Sinesio López Jiménez
García cree que el Perú está poblado por vivos y zonzos y que el vivo más eminente es él. Esta es la clave de su pensamiento (¿?) y de su política. García encarna, en efecto, lo que en el Perú se llama la viveza criolla sobre la que Francois Bourricaud (su reivindicado y desaprovechado maestro) escribió agudos apuntes. La definió como “sabiduría escéptica” que combina la perspicacia y la astucia con la prudencia. Todos sabemos, sin embargo, que esta última es una virtud que no cultiva García. Perspicacia y astucia, en cambio, le sobran. Vivo es el que “se las sabe todas”, el agilito, el pendejerete, el que no se deja pisar el poncho, el “men” que se siente perfecto y cree que los demás son “monses” (zonzos). El criollo vivo es también un sacavueltero de amplio espectro que García personifica a la perfección. ¡Y con qué sabiduría encarna también el criollísimo refrán: “el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo”!.
Los dos gobiernos de García están llenos de vivezas inolvidables. Su segundo gobierno, por ejemplo, comenzó con una sacada de vuelta al país: el cambio de programas. “Triunfó” con un programa tibiamente socialdemócrata y gobierna con el modelo neoliberal. “Triunfó” es un decir porque fue acusado por Lourdes Flores de “haber ganado en mesa”. La prescindencia del Apra como partido de gobierno, el establecimiento del óvolo voluntario en reemplazo de los impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras, la designación de su propia contralora en lugar de fortalecer todas las formas y los órganos autónomos de control, la negociación de las cúpulas de los poderes del Estado para ocultar los petro-audios que los comprometen, todos ellos constituyen actos típicos de viveza de García en un país de zonzos.
Una de las últimas vivezas de antología es el nombramiento, por parte del poder Ejecutivo (esto es, García), de una comisión que investigue los sucesos sangrientos de Bagua. Para descubrir a los principales responsables del Bagüazo no era necesario desplazarse hasta la selva. Bastaba ir a Palacio de gobierno. El autor del perro del hortelano, el inspirador de de los decretos legislativos 1064 y 1090 sobre la selva, el que incumplió el Convenio 169 de la OIT que obligaba a la consulta a los indígenas en decisiones gubernamentales que afectan sus territorios, el que presionó al Congreso para que no derogara esos dispositivos legales cuestionados, el que ordenó poner orden y acabar con el caos está en Palacio y funge de Presidente de la República. En el comienzo, en el proceso y en el desenlace del conflicto García es el principal protagonista y responsable. La ministra que sostuvo falsamente que sin leyes de la selva se ponía en cuestión el TLC con Estados Unidos ha sido premiada ahora con el superministerio del MEF.
Los resultados de la Comisión “investigadora” son los esperados por García, el principal responsable del Bagüazo. Entre “las cuatro causas de la tragedia” (El Comercio dixit) la Comisión señala el “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”. ¿Qué sectores?, ¿qué ministros?, ¿qué altos funcionarios? ¿y quién fue el promotor de los decretos legislativos?. Una de las perlas de esta Comisión es la tesis según la cual los nacionalistas, la iglesia y las ONG han distorsionado la agenda de los indígenas. ¿Cuál agenda?, ¿su cultura?, ¿su propuesta de desarrollo?. ¿Y García con su perro del hortelano no distorsiona esa supuesta agenda indígena?.
Felizmente la viveza criolla tiene claros límites que provienen de la experiencia y de la conciencia de los supuestos zonzos. El nivel de aprobación de la García es el termómetro con el que ellos miden y sancionan los actos de viveza de García.

