa que robe. Los políticos corruptos la conocen por las encuestas y por propia experiencia, se apoyan en ella y coinciden con ella. Son perversamente populares. A ellos no les importan la ética, ni la transparencia, ni la decencia. Lo que les importa es la eficacia y la eficiencia. Por eso ellos creen que pueden ganar si contraponen la eficiencia con la decencia. Se pueden llevar un chasco si se demuestra que la eficiencia y la decencia pueden (y deben) ir juntas. En resumen, “la filosofía de las obras” es esencialmente corrupta.
En segundo lugar, ella busca liquidar la política de la palabra, del discurso, del debate público y “del uso público de la razón” (como decía Kant). Los políticos corruptos “olvidan” que la palabra y el discurso son herramientas de acción, son formas de organizar voluntades colectivas, son instrumentos para hacer una historia propiamente humana. La acción (obra) y el discurso son los componentes fundamentales de la política desde el mundo clásico (griego y romano) hasta la democracia moderna. Si se las separa, se castra a la política, especialmente a la política democrática. En el fondo, la “filosofía de los hechos” es vergonzantemente autoritaria. Se trata de aplastar con la fuerza de los hechos el consenso político difícilmente alcanzado. Ella es autoritaria y corrupta. Como el odriísmo y como el fujimorismo.
Colocándome en un plano puramente normativo, la política, especialmente la política democrática, tiene que unificar decencia y docencia, transparencia y eficiencia, acción y discursos, hechos y palabras.

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