Sinesio López Jiménez
No bastan los parches. Se necesita una reforma global. El parche tiene sentido si se inscribe en una reforma de todo el sistema electoral. Esa reforma global es una tarea compleja que puede ser desarrollada por un conjunto de especialistas en el tema. Estos, por desgracia, no están en el Parlamento actual sino en la academia y en la consultoría política. Ciertamente el Parlamento tiene que discutirla y aprobarla, pero la propuesta debe provenir de los especialistas. Lo que el Parlamento puede hacer es convocarlos para que formen una comisión de reforma electoral. Vistas las cosas en toda su complejidad, el Parlamento, en realidad, debiera convocar a otras comisiones de reforma institucional: la del sistema de partidos y la de forma de gobierno. Estas tres reformas coherentemente articuladas constituyen la gran reforma del sistema institucional cuyo objetivo fundamental es incrementar el desempeño de la democracia y mejorar su calidad. Es cierto que estos objetivos no se logran sólo con un coherente y eficiente diseño institucional. Hay otros factores que contribuyen decisivamente al logro de esos objetivos. Sin actores consolidados e institucionalizados -ciudadanos, sociedad civil, partidos- y sin condiciones precisas y acotadas –desarrollo económico, estado consolidado, reducida desigualdad y adecuado manejo de la multiculturalidad- es difícil, si no imposible, construir una democracia eficiente y de calidad.
En última instancia, la democracia es el resultado político de la correlación de fuerzas entre las clases sociales como bien lo han demostrado, entre otros, Rueschemeyer, Evelyne Huber y Stephens en su libro Capitalist Development & Democracy (University of Chicago Press, Chicago, 1992). La democratización representa primero y antes que nada un incremento de la igualdad política. Son las relaciones de poder entre las clases sociales las que determinan si la democracia puede emerger, estabilizarse y mantenerse aún en condiciones adversas. Al decisivo factor clasista hay que añadir otros dos factores importantes: La estructura, la fuerza y el grado de autonomía del Estado y sus relaciones con la sociedad civil y el impacto de las relaciones de poder transnacional sobre los dos factores anteriores. Los hallazgos principales de la investigación de política comparada entre países centrales, AL y América Central y el Caribe de Rueschemeyer y otros son aleccionadores y deben ser tenidos en cuenta en cualquier reforma institucional: Las clases trabajadores apuestan más a la inclusión (democracia) pero menos a la constitución (libertad). Las clases altas rurales son las más consistentemente antidemocráticas. Las burguesías son más partidarias de la constitución que de la inclusión de las clases populares. Las clases medias tienen un comportamiento ambiguo tanto en lo que respecta a la inclusión como frente a la constitución y a la competencia. Los campesinos y los trabajadores rurales juegan roles variados dependiendo de su organización autónoma y de su influencia sobre las clases altas. Otro hallazgo importante es el siguiente: Mientras más autónomo es el Estado frente a las desigualdades de la economía y a las discriminaciones de la cultura y la sociedad más es un espacio de igualdad política en el que valen por igual los votos de los ricos y los de los pobres.
¿Cuál de las reformas institucionales –del sistema electoral, del sistema de partidos, de la forma de gobierno- es la más importante o todas tienen la misma importancia? Mi hipótesis es que debiera tener prioridad la reforma de la forma de gobierno porque ella es el eje que, en gran medida, articula a la reforma electoral y a la reforma de partidos. La forma como se organiza el poder del Estado, el nivel de apertura estatal, la dependencia o autonomía entre los poderes ejecutivo y legislativo, los poderes legislativos (veto, decreto-ley, iniciativa legislativa, etc.) y los poderes no legislativos (formación y despido del gabinete, disolución de la Asamblea legislativa, etc) del presidente, todos ellos son elementos que inciden generalmente en el sistema electoral. Este comprende los siguientes componentes: La distribución de las circunscripciones electorales (tipo, tamaño, distribución, umbral), las candidaturas (unipersonal y lista –cerrada y bloqueada, cerrada y no bloqueada, abierta-), la votación (voto único, voto preferencial, voto múltiple, etc, etc) y la conversión de los votos en escaños (hay diversos procedimientos).
La reforma parcial y limitada del voto preferencial para superar las distorsiones que genera (ruptura de la disciplina partidaria, patrimonialismo electoral, etc.) tiene sentido si se le reemplaza por una norma mejor que garantice la democratización de los partidos y si ella hace parte de la reforma del conjunto del sistema electoral. Esa norma mejor es la elección primaria abierta y obligatoria para todos los partidos, organizada por la ONPE en una sola fecha, con la finalidad de acabar con los caudillismos y las jefaturas patrimoniales de los partidos. Una solución mediatizada, como ha dicho Henry Pease, puede ser peor que la enfermedad que quiere curar. En esas primarias hay que mantener el voto preferencial porque, en el caso peruano, su ejercicio eleva la cuota de género.