Sinesio López Jiménez

Mientras Jehude dialoga y negocia con los líderes de los movimientos de protesta social, los voceros del Apra y de la derecha buscan silenciarlos y reprimirlos, acusándolos de extremistas manipulados por poderes extranjeros. Mientras Jehude hace política, el Apra y la derecha quieren la guerra. ¿Qué rara especie de extremistas son estos que dialogan con el primer ministro, llegan a acuerdos negociados y levantan sus medidas de protesta? La derecha cree que los extremistas, los países enemigos del Perú y las ONGs están interesados en crear un clima de violencia, de zozobra y de inestabilidad en el Perú para hacer que el gobierno de García colapse.

Suponiendo que esos son efectivamente los deseos de los extremistas, pero las intenciones no bastan para hacen caer a los gobiernos. Se necesitan otras cosas, entre ellas los masivos movimientos de protesta que desborden a las instituciones estatales, a los partidos y al gobierno. ¿De dónde salen las protestas masivas y las turbulencias sociales?. La derecha cree que ellas proceden, no de los problemas sociales reales ni de las políticas ineficaces e injustas del gobierno, sino que son inventadas (creadas) por los extremistas. La derecha atribuye demasiado poder a los supuestos o reales extremistas y cree que los movimientos de protesta están conformados por un conjunto de idiotas que se dejan manipular por ellos (los extremistas). Este es un rasgo típico de todo pensamiento reaccionario: cree que las ideas (radicales) inventan la realidad.

El Apra y la derecha cuestionan no sólo a los extremistas, sino a Jehude y su política de diálogo y negociación. Muchas de las demandas de los movimientos de protesta plantean la derogatoria de determinados dispositivos legales que los perjudican. Este es el caso de las leyes de la selva, de algunas concesiones mineras y de otras leyes que han sido impuestas, no sólo sin consultar, sino también sin informar a los afectados por esas leyes. Es cierto que la derogatoria de esas leyes pone en cuestión al parlamento y al gobierno que deciden de espaldas a los gobernados. Pero si los gobernados cuestionan determinadas leyes es porque la realidad efectiva (social) choca con la idealidad normativa, haciéndola inválida (Kelsen) pues no funciona. En otros casos, las leyes son redundantes y superficiales porque coinciden totalmente con la realidad. Lo que hace válida y útil a una ley es la existencia de una cierta tensión entre ella (como deber ser) y la realidad social (los gobernados). Y eso requiere información y diálogo. Montesquieu les decía a todos los voluntaristas que creen que con las leyes cambian todo: Laissez nous tranquilles (déjennos tranquilos): No nos impongan leyes que no funcionan.

En el fondo, lo que los movimientos de protesta ponen en cuestión con sus diversas demandas es una forma de gobernar: la imposición de leyes y de políticas que los perjudican, la falta de políticas que atienda sus problemas o la incapacidad e incuria de los gobernantes. Esa forma de gobernar no afecta sólo al movimiento amazónico sino casi a todo el Perú. El gobierno y el parlamento, la derecha y el Apra creen que gobernar es imponer leyes, políticas y diversas medidas a los gobernados. Olvidan que ellos están sometidos también a las formas y procedimientos propios de los Estados, los regímenes y los gobiernos democráticos. Lo que define a éstos es, en efecto, la lógica ascendente del poder. Este se organiza de abajo hacia arriba. Los ciudadanos eligen a sus representantes y a sus gobernantes. Estos no están sometidos, es cierto, a mandato imperativo, sino que, para tomar decisiones, tienen una cierta autonomía que, por eso mismo, los obliga a rendir cuentas a sus electores. Esta rendición de cuentas se hace a través de instituciones específicas (control horizontal), de los ciudadanos cuando eligen (control vertical) y de la esfera pública y la sociedad civil (control social). Más aún: en la apertura de estados, regímenes y gobiernos social o políticamente cerrados, el control social ha jugado un papel central. No es, pues, el Estado y el gobierno los que deben controlar a los ciudadanos, a la esfera pública y a la sociedad civil, sino, por el contrario, son estos los que deben controlar al Estado y al gobierno. No es la APCI la que debe controlar a las ONGs, sino, más bien, son éstas las den controlar a la APCI. Dígase lo mismo con respecto a los gobernantes y funcionarios, a todos los órganos del gobierno y a todas las instituciones del Estado.