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Sinesio López Jiménez
Desde una perspectiva institucional el problema de la democracia peruana no es sólo el parlamento. Es también el caudillismo de García. Como todo caudillo, García detesta las instituciones, maltrata al Congreso, incumple la ley de partidos, prescinde del Apra como partido de gobierno y pretende manipular arbitrariamente los diseños electorales. Aprovechando el desprestigio abismal del Congreso, García quiere arrasar con él. Para lograrlo ha ensayado diversas estrategias. La primera fue la renovación por mitades. Como ella fue rechazada por la mayoría de los congresistas, propuso el referéndum para imponerla. Es muy probable que esta nueva propuesta sea bloqueada igualmente por el Congreso. Ante esa situación, ensaya una tercera propuesta: invoca para una reforma constitucional una cuestión de confianza que sólo se aplica al gabinete. Como este despropósito tampoco va a pasar, García podría ensayar una cuarta estrategia: Nombrar un nuevo gabinete que haga suya la renovación por mitades y colocar al Congreso frente a la actitud suicida de ser disuelto sino lo aprueba a fardo cerrado.
¿Qué pretende García con el despliegue de estas estrategias contra en Congreso?. Varios son, al parecer, los objetivos de García. El primero, levantar sus alicaídos bonos librando una batalla contra una institución desprestigiada y vilipendiada todos los días por todos los medios. El segundo, imponer a como dé lugar el voto voluntario para excluir a los ciudadanos que votan contra el modelo económico neoliberal. El tercero, someter al Congreso a sus designios de caudillo autoritario. El cuarto, desplazar la atención ciudadana desde los problemas sustantivos de la economía (crisis de crecimiento, empleo, desigualdad, pobreza) al campo meramente institucional. El quinto, crear una situación de impase político y constitucional que justifique la amenaza de un autogolpe al estilo de Fujimori. En resumen, García busca reordenar el escenario político en sus propios términos caudillistas y revertir la imagen de gobernante antipopular que proyecta hacia AL.
La disolución del Congreso es una vieja idea de García desde el primer año de su gobierno. ¿Por qué la ha transformado actualmente en estrategia?. Hay varias razones. La primera es la proximidad de las elecciones del 2010 y del 2111. García quiere recuperar los perdidos gobiernos regionales que tuvo el Apra entre el 2001 y el 2006. Contribuye al logro de ese objetivo la aprobación de la doble vuelta electoral de los gobiernos regionales que no superen la barrera del 30%. No es cierto que ella otorga legitimidad de origen ni ayuda a la legitimidad por desempeño y a la gobernabilidad. Lo único que busca esa ley es fragmentar más al electorado de las regiones y bloquear cualquier alternativa de cambio en ellas. La segunda es que García quiere aprovechar la debilidad de la oposición política –de derecha y de izquierda- para frenar a la oposición social. La tercera es que García se siente ahora más libre para tomar decisiones en diversos campos luego que la crisis económica internacional debilitara a la coalición social con la que gobierna, especialmente a los organismos financieros. Hasta se atreve a cambiar ministros de economía sin consultar con nadie. El problema es que, con García suelto en plaza, cualquier cosa puede pasar.
¿Cuáles son las propuestas de las oposiciones para frenar a García?. Aparte de la denuncia, ninguna. Sugiero, por eso, una en el campo institucional: Cambiar la forma de gobierno. Pasar del presidencialismo, que permite y legitima los extravíos de García, al semi-presidencialismo. Esto implica tres cambios fundamentales: Diferenciación del jefe de estado del jefe de gobierno, elección del primer ministro por el Congreso y renovación parlamentaria por tercios. Esta forma de gobierno tiene al menos dos virtudes: combinar adecuadamente la estabilidad y el cambio y oxigenar mucho a la política.
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Sinesio López Jiménez

La imagen positiva, triunfante y avasalladora del Perú que García nos vende machaconamente todos los días se evapora como una pompa de jabón con el Informe del Latinobarómetro del 2009 que encuesta a 18 países de AL. En la evaluación que hacen los ciudadanos de cada país de sus respectivas democracias y economías el Perú disputa la cola. Se trata, desde luego, de las percepciones y las valoraciones sobre las realidades y no de las realidades mismas. Entre unas y otras median la experiencia, la memoria, la educación, la cultura política de los encuestados. Estas mediaciones constituyen una especie de lentes para mirar la realidad. ¿Son diferentes los lentes con los que los ciudadanos de cada país de AL evalúan sus respectivas democracias y economías?. Mi hipótesis es que, salvo pequeñas variaciones, ellos son parecidos. Esta semejanza permite comprender mejor las diferencias de los países de AL en una perspectiva de política comparada.

En este primer análisis toco sólo algunos aspectos sobre la democracia en AL. Es aleccionadora la condena masiva (en Honduras mismo y en AL) del golpe y de los golpistas. Sin embargo, algunos países (Ecuador, Brasil, Venezuela, Guatemala, México) se sienten, en grados variables, vulnerables y propensos a regresiones autoritarias. Vista como ideal normativo, la valoración de la democracia retrocede en algunos países de AL (Colombia, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Argentina, Ecuador, México), pero en otros avanza en forma sorprendente (16% en El Salvador y Venezuela, 12% en Bolivia y Brasil y 6% en Chile). El informe del Latinobarómetro se siente sorprendido y atribuye en forma discutible el incremento a la ideología (¿?) de los encuestados bajo los gobiernos de izquierda. Es probable que la explicación esté más bien por la mayor valoración que hacen estos gobiernos de los derechos económicos y sociales.

