Sinesio López Jiménez

El Perú tiene serios problemas de representabilidad y de representatividad. Del primero ya nos hemos ocupado en esta columna. Ahora voy a examinar la crisis de representatividad que proviene de los diseños electorales inadecuados. En el Perú existen, por lo menos, tres situaciones de este tipo: las regiones, la población rural de la sierra y las etnias de la selva. Las poblaciones rurales tienen problemas tanto de representabilidad como de representatividad. Ellas presentan, en efecto, problemas para ser representadas dada su enorme dispersión y su pobreza extrema así como dificultades que proceden de un diseño electoral defectuoso. Las actuales circunscripciones electorales (regionales) otorgan a las grandes ciudades una sobrerrepresentación en desmedro de la población rural. La reducción de la circunscripción electoral es una forma posible de resolver este problema de representación: Reemplazar la región por la provincia como circunscripción electoral, por ejemplo.

El problema de la representación política de las etnias de la selva es más complejo. Ellas demandan identidad, autonomía de los territorios que ocupan y formas de representación propia. Es necesario reconocer estas demandas tanto en el nivel de las regiones que habitan como en el nivel nacional en donde debe ser reconocida una representación política propia. El caso colombiano puede ayudar a establecer un diseño adecuado que ayude a resolver este problema de representación. Para conformar la Cámara de Representantes, Colombia establece circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales para elegir comunidades negras, indígenas y residentes en el exterior. El Senado de 100 miembros, elegidos en circunscripción nacional, integra a dos representantes de las comunidades indígenas elegidos de la misma manera.

Las regiones presentan también un grave problema de representación. Ellas carecen de una representación política nacional. Los congresistas elegidos en la circunscripción regional no representan a las regiones sino a las clases, los estratos y los grupos sociales que las habitan. Ellos (y la constitución) sostienen, sin embargo, que representan a la nación. Su representación tiene, en realidad, un sentido liberal y está basada en el principio de la soberanía popular. Para que cuenten con una representación propia las regiones tienen que apoyarse en el principio de autonomía de las mismas y expresarse en un cuerpo representativo nacional: el Senado. El principio de autonomía recoge, a su vez, la tradición de la representación republicana. Esta representa, en efecto, no a las clases y grupos sociales como la representación liberal, sino a la comunidad política regional.

En resumen, para resolver el problema de la representación de las regiones, es necesario insistir en el diseño bicameral basado en dos principios: el de la soberanía popular (liberal) que configura a la Cámara de Diputados y el de la autonomía de las regiones (de inspiración republicana) que constituye al Senado. Analizando el caso norteamericano en 1835, Alexis de Tocqueville, el mejor teórico de la política del siglo XIX, escribió lo siguiente: “El principio de la independencia de los Estados triunfó en la formación del Senado y el dogma de la soberanía nacional, en la composición de la Cámara de representantes. Cada Estado debió enviar dos senadores al Congreso y cierto número de representantes, en proporción a su población. Resulta de este arreglo que, en nuestros días, el Estado de Nueva York tiene en el congreso cuarenta representantes y solamente dos senadores; el Estado de Delaware dos senadores y solamente un representante” (La Democracia en América).

Mutatis mutandis (Estados federales por regiones), el problema de la representación es parecido y puede ser también semejante su solución.
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Sinesio López Jiménez

En uno de sus ensayos más imaginativos sobre el Estado y la democracia, Guillermo O´Donnell atribuye los colores azul, verde y marrón a los países de América Latina. Azul es el color de los países estructuralmente homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica) en los que el Estado penetra en todo el territorio y en todas las clases sociales. La ley es efectiva y la burocracia es eficaz. En el polo opuesto, marrón es el color de los países con mucha heterogeneidad estructural (los países andinos) en los que el Estado no llega a todo el territorio ni a todas las clases sociales. En ellos la ley no se aplica por igual en el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. La burocracia no es eficaz ni las políticas públicas llegan a todos. Entre estos polos, el verde es atribuido a los países que no tienen una acentuada heterogeneidad estructural (Argentina, Venezuela) en los que la efectividad de la ley y la eficacia de la burocracia tienen un cierto alcance tanto en el territorio como en las diferentes clases sociales.

En esta policromía de países latinoamericanos el Perú presenta obviamente un color marrón. Pero si se analiza el grado de penetración del Estado en una escala regional, el Perú presentaría más matices. Probablemente, la costa mostraría un color azul; algunas ciudades de la sierra y de la selva, un color verde y las amplias áreas rurales de la sierra y de la selva, un intenso color marrón. En una perspectiva más exigente se podría imaginar un mapa del Estado peruano en una escala distrital considerando siempre el grado de penetración del Estado tanto en la efectividad legal como en la eficacia de la burocracia. Los matices serían mayores. En la costa predominaría el azul, seguido de cerca por una vasta zona marrón (los distritos pobres y muy pobres) y acompañado por algunas pocas zonas verdes. En la sierra y en la selva predominaría el marrón, acompañado por algunas zonas verdes. La mayoría de los distritos (alrededor de 900 distritos) y de la población (un poco más del 50%) de todas las regiones tendrían un color marrón.