A través del ejercicio de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, los peruanos están aprendiendo a tomar en serio el despliegue de la lógica ascendente del poder. Los gobernantes, los representantes y la derecha, en cambio, despliegan una lógica descendente del poder propia de los estados, regímenes, gobiernos no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc). Organizan el poder de arriba hacia abajo, toman decisiones sin rendir cuenta a nadie, dan leyes sin consultar con los interesados (al menos). Es de esperar que gobernantes y representantes saquen las lecciones democráticas necesarias de lo que está pasando en el Perú de hoy.

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Sinesio López Jiménez

Los golpes de Estado en América Latina de estos tiempos ya no provienen de los cuarteles. Proceden de movimientos desbordantes de los ciudadanos (Argentina) o de masivos movimientos indígenas (Ecuador y Bolivia). Esos movimientos rebasan a las instituciones y a los partidos y hacen colapsar a los gobiernos. No llegan a ser revoluciones sociales ni políticas, pero sí golpes de estado. ¿Por qué los ciudadanos y los movimientos indígenas insurgen contra los gobiernos legalmente establecidos?. La insurgencia puede tener diversas razones. La primera tiene que ver con el mal desempeño de los gobiernos en la aplicación de las políticas públicas: promesas incumplidas, medidas orientadas a servir a los ricos, corrupción generalizada, arbitrariedades impuestas, represiones indiscriminadas. El mal desempeño trae inevitablemente el desgaste de los gobiernos y la pérdida de legitimidad de salida. Otra razón es el descontento y el malestar masivo de la gente que se siente defraudada y que percibe que su situación ha desmejorado sensiblemente o no ha mejorado como esperaba. La crisis ha comenzado a dejarse sentir en los bolsillos y en la conciencia de la gente. Esta no es tonta ni loca para dejarse manipular por “extremistas” o por los enemigos externos del Perú como sostienen equivocadamente García y el canciller. Finalmente, la crisis de los partidos políticos los incapacita para recoger y canalizar ordenadamente las demandas masivas de la gente. La crisis partidaria explica el desborde popular.

En el Perú no tenemos un movimiento ciudadano como el de Argentina ni movimientos indígenas como los de Ecuador y Bolivia. Pero la arrogancia de García y las torpezas del gobierno y del Parlamento han logrado fusionar a estos dos tipos de protesta. Las movilizaciones crecientes de estos días caminaban en la dirección de un golpe ciudadano e indígena. La suspensión indefinida de los decretos legislativos cuestionados no las detuvo sino que las incrementó. La protesta podía crecer hasta el desborde incontrolable. Presionados por las circunstancias, García y Jehude han dado un pequeño golpe contra el congreso para evitar un golpe ciudadano contra el gobierno. Este el sentido político de las negociaciones de Jehude y del mensaje de García. Acosados por un movimiento que amenazaba desbordarse, García y Jehude han decidido negociar con los apus, desconocer la suspensión indefinida de los decretos legislativos y plantear más bien su derogatoria como venían exigiendo los movimientos contestarios y la oposición política.

