Sinesio López Jiménez
Como todo fenómeno complejo, la corrupción política no tiene una sola causa. Los factores que la explican son múltiples. La cultura política predominante de los países, su grado de desarrollo y de modernización, el tipo de régimen político son algunos de los factores que he señalado en los dos artículos anteriores. En este propongo un nuevo factor: el modelo de desarrollo. Cada modelo económico implica una forma de relación entre lo público y lo privado, entre la economía y la política, una coalición específica que articula ambas dimensiones, una forma propia de gerencia, gestión y aplicación de decisiones y políticas. Es probable que algunas de las múltiples formas de corrupción política (soborno, extorsión, arreglos, alteraciones fraudulentas del mercado, malversaciones y fraudes, especulación financiera con fondos públicos, parcialidad, colusión privada, uso de información privilegiada, etc. etc.) se produzcan en todos los modelos de desarrollo de América Latina (oligárquico, populista y neoliberal) y otras sean propias de cada uno de ellos. El actual modelo neoliberal en crisis, por ejemplo, ha traído consigo formas específicas de corrupción que provienen de los programas económicos que promueve (la estabilización para acabar con el déficit fiscal y con la hiperinflación y las reformas estructurales para destronar al estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) y de las políticas aplicadas con ese fin (las medidas de shock, la apertura de la economía protegida al mercado internacional, la desregulaciones de todos los mercados, las privatizaciones y las concesiones).

Una investigación de política comparada sobre la corrupción política en AL traería probablemente grandes sorpresas e interesantes revelaciones. Hasta el momento lo más conocido y escandaloso es la corrupción política producida en el campo de las privatizaciones de las empresas públicas, en el de las concesiones y en el de las adquisiciones del Estado, especialmente en la compra de armamento. En realidad, los programas y políticas neoliberales no tendrían porque producir por sí mismos corrupción política. Ellos constituyen su condición necesaria pero no condición suficiente. Ella se ha producido y se produce por la forma en la que el modelo neoliberal se gerencia, gestiona y aplica. Dicha forma evade, debilita o neutraliza la accountability o rendición de cuentas. Al respecto, hay un recetario aplicado en toda América Latina. En primer lugar, las decisiones a través de las cuales se aplica el modelo se concentran en la cúspide del poder (Presidente de la República, ministro de economía, alta tecno-burocracia, poderes fácticos) con la finalidad de evadir el escrutinio público y la presión social. Se cree fundadamente que si los medios y los ciudadanos se enteran, esas políticas generarían grandes resistencias y no se podrían aplicar. Eso constituye una confesión implícita de que no se gobierna para la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar, la cúspide del poder ejecutivo despliega un hiperactivismo legislativo en desmedro del poder, del prestigio y del control del parlamento. Este termina devaluado ante los ciudadanos y la opinión pública. En tercer lugar, esa cúpula actúa con sorpresa, alevosía y ventaja: ella toma decisiones sin informar a nadie previamente para evitar los cuestionamientos y las resistencias. El medio más socorrido en este caso ha sido y es la dación de los decretos de urgencia. Sobre ellos el parlamento tiene muy poca capacidad de control. En cuarto lugar, el ejecutivo aplica las políticas públicas en forma autoritaria si hubiera alguna resistencia de los ciudadanos.

Como si todo esto fuera poco, el poder ejecutivo despliega una ofensiva contra las diversas formas de accountability (horizontal, vertical y social), incrementando las tasas de corrupción. En el Perú de Fujimori, esa política es muy conocida. En el de García, las cosas no son tan diferentes. El copamiento de las instituciones de control horizontal (poder judicial, TC, CNM, Contraloría), la creación de controles paralelos (ONA), la disolución del control social de la esfera pública y la sociedad civil con leyes o proyectos que pretenden eliminarlas apelando a pretextos ridículos, tienen como objetivo evadir la rendición de cuentas. Si el gobierno realmente quiere combatir la corrupción tiene que reforzar y respetar la autonomía de todos los organismos de control en las diversas instancias. Una medida fundamental es la no prescripción de los delitos de corrupción. De esa manera se acabaría con los sueños (o pesadillas para los ciudadanos) de las reelecciones.

En realidad, el modelo neoliberal en sus diversas etapas y fases se aplica autoritariamente en AL y busca evadir la rendición de cuentas, llevándose de encuentro muchas formalidades y procedimientos democráticos. La mayoría de los neoliberales cree que existe una incompatibilidad entre la reforma económica y la consolidación de la democracia y optan por la primera en desmedro de la segunda. Son liberales en el campo de la economía y autoritarios en el de la política. Son liberistas, de acuerdo a la calificación de Sartori.