Sinesio López Jiménez

En las sociedades complejas, geográficamente extensas y densamente pobladas la representación es una necesidad. En estas sociedades no son posibles ni el autogobierno ni el gobierno representativo de las repúblicas clásicas. La representación liberal que abre las puertas de la política a la presencia legítima de los diversos intereses e identidades es inevitable. Sin ella no hay política ni democracia. Ello no obstante, la representación en América Latina presenta una serie de dificultades que es necesario enfrentar y superar para resolver los problemas de representatividad y de representabilidad. ¿Cuáles son esas dificultades?. En primer lugar, las que provienen de los partidos que se muestran incapaces para recoger las demandas de los ciudadanos, canalizarlas y procesarlas en el sistema político (crisis de representatividad). En segundo lugar, las que proceden de los ciudadanos latinoamericanos cuyas características dificultan su representación en el campo de la política (crisis de representabilidad). En tercer lugar, los inadecuados diseños electorales que, lejos de resolver esas crisis, las profundizan.

Aquí me concentro en los problemas que presentan los ciudadanos de AL para ser representados en el espacio político. En primer lugar, la ciudadanía desigual que procede del diferente acceso efectivo a los derechos reconocidos por los Estados dando lugar a los ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Estos últimos sólo ejercen sus derechos políticos, acceden a pocos derechos civiles, carecen de derechos sociales, habitan las zonas rurales de la sierra y de la selva (Perú) y no tienen representación política. En el caso peruano, llegan a un tercio de la población. En segundo lugar, la configuración desequilibrada de la ciudadanía, según la cual ésta es más política que civil y social en toda AL (O´Donnell). Los derechos civiles tienen que ver con la libertad y los sociales con las condiciones para ejercerla: ¿Puede haber representación de los ciudadanos mutilados en sus derechos?. En tercer lugar, la ciudadanía multicultural cuyo desconocimiento por parte de las élites y los gobiernos lleva a excluir de la representación a los que no son criollos ni occidentales. En el caso peruano, los quechuas y aymaras demandan una mejor forma de integración mientras las etnias de la selva exigen un reconocimiento de sus diferencias culturales en el campo de la política.

En cuarto lugar, la desigualdad ante la ley, no en su dimensión normativa que es igual para todos, sino en su ejercicio efectivo que excluye a la inmensa mayoría del acceso a la justicia. El Perú ocupa el primer lugar en AL en los niveles de desigualdad ante la ley (Latinobarómetro, 2008). En el polo opuesto están Uruguay y Costa Rica. ¿Se puede representar a los excluidos de la igualdad ante la ley?. Finalmente, la exclusión de la mayoría de los ciudadanos de un empleo adecuado, de ingresos aceptables y de un nivel de vida digno hace difícil, sino imposible, su representación política. El conjunto de estas dificultades ha generado lógicamente una enorme desconfianza ciudadana en la política y en las instituciones representativas. Entre los 18 países encuestados de AL el Perú ocupa los primeros lugares en el ranking de desconfianza en la política, en la democracia, en el Congreso, en los partidos, en el gobierno y en el presidente de la República.

Quizás la pregunta sobre la orientación social de las políticas de los gobiernos de América Latina condensa la explicación de la desconfianza ciudadana: ¿Diría Ud. que (el país) está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que se está gobernando para el bien de todo el pueblo? La respuesta es contundente: El 88% de los peruanos creen que García gobierna para los grupos poderosos. En el polo opuesto, sólo el 40% de los uruguayos creen lo mismo de su presidente.