Sinesio López Jiménez

Actúa sin consultar, se equivoca, no reconoce su error y es obligado a retroceder. Esta forma de acción política es ya una fórmula del gobierno de García. En el caso de los sueldos de los ministros y altos funcionarios, García cometió un doble error: el primero en el momento del establecimiento de la política de “austeridad” y el segundo, ahora cuando ha intentado corregir el primero. Desde una perspectiva racional, una persona corrige su error si el costo de su corrección es menor que el de su mantenimiento. Este no ha sido el caso. La forma de corrección cuenta, especialmente en la política democrática. ¿Qué costaba a García reconocer su error de primera hora, explicarlo y justificar ante la opinión pública por qué es necesario corregirlo?. Nada. Al contrario, su imagen mejoraba. ¿Qué le impide a García reconocer su error ante la opinión pública? La vanidad que, al decir de Max Weber, es el peor defecto de los políticos porque los induce a la irresponsabilidad. La vanidad les hace creer que son superiores a los ciudadanos a los que hay que dar, no razones, sino órdenes.

Uno de los problemas apremiantes de García, al inicio de su gobierno, era como diferenciarse de Toledo. La segunda vuelta lo obligaba más a la continuidad que a la ruptura. A contracorriente de sus propuestas de la primera vuelta electoral, los votos de la derecha en la segunda (vuelta) y su propia involución política le señalaban el camino del continuismo en los temas centrales de la política: el modelo económico, el régimen democrático, la descentralización, las relaciones internacionales. García necesitaba, sin embargo, dar ciertas señales de renovación para las galerías con respecto al desprestigiado y agotado gobierno toledista. Necesitaba reemplazar la imagen del dispendio, de la impuntualidad, de la juerga y del caos atribuida a Toledo por la de un gobierno austero, puntual, formal y ordenado. En realidad, se trataba de una diferencia en las formas más que en los contenidos. Una de las medidas más celebradas por los medios fue la reducción de los sueldos del presidente de la República, de los ministros, de los parlamentarios y de los altos funcionarios públicos.

Además de diferenciarse de Toledo, esa medida tenía otros sentidos y buscaba otros objetivos: limpiar la imagen del primer gobierno aprista en el que se asaltó el fisco sin medida ni clemencia, asumir una postura republicana austera, moderada y defensora del bien común, difundir la idea de que el estado tenía recursos más que suficientes y que no era necesario, por consiguiente, gravar con más impuestos a los ricos sino impedir que los políticos y los funcionarios públicos los dilapiden. García es un político avisado y perspicaz. Por eso me resulta difícil pensar que no tuvo en cuenta las consecuencias de esa medida de austeridad. Supongamos, sin embargo, que al mejor cazador se le escapa la paloma. Eso significa entonces que García no se comportó políticamente ateniéndose a lo que Max Weber llamó la ética de la responsabilidad. Tampoco siguió la ética de la convicción: Un neoliberal (genuino o converso) no puede cultivar sinceramente una política republicana. Es una contradicción de principios. Sólo los geniales federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) lograron que el liberalismo (el interés individual) y el republicanismo (el bien común) pudieran coexistir a través de ingeniosos e imaginativos diseños institucionales. Ese no es el caso de García.

¿Qué consecuencias implicaba la política “austera” de García?. Una primera consecuencia fue la fuga de los funcionarios públicos más calificados, lo que trajo, a su vez, el funcionamiento ineficaz y mediocre de las instituciones estatales. El fracaso del publicitado shock de inversiones tiene que ver con la aplicación de esa medida “austera”. Una segunda consecuencia es la disminución de la autonomía del Estado que, como lo han demostrado sociólogos y politólogos (Theda Skócpol, Alfred Stepan, etc), se basa, en gran medida, en la capacidad y en la calificación de los funcionarios estatales. Sólo una élite estatal calificada puede contrarrestar la ambición de las élites privadas y de los poderes internacionales. Estos son los casos de Brasil y Chile en América Latina. Una tercera consecuencia ha sido la corrupción solapada de los funcionarios públicos. Como han dicho abierta y exageradamente algunos ministros, con los sueldos actuales que perciben ellos no pueden parar la olla. En esas condiciones, los políticos y los funcionarios sin escrúpulos, que los hay y en abundancia, buscan cubrir sus déficit (y mucho más) apelando a la corrupción. Los petroaudios, como se ha dicho, son la punta del iceberg. Toda la política del gobierno, especialmente las privatizaciones, las concesiones, los óbolos y las exoneraciones tributarias, hay que ponerla bajo la lupa del control y de la fiscalización. Especial atención hay que prestar a las ventas de los bienes públicos sin razón alguna que lo justifique y en algunos casos contra toda razón, como es el caso del Ministerio de Educación. Nadie vende su casa sino ha comprado otra en donde vivir. Esa venta es irracional, aberrante y se presta a toda suspicacia.