Hace más de 10 años (en el libro Ciudadanos Reales e Imaginarios, IDS, 1997) elaboré un mapa de ciudadanía efectiva en todos los distritos del Perú. Se midió el grado de acceso efectivo de los ciudadanos a los derechos civiles (que tienen que ver con la libertad), a los derechos políticos (la participación en las decisiones y en la designación de las autoridades) y a los derechos sociales (educación, salud, etc. ). Los resultados fueron desalentadores: El 44% estaba conformado por ciudadanos de primera clase (accedía a todos los derechos por igual) y habitaba mayoritariamente en los distritos de clases medias y altas y en algunos distritos populares de las principales ciudades; el 23% estaba integrado por ciudadanos de segunda clase (ejercía todos sus derechos políticos y tenía algunos derechos civiles y sociales) y habitaba en los distritos pobres de las diversas ciudades; y el 33% estaba conformado por ciudadanos de tercera clase (ejercía sólo sus derechos políticos y no contaba con derechos civiles ni sociales) y habitaba en las zonas rurales de la sierra y de la selva.

Se relacionó este mapa de ciudadanía efectiva con el de la desigualdad (expresada en el mapa de la pobreza de 1993) y se encontró que existía entre ellos una alta relación inversa: en las zonas más pobres existía menos ciudadanía efectiva y en las zonas menos pobres había más ciudadanía efectiva. Es probable que exista también una alta correlación entre el mapa de la ciudadanía efectiva con el grado de penetración estatal en el territorio y en la sociedad. En los distritos en donde la justicia y las políticas públicas llegan a todos (azul) los ciudadanos son de primera y en los distritos en donde el Estado no es legalmente efectivo ni es burocráticamente eficaz (marrón) los ciudadanos son de tercera clase.

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Sinesio López Jiménez

En América del Sur sólo Perú y Colombia se inscriben en el neoliberalismo extremo. Todos los demás países se ubican, con algunos matices, en el campo de la izquierda. ¿Se mantendrá este mapa político en la próxima década?. Si las próximas elecciones sólo se decidieran por los éxitos y los logros, la izquierda debiera seguir gobernando. Pero sospecho que hay otros actores y factores: el peso creciente de las nuevas generaciones, sus deseos de innovación y sus exigentes demandas de calidad de vida. Son valores y demandas propios de una sociedad desarrollada. Eso es lo que expresa el exitoso candidato chileno Marco Enríquez-Ominami, ubicado también en el campo de la izquierda. Si la coalición gobernante no entiende esta exigencia juvenil de renovación, la derecha puede ganar el gobierno en Chile. El probable triunfo de Piñera puede significar el comienzo de una corrida del péndulo hacia la derecha en América del Sur, pero no significaría, sin embargo, la implantación de un neoliberalismo extremo que, si se tiene en cuenta la crisis mundial y las circunstancias latinoamericanas, ya no es viable en América Latina.

¿Se puede revertir la excepcionalidad peruana y colombiana en América del Sur?. Mi hipótesis es que, dada la crisis actual (nacional e internacional), la izquierda puede terminar con la excepcionalidad peruana si enfrenta exitosamente cinco desafíos. En primer lugar, la presentación de un candidato único de izquierda, creíble y confiable para las mayorías del país, que ocupe el espacio de centro izquierda y que evite su fragmentación. Tendría que desplegar una amplia convocatoria social y política que contrarreste el intento de la derecha de arrinconarla y de sobrepoblar con candidatos ese espacio.

En segundo lugar, la izquierda tendría que unificar a las principales fuerzas de ese signo que exhiben una probada trayectoria democrática. Es difícil, si no imposible (y a lo mejor tampoco es deseable), que todos los partidos izquierdistas reconstituyan una especie de Izquierda Unida de estos tiempos. Sería un error político, por ejemplo, acercarse a las nuevas organizaciones que vienen del terrorismo y que han hecho un viraje hacia el juego electoral. Si las principales fuerzas de izquierda se unifican y apoyan un candidato único, es difícil que emerjan candidatos menores que le hagan el juego a la derecha.

En tercer lugar, la izquierda tendría que forjar una amplia coalición social que impulse y viabilice un modelo de desarrollo centrado y a la vez abierto al mercado internacional, inclusivo, integrador y descentralizado. Las clases populares, los pobres y muy pobres no constituyen una base social suficiente para ganar el poder y gobernar. Son necesarios también las clases medias y el empresariado nacional. A las demandas de Estado efectivo es necesario añadir la exigencia de calidad del desarrollo que resuelva los problemas del empleo y de la pobreza.