Las fuerzas políticas en el Congreso no logran salir de su asombro y desconcierto y no saben aún qué hacer. Una vez explicitada la coalición de derecha (Apra, UN y fujimoristas), suspendidos los decretos cuestionados y sancionados los revoltosos del congreso, éste se disponía a hacer su acostumbrada siesta parlamentaria. Pero los acontecimientos lo sorprendieron y está tratando de entender la situación. Ahora pueden suceder en el congreso algunas movidas inesperadas: el acuerdo circunstancial entre el Apra y el PNP para derogar los decretos cuestionados y el despliegue de una oposición beligerante de Unidad Nacional y del fujimorismo. García y Jehude, por fin, han reconocido algunos errores, han dado marcha atrás y han retornado al punto de partida para hacer lo que debieron hacer desde el comienzo: dialogar, negociar y decidir. Eso es la política. Para los cavernícolas y autoritarios de toda laya la negociación es “bajada de pantalones”. Los más desubicados se sienten generales y estrategas de una guerra imaginaria y se masturban con sangrientas victorias fascistoides. Hasta Carl Schmitt se reiría de ellos por torpes. Ellos prefieren la imposición y la guerra. Los gobernantes despliegan la violencia cuando creen que gobiernan cosas y no personas. Ahora (¿hasta cuando?), en cambio, se ha impuesto un gobierno de personas. Podemos hablar, por eso mismo, del golpe que no fue gracias a que los gobernantes (García y Jehude) han vuelto a la sensatez política.

Una vez que las aguas vuelvan a su nivel, habrá llegado la hora de sincerar la política. ¿Qué significa eso?. Cambio de estilo de gobierno, explicitación clara de una política de reconocimiento (identidad, autonomía de los territorios ocupados, formas propias de representación) y de desarrollo para la amazonía, reconocimiento de errores que es necesario pagar (cambio de gabinete por responsabilidad política y penal de algunos ministros), sanción de los crímenes cometidos en el tratamiento del conflicto y gobierno transparente y dialogante. Una forma de sincerar la política consiste en traducir las correlacione sociales y étnicas en correlaciones políticas. Eso significa la emergencia probable de nuevos liderazgos políticos o el fortalecimiento de algunos ya existentes. Los acontecimientos de junio marcan, sin duda, un antes y un después en el gobierno de García. Es de esperar que haya más ruptura que continuidad con el estilo de gobierno del pasado.

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Sinesio López Jiménez

Con frecuencia, en los análisis de coyuntura, el árbol no deja ver el bosque. El acontecimiento inmediato llena nuestras pupilas y nos impide ver en perspectiva y en profundidad a los actores, los procesos y las estructuras que contribuyen a producirlo. Es lo que está sucediendo con los acontecimientos de Bagua. La intensidad del conflicto, el fracaso de las negociaciones, el enfrentamiento sangriento, los muertos, los heridos, los desaparecidos, el señalamiento de los responsables avasallan nuestra mirada y nos obligan a concentrarla en ellos. En el ínterin se escapan los problemas de fondo que están detrás de los acontecimientos. Y sobre todo se escabullen los peces gordos mientras algunos periodistas y analistas se entretienen en la pesca de mojarritas. Lo efímero trata de ocultar las estructuras y la historia.

García está en el origen, en el proceso y en el desenlace de los acontecimientos luctuosos. Todo comenzó con sus artículos sobre el perro del hortelano en los que anunciaba la venta de los recursos naturales de la selva a las transnacionales. Vino luego la delegación de facultades para que el Ejecutivo legislara sobre los asuntos vinculados a la viabilidad del TLC con Estados Unidos. García aprovechó la ocasión para elaborar los Decretos Legislativos que ahora son motivo de controversia y de confrontación. Se produjo entonces un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo apoyándose en el sigilo cómplice de los grandes estudios de abogados y eludiendo el debate público que requiere toda propuesta legislativa. Este procedimiento se inscribe, desde luego, en la forma de decisión y de gestión del modelo neoliberal en el Perú y en América Latina para que este pueda instaurarse y funcionar: Decisión en la cúspide (presidente, ministro de economía y finanzas y alta burocracia), manejo oculto de las decisiones (decretos de urgencia), hiperactivismo legislativo del ejecutivo por delegación de facultades, aplicación autoritaria de las decisiones (alegando el principio de “autoridad”). Se trata de evadir la presión social, el escrutinio público y la accountability (rendición de cuentas). Estos procedimientos antidemocráticos se agravan cuando se tiene como presidentes a caudillos (como García) que quieren decidirlo todo porque creen saberlo todo.

