Sinesio López Jiménez

En algún momento dudó. Probablemente quiso comunicarnos a los humildes mortales que no es Dios, que es un ser humano. Pero pronto volvió al Olimpo. En una sociedad secularizada el gesto de García no es sublime. Es ridículo. Luego que Jehude Simon dio un golpe al Congreso (desconociendo las leyes de la selva) para evitar un golpe ciudadano-indígena contra el gobierno, García lanzó un mensaje al país en el que reconocía algunos errores, se abría al diálogo y respaldaba los acuerdos a los que había llegado su ex-primer ministro. Pero a los pocos días, en un artículo publicado en un diario fujimorista, García volvió al esquema político de la confrontación según el cual las protestas sociales son promovidas por agentes de gobiernos (enemigos del Perú) que promueven modelos estatistas y autoritarios y que buscan echarse abajo al sistema democrático peruano. En el mensaje del 28 de julio, con un lenguaje moderado por la ocasión, el presidente reiteró el mismo esquema confrontacional y propuso la política de orden e inclusión como orientación general de los planes del gabinete presidido por Velásquez Quesquén.

La propuesta de orden e inclusión, por consiguiente, se inscribe en el esquema político confrontacional de una relación amigo-enemigo. Entonces, ¿qué tipo de orden y qué forma de inclusión propone García?. Mi hipótesis es que se trata de un orden a palos y de una inclusión segmentada de clientelas. Sabiéndolo o no, los políticos peruanos (de derecha, de centro y de izquierda) son schmittianos un poco exagerados. Entienden y practican la política, no desde la guerra (Carl Schmitt), sino como guerra. Los que no son ni piensan como nosotros –sostienen los políticos peruanos- son los otros (los extranjeros), los enemigos con los que hay que librar una lucha intensa utilizando las armas para aniquilarlos. Siguiendo una relectura aguda de Carl Schmitt hecha por el politólogo francés Julien Freund, sostengo que el orden es el resultado dialéctico de la relación autoridad-obediencia que define lo político en todas las sociedades. Se puede imponer a palos, como quiere García, extendiendo la relación internacional amigo-enemigo, propia de los países y los sistemas de estados, al ámbito interno en donde los peruanos que protestan se comportan –siempre según García- como los enemigos externos y los representan. Pero también se puede lograr a través de otra característica propia de lo político, la relación privado-público que da origen a las opiniones, a los consensos y a los disensos. Lo público, el orden por ejemplo, es el producto del diálogo entre iguales y diversos sobre asuntos de interés general para llegar a ciertos acuerdos que pueden versar sobre los contenidos o sobre los procedimientos.

La gente no es loca, ni levantisca, ni criminal. Ella responde con frecuencia a las arbitrariedades de los que detentan el poder. El baguazo es una ilustración meridiana de esta tesis. Lo que más irrita a los gobernantes y a los conservadores es la forma radical (a veces ilegal) de las protestas sociales. Pero la radicalidad no proviene sólo de algunos extremistas –que los hay- que dirigen los movimientos sociales sino de los mismos movimientos contestatarios. Su objetivo no es, como señalaron con agudeza Almond y Powell analizando el caso peruano de los 60 del siglo pasado, destruir el sistema, sino hacerlo funcionar. Sucede que los gobernantes son ciegos, sordos o arbitrarios y sólo escuchan a los de abajo cuando sus dramatizaciones son ruidosas y fuertes. Sólo entonces las demandas sociales llegan a la agenda pública en donde pueden ser atendidas. Si lo son, la vida continúa con tranquilidad. De lo contrario, el conflicto se mantiene vivo o latente como sostiene la Defensoría.

Y, ¿en qué consiste la inclusión propuesta por García?. Mi hipótesis, como ya lo señalé, es que se trata de una inclusión segmentada de clientelas. No es el caso del Apra auroral de los años 30 del siglo pasado que, desde el partido, luchó para abrir las puertas cerradas de la política oligárquica a la participación de todos los excluidos, como han señalado Ruth y David Collier en Shaping Political Arena (Princeton University Press, 1991). A diferencia de otros países (Brasil y Chile) que incorporaron a las masas excluidas a través del Estado, en el Perú esa inclusión se produjo principalmente a través del partido aprista. Ahora la situación es distinta. El Apra y García están interesados más bien en mantener desmovilizada y silenciada a la sociedad, como en los tiempos de Fujimori, para que el modelo neoliberal en crisis pueda funcionar. Ese es el objetivo de penalizar las protestas sociales, de controlar a las ONG y de vincular a los movimientos contestatarios a los gobiernos extranjeros enemigos del Perú.

Ya no se trata de la incorporación masiva y plena de los excluidos a la vida política reconociéndoles todos los derechos ciudadanos, sino que se busca formar clientelas partidarias a través de los llamados núcleos ejecutores del gasto público. Es una inclusión parcial y segmentada, no para que participen los excluidos, sino más bien para mantenerlos desmovilizados.