Sorprende también la evaluación del grado de democracia de los países. Más de un tercio de los uruguayos (46%), costarricenses (38%), venezolanos (36%), panameños (33%), chilenos (30%) opina que su respectivo país es totalmente democrático. En el polo opuesto, sólo el 5% de los paraguayos, el 8% de los bolivianos y 9% de los peruanos cree lo mismo. Son los sectores más educados (y probablemente de los estratos medios y altos) los que valoran más la democracia en términos normativos. En algunos países (Perú, Brasil, Ecuador Colombia, Guatemala) menos del 50% cree que sin parlamento y sin partidos no hay democracia, pero en otros (Uruguay, Venezuela, Argentina) esa creencia se empina a más del 70%. Más del 50% de los latinoamericanos piensa que la democracia ofrece garantías a los derechos civiles y políticos, pero menos del 50% cree que ella ofrece garantías a los derechos económicos y sociales.

El desempeño de los gobiernos democráticos ha ido mejorando poco a poco luego de la crisis asiática (2003-2004), pero sorprende la percepción de mejora (de 37% a 44%) en el 2009, año de la mayor crisis del capitalismo de las últimas décadas. Esto tiene que ver probablemente con el buen manejo de la crisis por algunos gobiernos. No todos los países están satisfechos, sin embargo, con la democracia. En algunos países (Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, R. Dominicana, Chile, Bolivia, Venezuela y Brasil) más del 50% está satisfecho con su democracia. En el resto de países, menos del 44% lo está. El Perú es el menos satisfecho de todos con el 22%. La explicación de esta insatisfacción se encuentra en el sentido social de las políticas públicas que despliegan los gobiernos. El Uruguay, por ejemplo, el 58% cree que “se gobierna para todo el pueblo”. En contraste, menos del 15% de los peruanos, los dominicanos y los argentinos cree que sus gobiernos hagan lo mismo. La insatisfacción se incrementa cuando los ciudadanos piensan que la corrupción sigue victoriosa (Honduras, Guatemala, Perú, Argentina).

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Sinesio López Jiménez

Una gran insatisfacción con la democracia recorre América Latina. En unos países más que en otros, pero ella es general. El cuestionamiento no apunta aún (felizmente) contra la democracia como ideal de gobierno, sino contra los gobiernos democráticos realmente existentes. El malestar proviene de la incapacidad de la democracia, tal como ella es definida, entendida y aplicada, para cambiar la vida material de los ciudadanos, especialmente de los pobres y muy pobres. “La democracia no se come” dijo el general Odría para justificar su dictadura. Para erigirse en una valla contra las dictaduras y legitimarse, la democracia tiene que demostrar con hechos (efectividad legal y políticas públicas para todos) que ella sí se come. No se trata de un reparto populachero de alimentos y otros bienes tratando a los pobres como mendigos sino de organizar la existencia social de tal manera (empleo de calidad, salarios, salud, educación, seguridad, bienestar, justicia y libertad) que permita a todos vivir con dignidad.

¿Por qué la democracia no afecta la vida material de los ciudadanos de AL? La hipótesis de Nicolás Lynch (El argumento democrático sobre América Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada. Fondo Editorial de CCSS de la UNMSM, 2009) es que la democracia no toca la situación concreta de los ciudadanos de AL porque ella ha sido reducida a meros procedimientos de elección de los gobernantes de turno. Así ha sido importada (copiada) de los países avanzados, pero AL no ha podido copiar obviamente la cultura política, la calidad de los Estados eficientes y democráticos y el nivel de vida de esos países. ¿Por qué ella, sin embargo, sigue en pie?. Lynch atribuye su permanencia a dos factores principales: Por un lado, a la imposición y defensa de la democracia meramente procedimental por parte del establishment académico y político norteamericano y, por otro, a la capacidad, ciertamente limitada, de las élites latinoamericanas para sostenerla. La crítica de Lynch a la democracia procedimental no tiene como objetivo acabar con ella sino, por el contrario, crear las condiciones económicas, sociales y políticas que le permitan funcionar en forma adecuada y satisfactoria.

El de Lynch es un libro de política comparada que se mueve entre la ciencia política y la sociología política, por un lado, y entre el ensayo y la investigación de campo, por otro, para analizar las peculiaridades de la democracia en los diversos países de AL y en el caso peruano. Apelando a un amplio conocimiento de la ciencia política norteamericana y asumiendo la perspectiva estructural de Barrington Moore y otros, Lynch discute con los principales autores que defienden la democracia como régimen político (democracia electoral y procedimientos de gobierno). Coincidiendo con Guillermo O´Donnell (en sus últimas publicaciones), Lynch sostiene que, para comprender la democracia, es necesario analizarla en perspectiva histórica comparada de tal manera que los procedimientos democráticos sean vistos a la luz de las condiciones y procesos económicos, sociales y políticos y de los vínculos que ellos establecen en los diversos países del mundo desarrollado y de AL.