La instauración y el funcionamiento del modelo neoliberal requieren, además, una sociedad del silencio (o silenciada) y desmovilizada tal como sucedió en la época de Fujimori debido a la presencia nefasta del terrorismo. Este ya no es caso. La cosa cambió desde el Arequipazo que impidió las privatizaciones impuestas a como dé lugar y que obligó a cambiarlas por las concesiones. Y para desgracia de García y los neoliberales no sólo ha cambiado el aire que respiran (el contexto sociopolítico) sino también el piso mismo en el que se mueven (el modelo neoliberal que se ha hundido debido a la crisis mundial del capitalismo). Estamos en una situación radicalmente distinta a los tiempos en que los búfalos pisaban fuerte, los perros del hortelano ladraban menos y García promulgaba, triunfante, sus decretos legislativos. García y sus socios insisten, sin embargo, en salvar lo insalvable y están dispuestos a desplegar el odio y la violencia desde el estado acompañando el deseo de los cavernícolas y los fascistas de todo pelaje. Ellos creen que los nativos amazónicos son sus enemigos y una especie de puestos de avanzada de una conspiración internacional que los digita. Están delirando. Sería bueno que se serenen un poco si quieren gobernar con un nivel mínimo de racionalidad y de respeto a los ciudadanos.

Los decretos cuestionados revelan, además, que García cree que gobierna una sociedad multicultural a la que hay que civilizar homogeneizándola. Gobernar es civilizar y civilizar es homogeneizar. Esa parece ser la política de García. Mismo conquistador del siglo XVI. Para desgracia de García y sus socios, las cosas no son así. El Perú es un país multicultural complejo en el que coexisten dos situaciones étnicamente diferentes: la multieltnicidad y la multinacionalidad. La primera, que articula grupos culturalmente diferentes (criollos, mestizos, cholos, quechuas y aymaras, etc.) y que tiene linderos imprecisos y movedizos, está presente casi en todo el territorio. Su demanda central es una mejor integración económica, social y política. La segunda, que articula etnias diferentes con linderos e identidades precisas, está ubicada en la selva amazónica. Su demanda central es el establecimiento de una política de reconocimiento de su identidad, de autonomía del territorio que ocupan y de formas de representación propias. Es lo que se llama ahora una ciudadanía diferenciada.

Las formas de desarrollo y de modernización de la Amazonía tienen que estar de acuerdo con esa política de reconocimiento. Las etnias de la selva no quieren la barbarie como piensa García. Ellas buscan la modernidad con respeto a su identidad y a su autonomía. Eso pasa por la derrota de García que es justamente lo que ha sucedido con la suspensión indefinida de los controvertidos decretos legislativos. Las derrotas enseñan. Ojalá García aprenda la lección.

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Sinesio López Jiménez

Cuando las cosas no se resuelven bien (en forma justa y a tiempo) se enredan irremediablemente y terminan mal. Es el caso de Panamericana TV. Este problema debió resolverlo el gobierno de Toledo desde el primer momento rescindiendo el contrato con los propietarios corruptos de los canales que vendieron la línea editorial a Montesinos en la salitas del SIN y convocando a una nueva licitación de la licencia de las señales de TV. Esa era la salida correcta y justa que algunos sectores políticos plantearon en su momento. Pero los temores y las vacilaciones del gobierno y los intereses y presiones empresariales enredaron el problema. Genaro Delgado fue nombrado administrador judicial y se ha mantenido como tal durante seis años a punta de medidas cautelares y gracias a la corrupción del poder judicial que llegó hasta los límites del escándalo en el manejo de este problema. El Presidente del Poder Judicial exhortó a los jueces a pronunciarse con celeridad sobre la contienda y, en la práctica, a devolverle el canal al propietario corrupto o a su familia a la que Schutz ha transferido la propiedad del canal para evadir la justicia.