En cuarto lugar, la izquierda, para ser una alternativa creíble y confiable de gobierno, tendría que convocar a un equipo tecno-político calificado y con experiencia de gestión gubernamental. Este desafío, pese a que es el menos difícil dada la orientación izquierdita de un sector importante de técnicos, profesionales e intelectuales, tiene una enorme importancia pues da confianza tanto a las élites sociales como a las clases populares. En quinto lugar, la izquierda tendría que mostrarse plural y tender puentes a todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Sería un error (que le costaría una posible victoria) la adscripción a una u otra corriente de las izquierdas existentes en AL.

¿Podrá la izquierda enfrentar y resolver estos desafíos?. Es difícil, pero no imposible. Las circunstancias ayudan, pero ¿existe la voluntad política de los principales actores de la izquierda para constituir una alternativa de gobierno seria, responsable y exitosa?. El tiempo lo dirá.
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Sinesio López Jiménez

Desde la perspectiva republicana el voto es un deber. La ciudadanía activa forma parte de la virtud cívica que todos los ciudadanos deben cultivar. Desde la perspectiva liberal el voto es un derecho que los ciudadanos pueden ejercer libremente. El establecimiento del voto voluntario significa el tránsito de la concepción republicana a la liberal. Eso en la teoría. En la política concreta el voto voluntario eleva la participación de los que tienen más ingresos y más educación y disminuye la de los pobres y muy pobres. Elimina en la práctica el sufragio universal. En el Perú actual eso tiene un profundo sentido político conservador y hasta reaccionario. Se quiere sacar del juego electoral a los ciudadanos (llamados electarado por la caverna obtusa y racista) que votaron contra el modelo neoliberal en el año 2006. El voto voluntario cura el pánico que se instaló en los predios de García y de los poderes fácticos desde entonces.

No se trata, pues, de mejorar la calidad de la democracia como sostienen los defensores más cínicos (y algunos ingenuos) del voto voluntario. Todas las democracias modernas tienen dos dimensiones: la liberalización y la democratización (o inclusión o participación). A través de la primera los ciudadanos, organizados en alternativas diversas, discuten, deliberan y compiten por el acceso al poder del Estado. A través de las segunda, los ciudadanos, procedentes de las diversas clases sociales, razas, etnias y religiones, participan políticamente (votan, se movilizan, apoyan, protestan), deciden y designan a los gobernantes que acceden a los puestos de mando del Estado (el gobierno). Ambas definen la democracia electoral. Pero la democracia supone, además, valores, normas, reglas de juego y estructuras de autoridad que definen un gobierno democrático. Este más la democracia electoral es lo que se denomina régimen democrático. Pero la democracia va más allá del régimen político pues supone también gobernar para todos a través de la efectividad de la ley (justicia para todos) y de las políticas públicas eficaces (trabajo e ingresos dignos, salud, educación y seguridad de calidad para todos).

En el Perú existe, mal que bien, la democracia electoral. Existe a media caña el gobierno y el régimen democráticos. En cambio, la democracia como gobierno para todos existe sólo en las pasadillas de García y de sus aliados. La liberalización y la democratización evolucionan en forma separada y entran frecuentemente en tensión. Muchos estados se abrieron a las libertades, pero bloquearon la participación (Inglaterra en el siglo XVIII, Perú entre 1900 y 1919). Los partidos y movimientos populistas de AL lucharon por abrir los estados oligárquicos, no a las libertades, sino a la participación política. Sólo las revoluciones (Francia, USA, Inglaterra) juntaron simultáneamente las dos dimensiones.

Siendo importante la liberalización, la democratización es, sin embargo, más radical. Ella supone un cambio en la relación de fuerza entre las clases sociales a medida que caen las barreras que limitan la participación de los sectores excluidos: la propiedad, el género, la edad, el analfabetismo. Eso explica la resistencia de los señores feudales en Europa y de las oligarquías y del gamonalismo en AL a la participación electoral de las clases populares. Sus avances en el Perú hasta 1960 no obedecieron a movimientos sufragistas o a un cambio en las reglas de juego sino al desarrollo del alfabetismo y de la educación y a la presión de las clases medias y de los partidos reformistas. Aquí hemos tenido sufragio universal, sin embargo, sólo después de la reforma agraria radical de la dictadura de Velazco que eliminó las relaciones de servidumbre en el campo. En la mayoría de los países de AL el voto es obligatorio (salvo Colombia, Nicaragua y Venezuela). Predomina la concepción republicana sobre la liberal.

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