Lynch analiza las etapas en que se ha desarrollado la democracia en AL, las regresiones autoritarias, las transiciones democráticas y las consolidaciones frágiles que ella ha experimentado. Discute asimismo el giro a la izquierda de AL (distinguiendo dos izquierdas por origen: marxista y nacional-popular) dentro de los cauces democráticos como producto de la insatisfacción que ha generado el modelo neoliberal en AL. Este giro izquierdista no es, en general por ahora, anticapitalista, sino antineoliberal. En esto y en otros aspectos el Perú es una excepción en AL. El excelente libro de Nicolás Lynch ha levantado muy alto la varilla para discutir y valorar la calidad de la democracia en AL.
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Sinesio López Jiménez

En la vida larga y compleja del Apra, el libro de Nelson Manrique (¡Ud fue Aprista! Bases para una historia crítica del Apra, Fondo Editorial de la PUCP, 2009) llena un vacío en el campo del conocimiento histórico y político. Se han escrito muchos libros sobre diversos aspectos del Apra, pero faltaba uno sobre su trayectoria (1930-1979). Para analizarla Manrique se mueve entre la historia y la sociología histórica comparada, combinación que le permite vincular los actores y los acontecimientos con las clases sociales y con los procesos y las estructuras de mediana duración en diversas etapas de la historia peruana. El libro presenta un análisis muy fino de las complicadas y a veces conflictivas relaciones de Haya con el estado mayor del Apra (especialmente con Sánchez y Seoane) y con los militantes en lucha política abierta con la oligarquía y el ejército (aliados del imperialismo en la primera etapa).

Esta lucha se libró en tres etapas claramente diferenciadas: La gran confrontación (1930-1956), la alianza con la oligarquía (1956-1968) y la revolución militar de Velazco (1968-1979). En las tres etapas Haya y el Apra desplegaron programas y estrategias políticas relativamente diferenciadas. En la primera etapa, Haya desplegó un programa revolucionario antiimperialista y una estrategia que se movía entre el juego electoral, la insurrección y el golpe y en algunas coyunturas apeló a las tres cosas al mismo tiempo. La oligarquía y el ejército, en cambio, jugaron siempre al golpe y, cuando se abrieron a los procesos electorales, excluyeron a la mayoría de la población, al Apra y al comunismo. Esta es la etapa de las involuciones precoces y de las ambigüedades tempranas de Haya. Sin cambios profundos en la situación, pasó de la revolución a la involución.

En la segunda etapa, Haya pudo replantear las reformas antioligárquicas dentro de cauces democráticos, pero se asustó ante el desafío, retrocedió y se comprometió con la oligarquía dando lugar a la Convivencia (1956) y a la Coalición con Odría (1963). El clima político era, sin embargo, propicio para realizar profundos cambios antioligárquicos: el gamonalismo estaba al borde del colapso, la oligarquía estaba aislada, el ejército y la Iglesia apostaron a las reformas antioligárquicas, los nuevos partidos (AP, la DC y el MSP) planteaban cambios profundos y los movimientos campesinos, proletarios y de clases medias presionaban en la misma dirección.

En la tercera etapa, los militares hicieron lo que el Apra pensó y fue incapaz de realizar. Los apristas se limitaron a reivindicar la autoría programática de las reformas y a exigir una salida democrática. Las reformas radicales del velasquismo acabaron con la oligarquía y el gamonalismo pero dejaron intacto “el terreno de las subjetividades”: la cultura (el racismo, pese al bilingüismo que postuló), la política (hibernación de los partidos, desmovilización social, inefectividad legal e ineficacia burocrática del Estado). Sólo un movimiento catártico de masas hubiera resuelto este problema.

A cada una de estas etapas corresponden contextos estructurales específicos. La primera se encuadró en un país agro-minero exportador (rural, incomunicado, con limitada movilización mesocrática y proletaria, sin ciudadanía, sin sociedad civil y con un Estado meramente coercitivo); la segunda, en un país en proceso de industrialización, con crecientes protestas sociales y con una vasta movilización social (urbanización, boom educativo, difusión creciente de los medios, migraciones intensas, extensión de la ciudadanía, etc); la tercera, de emergencia de los primeros desequilibrios de la ISI, de crisis y fragmentación de los partidos, etc. El libro de Manrique es la historia de una involución que los apristas niegan, los izquierdistas critican y los derechistas celebran. Es un libro polémico que será valorado de diversa manera.
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