Esta parece ser la lógica inexorable de la justicia en el Perú. Moverse en el fango de la corrupción. ¿Tiene el poder judicial una forma del salir del atolladero inmundo en el que se mueve?¿Es posible desconocer la transferencia de la propiedad de Panamericana TV como una transferencia ilícita? ¿Puede nombrar un verdadero administrador judicial supervisado por Indecopi?. ¿Por qué los jueces tienen que decidir encadenados a la lógica de la corrupción?. Los jueces tienen aquí una brillante oportunidad para hacer verdadera justicia y para recuperar su deteriorada imagen. Que se miren en el espejo de los jueces de Fujimori. Cuando era inminente la devolución del canal a los Schutz, Genaro Delgado buscó a García para bloquear la decisión judicial. De la reunión entre García y Delgado salió la propuesta de la intervención de la SUNAT y la extraña fórmula de un administrador tributario para gestionar la empresa y de un comité consultivo que lo apoyara.

¿Qué buscaba García con la decisión gubernamental de intervenir la empresa a través de la SUNAT?. Al parecer, con esa decisión García buscaba matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, bloquear el acceso de los Schutz al canal con la finalidad de evitar las críticas de la oposición que, de no intervenir, lo hubiera acusado de connivencias con el fujimorismo corrupto. En segundo lugar, poner al canal a su servicio y al del gobierno, en un primer momento, para entregarlo luego a manos amigas. García ha justificado, sin embargo, la extraña medida por el deseo de la SUNAT de cobrar una abultada deuda tributaria (117 millones de soles). ¿Querían realmente García y la SUNAT cobrar lo adeudado?. Mi hipótesis sostiene que ese no era el objetivo y que, en todo caso, no era el objetivo fundamental. Han tenido tres años para cobrar lo adeudado y no lo han hecho. Del mismo modo como no cobran las abultadas deudas de otros medios (diarios y estaciones de TV) con la finalidad de modular la línea editorial de esos medios. Trueque de no cobro de la deuda tributaria con apoyo de la línea editorial. Sostengo, por esta razón, que el objetivo central de García era hacerse de Panamericana TV bloqueando la decisión judicial y el retorno de los Schutz.

García hubiera salido con la suya de no haber mediado una lluvia torrencial de críticas provenientes de diversos sectores mediáticos, políticos y ciudadanos. Esas críticas quebraron la voluntad del administrador tributario y del comité consultivo que se vieron obligados a renunciar. ¿Por qué la intervención gubernamental de Panamericana TV suscitó un rechazo unánime con la sola excepción del Apra?. Las motivaciones son diversas. Algunas críticas nacieron de la valentía y la honestidad de algunos destacados periodistas con mucho prestigio que protestaron contra la arbitrariedad y autoritarismo de García. Otras provinieron de los medios con techo de vidrio (debido a sus enormes deudas con la SUNAT) que se miraron en el espejo del canal intervenido. Y finalmente la crítica masiva de los políticos de la oposición y de algunos aliados del gobierno que vieron en la medida gubernamental la ambición desbocada de García para fortalecer su poder y prepararse para la próxima campaña electoral.

La derrota de García está llena de lecciones. Una primera es que García es derrotable cuando comete arbitrariedades. Otra lección (que aparece muy clara) es el uso político que hace García de la SUNAT. Esta es una herramienta para perseguir a los opositores y favorecer a los que respaldan al gobierno. La SUNAT acosa y embarga a los críticos del gobierno pero es una mansa paloma con los medios deudores que lo apoyan. Finalmente, la derrota de García muestra la fuerza política de la crítica pública, abierta y masiva. Es de esperar que García haya aprendido también la lección.

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